Otra vez la prisión preventiva

Nadie piensa en ir a la cárcel. Ni siquiera quienes cometen un delito lo consideran

Carlos Murillo
Abogado
domingo, 10 febrero 2019 | 06:00

Nadie piensa en ir a la cárcel. Ni siquiera quienes cometen un delito lo consideran. Cuando alguien decide tomar un riesgo, se guía por la estadística y, en México, los números no fallan, uno de cada mil delitos se castigan. Eso se llama impunidad. No es una ruleta rusa en un revólver, es un boleto de una rifa que es –muy– poco probable sacarse. 

Viéndolo así, quien llega hasta la cárcel es por mala suerte. Miles de personas cometen delitos y nunca son investigados. Pero alguien la tiene que pagar, porque las penitenciarias no pueden estar solas, no estamos en Suecia.

Así es el sistema judicial, funciona con reglas de hace 200 años y bajo la lógica del Estado moderno que encierra a las personas más vulnerables, corrige a los desadaptados. 

Empero, quien tiene algo de poder no llega a una celda, a menos que tenga enemigos con más poder. Paradójicamente, la ley del Estado también es la ley de la selva.

No se le pueden exigir peras a un olmo. En México, cada que comienza un sexenio a alguien se le ocurre la brillosa idea de aumentar las penas como política criminal, argumentan que con esto disminuirá la tasa delictiva. Está comprobado con datos y estadísticas que esta es la peor idea.

Los grandes penalistas mexicanos desde hace más de 70 años lo dicen, el derecho penal no tiene relación con la violencia en las calles. Meter a gente a la cárcel no previene ni inhibe el delito, no lo detiene.

¿Entonces qué debemos hacer? Por un lado, la impunidad de los delitos genera desconfianza en el sistema judicial en la sociedad y, por otro lado, el castigo no contiene la violencia.

El problema es complejo. No se puede reducir a una sola respuesta y, mucho menos, a una respuesta simple. De nueva cuenta, hoy el debate se concentra en la prisión preventiva en el Congreso.

México tiene señalamiento de la ONU porque la prisión preventiva se ha convertido en una respuesta automática en la práctica, cuando se trata de ciertos delitos considerados graves.

En Ciudad Juárez, según datos estadísticos del Tribunal Superior de Justicia, en 2018 llegaron a la audiencia de vinculación a proceso a 3 mil 79 personas en el Distrito Judicial Bravos, de las cuales 2 mil 657 se vincularon a proceso, que representa un 86 por ciento; el resto no se vinculó a proceso.

Además, esto significa un promedio de 7.2 personas vinculadas a proceso al día. Es complicado darle seguimiento a esta cifra con las estadísticas, puesto que algunas concluyen el procedimiento en pocas semanas con la reparación del daño y otras continúan con prisión preventiva mientras el Ministerio Público integra pruebas a la carpeta de investigación.

Sin embargo, durante el mismo año 2018, hubo 3 mil 227 suspensiones del procedimiento, que son salidas alternas al juicio y se identifican como suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, la reparación del daño y la sustitución de la pena.

El milagro viene ahora. El año pasado únicamente llegaron a sentencia 303 casos (la mayoría venía tramitándose desde hace más de dos años), de los cuales casi una tercera parte fue absuelta. 

Aparentemente, esto demuestra un éxito del sistema penal (si comparamos estos números); es lógico deducir que los operadores jurídicos lograron que el sistema redujera la carga de trabajo de los tribunales a través de todas las vías alternas que tiene previstas.

Cada vez que escarbamos, la cifra se reduce. No hay datos suficientes para hacer la ecuación, pero haciendo una operación conservadora, los sentenciados a cárcel podrían a representar menos del uno por ciento real en relación con las denuncias y 10 veces menos en relación con los delitos que se cometen y nunca se denuncian.

El sistema judicial funciona, el problema es ¿para quién funciona? Con estas cifras, se muestra una forma de justicia selectiva, únicamente quienes tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad llegan ante el juez.

Nueve de cada 10 personas que son vinculadas a proceso logran la suspensión del proceso, muchos acceden a la libertad y, en algunos casos, si la pena es grave se quedan en la cárcel, pero con una reducción de la tercera parte del castigo.

En México la mayor parte de los juicios abreviados se logra después de largos períodos de prisión preventiva, que sirven para presionar a los procesados para que declaren su participación en los hechos (en otras palabras, que se declaren culpables).

Esto, además de ser violatorio al debido proceso legal, es una evidente violación a los Derechos Humanos, porque elimina la presunción de inocencia. Además, el sistema de justicia penal al parecer solamente quiere hacer presencia, ya que las agencias de persecución del delito siguen saturadas de trabajo, lo mismo pasa con las cárceles que permanentemente están en sobrepoblación.

¿Hacer más efectivo el sistema? Tal vez en el discurso político suene plausible, pero en la realidad, tener más denuncias y más carpetas de investigación colapsaría el sistema con un incremento, como ya ha sucedido en Ciudad Juárez. 

A pesar de este diagnóstico, el nuevo régimen está a punto de cometer los mismos errores del pasado, buscando en la política criminal y el derecho penal el antídoto contra la violencia, cuando todos los expertos coinciden que la respuesta no está en las leyes, sino en las calles, en las colonias y en el rescate de nuestros niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

La violencia no se acaba por decreto. De hecho, nada cambia por decreto. Es necesario voltear a ver a la prevención y no a la penalización. El sistema penal requiere de un replanteamiento total, pero eso llevará más de un sexenio. 

Por ahora es en las colonias, en las comunidades y en las familias donde está la respuesta. No en la corrección de las cárceles y en la violencia simbólica de los tribunales, donde las víctimas y los victimarios se confunden con frecuencia.