Opinión

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Otra tuerca floja en asesinato de capitán

Los reportes oficiales por supuesto no brindan detalles del violento hecho ocurrido en aquella zona en permanentes llamas desde hace más de cinco años

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 15 septiembre 2021 | 06:00

• Otra tuerca floja en asesinato de capitán

• Apenas se garantizó esta quincena

• Ven riesgo en alza de Impuesto a la Nómina

• Planchan a morenos para Fiscalía

Ahora la tuerca nuevamente se ha aflojado en el corazón del noroeste, en Nuevo Casas Grandes. Un capitán ministerial del Ejército cayó víctima de dos balazos.

Muy extraño el suceso. Hablaron las autoridades estatales de un enfrentamiento entre varios militares contra supuestos miembros del crimen organizado.

Los reportes oficiales por supuesto no brindan detalles del violento hecho ocurrido en aquella zona en permanentes llamas desde hace más de cinco años. Hablan solo de que fue a las 2:25 de la mañana del 13 de septiembre en céntricas calles de aquella ciudad, que hubo un par de detenidos y decomisadas varias armas de las que llaman de grueso calibre.

Hubo agresión, sin duda, ahora el capitán Andrés A. C. está muerto, pero queda en duda que haya existido un enfrentamiento como tal y que la única baja haya sido del Ejército.

El capitán era acompañado solo por tres militares  que supuestamente se encontraban llevando a cabo “labores de inteligencia” casi a las tres de la mañana en una ciudad, que repetimos, es mantenida bajo suficiente control delictivo desde hace varios años.

Tras el “enfrentamiento” llegaron al lugar un par de decenas más de militares e integrantes de varias corporaciones policiacas. Junto con ellos también arribaron los tripulantes de una camioneta Hummer con “dos civiles” armados que fueron detenidos, Ramiro R. G. y Emmanuel X.

Debemos presumir que el capitán fallecido, de 50 años de edad, y los tres elementos que lo acompañaban, conocían bien la zona y extraordinariamente se hubieran aventurado a “patrullar”, o “investigar”, casi a las tres de la mañana sin el refuerzo de un grupo militar considerablemente más grande.

Tampoco pudo tratarse de una incursión extraordinaria en aquella zona. Desde siempre ha habido presencia militar tanto del Ejército como ahora de la Guardia Nacional. Poquitos, pero también hay policías estatales y ministeriales.

Es muy poco creíble esa versión de las “labores de inteligencia” y es muy extraña la escasa información que habla únicamente de dos detenidos que llegaron después del “enfrentamiento” y ni siquiera un lesionado del bando delictivo a pesar que fueron disparados al menos 28 tiros, según los casquillos levantados.

Hace falta mayor explicación oficial sobre lo realmente ocurrido esa madrugada del 13 de septiembre allá. La región forma parte de un corredor que inicia nada menos en Ciudad Juárez, donde tienen base tanto fuerzas castrenses como policiacas.

La Fiscalía General de Justicia difundió un comunicado general sobre los hechos, pero nada la Sedena.

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Más de 650 millones de pesos comenzaron a dispersarse ayer a las cuentas de nómina de miles de empleados estatales, cuya quincena estaba en riesgo en este arranque de la gestión de Maru Campos.

El crédito por 800 millones de pesos que anunció a fines de la semana pasada el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, apenas alcanzó para eso; esa cantidad es lo que se paga de nómina mensual, pero en noviembre y diciembre el gasto se dispara por las prestaciones de fin de año.

Además se esfumaron más de 100 millones en pagar una obligación no cubierta por la gestión anterior de Javier Corral con Bansi y el depósito de pensiones y jubilaciones, correspondientes a burócratas en retiro.

Por eso entre el lunes y ayer que comenzaron a fluir los recursos, los mandos medios de la Secretaría de Hacienda andaban volando con los movimientos y depósitos para garantizar los pagos que deben verse reflejados hoy en las tarjetas individuales.

El respiro que le dio Banorte a la entidad parece una señal de confianza hacia la administración estatal, que prácticamente quebrada recibió Campos Galván.

Sin embargo, el crédito pagadero a 12 meses, el primero de corto plazo del nuevo gobierno, apenas salva una quincena.

Esa es la verdadera dimensión de una cifra que resulta pequeña, casi insignificante, a la luz de la deuda total estatal de 75 mil millones de pesos heredada del corralismo.

El mayor problema para esas cantidades que mensualmente deben salir de la tesorería estatal no es la confianza que reflejan las instituciones financieras, sino que no se puede vivir de tarjetazos todo el año. Ni siquiera los siguientes meses que le restan a 2021.

Por eso Granillo Vázquez debe apurar las soluciones creativas de los siguientes meses, a la vez que cuadra los números del presupuesto federal con el paquete de gasto que habrá de proponer al Congreso del Estado dentro de unas semanas.

Por ahora se sigue viendo imposible una solución de fondo.

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Mientras el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, que encabeza Francisco Santini Ramos, ofreció su apoyo para elevar de forma provisional el aumento al Impuesto Sobre Nómina, en el círculo de la iniciativa privada en Juárez la propuesta se tomó con reservas.

Desde la capital y en apoyo a la gestión de Campos Galván, Santini propuso elevar de tres a cuatro por ciento la tasa impositiva como medida emergente, para luego disminuirla de forma gradual los siguientes años del sexenio.

Pero el CCE de Juárez, representado por Jesús Manuel Salayandía, no firmó el cheque en blanco. El empresariado está de acuerdo en apoyar de esa forma a la gestión estatal, siempre y cuando haya el compromiso de que al menos una parte sustancial del excedente fiscal se quede en la frontera.

Se entiende el compromiso de Santini en la capital del estado, donde la gobernadora fue alcaldesa durante cinco años y jamás regateó apoyo alguno a las propuestas del sector privado, que ha actuado de forma razonable ante la crisis histórica que se vive, política, financiera y de salud.

Pero en la frontera el riesgo de fuga de inversiones o cancelación de planes de expansión ante mayores cargas fiscales no es cualquier cosa. El principal empleador, la maquila, sería el mayor afectado hasta con medio puntito porcentual que se le imponga de más.

Por eso la reserva en la IP juarense. No es el regateo a apoyar con una sobretasa fiscal, sino el riesgo de desincentivar la inversión privada.

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Donde traen la papa caliente es en la oficina de representación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de la que se encarga Genaro Vázquez Soto, funcionario federal que acumula un montón de quejas tanto de interior como del exterior de la dependencia.

El problema que está generando mucho ruido es que inició con las entregas de apoyos de educación básica correspondientes a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, pero miles de beneficiarios tienen sus tarjetas vencidas, inutilizables.

El cambio de los plásticos es lo de menos para los que viven en los grandes centros urbanos. Pero más de 30 mil beneficiarios son de los municipios serranos y no podrán retirar sus apoyos aunque les sean depositados en tiempo.

A esos miles que viven en territorios alejados se les ha pedido que acudan al Banco de Bienestar más cercano, pero resulta que los más accesibles se encuentran en Parral, Juárez, Delicias y Chihuahua.

Trasladarse desde los últimos rincones de la entidad, que para colmo es la más grande de la república, representaría un gasto extra para los beneficiarios. En algunos casos sería un desembolso superior a la cantidad que van a recibir.

Por otra parte, se sabe que el coordinador nacional del programa de Becas Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, viene a Chihuahua y que estará con Vázquez Soto.

En este contexto de manejo logístico poco adecuado, a ver con qué cuentas sale Vázquez.

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El presidente del Congreso del Estado, Mario Vázquez, se aventó su primer semana vacacional en la Ciudad de México para llevar a cabo actividades estrictamente partidarias, según se ha dicho.

Cayeron dos pájaros de un tiro. Atendió allá actividades que nada tienen que ver con su función legislativa, pero sacó tiempo extra en el Congreso para alargar la ratificación de la secretaria de la Función Pública y del fiscal General de Justicia.

Hábilmente, su relevo por una semana en la presidencia del Congreso, el priista Omar Bazán, se negó a votar estos días las designaciones para no cargar con el costo respectivo, pero a Vázquez le dará tiempo para buscar la semana entrante la unanimidad.

Quiere el jefe del Congreso el voto completo de los diputados de Morena y pretende conseguirlos tras su regreso de la semana de relax en el altiplano.

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