Otra recaptura bajo tensión mayúscula

-Otra recaptura bajo tensión mayúscula

-Ni a “El Caballo” avisaron de nombramiento

-Le dieron a Andrea tarea para llevar

-El abogado del puente fronterizo

Nadita fácil ha sido para la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir la huella a los 30 reos fugados violentamente del Cereso estatal 3 durante las primeras horas del nuevo año 2023.

Ayer por la mañana fue detenido uno más en la ciudad de Durango, desde donde planeaban varios de ellos la reorganización del grupo “Los Mexicles”, tras la muerte de su líder Ernesto Piñón de la Cruz “El Neto”, y la detención de quien sonaba como sucesor, Braulio Raúl O. C.

Ahora cayó Miguel Ángel Delgado Camargo, alias “El Chino”, acusado por el homicidio de un supuesto distribuidor de mariguana en la zona de El Valle y por otros delitos de índole federal.

Delgado se sumó a los tres que fueron recapturados el domingo en Durango (dos quedaron muertos tras un enfrentamiento con los policías) y se suma también a los 20 recapturados y/o muertos.

Quedan 10 prófugos, dos considerados altamente peligrosos por violentos y por su amplia capacidad operativa. No eran del grupo cerrado de “El Neto”, pero sí tenían (o tienen) liderazgo y jerarquía importante.

Los agentes ministeriales han debido echar mano de toda la tecnología en materia de comunicaciones para conseguir los resultados obtenidos hasta ahora en solo un mes y días.

Usaron rastreadores y datos telefónicos aportados por el único detenido con vida en Durango para dar con el paradero de “El Chino”. Y la pista del periplo seguido hasta Durango fue aportada por seguimiento a teléfonos de los primeros detenidos.

Saben las corporaciones de seguridad, todas: ministeriales, policías estatales, militares y federales, que no pueden dar un minuto de descanso a los perseguidos porque hacerlo puede resultar fatal para la sociedad; y desde luego, para ellos mismos por su altísimo grado de agresividad.

Lo sufrieron al inicio de la persecución con dos ministeriales asesinados.

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Ni un mensajito para avisarle envió la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano al líder del partido en Chihuahua,  Francisco “Dandy” Sánchez Villegas, sobre el nombramiento de la juarense María Ávila Serna, expresidenta del Partido Verde, como nueva coordinadora de Vinculación Agropecuaria del partido naranja.

Tampoco, aseguran dentro de MC, fue consultado Alfredo “El Caballo” Lozoya, el exalcalde de Parral y excandidato a la gubernatura, que primero rentó y luego tomó como propias las siglas del partido que asegura ser, con convenientes interpretaciones de las cifras electorales, el de mayor crecimiento en la entidad.

La exdiputada local y federal que por años manejó al verde, sigue en litigio por la forma en que fue echada de su partido, tras la designación como candidata a la gubernatura en 2021 de Brenda Ríos Prieto, una expriista que resultó igual o más polémica que Ávila Serna.

Al final, el PVEM debió tomar decisiones drásticas desde la dirigencia nacional contra el grupo de Ávila y el de Ríos, que se enfrentaron a muerte por quedarse con los despojos del instituto político que hasta quedó sin registro local.  

No obstante, la juarense fue resucitada por Dante Delgado Rannauro, quien, como es sabido, recoge los escombros de los demás partidos, no nada más en Chihuahua, sino en todo el país.

La posición entregada a la exverde tampoco es de gran relevancia política, dado que se trata de una fundación dentro de Movimiento Ciudadano que pretende capturar o allegarse de organizaciones campesinas para convertirlas en militantes del partido.

No tiene funciones políticas como una dirigencia estatal y tampoco muchos recursos como para cumplir una meta ambiciosa de tener un sector agropecuario sólido que le reditúe votos al movimiento naranja, pero al menos es un membrete para rescatar la fuerza que pueda tener la exdiputada juarense.

Así, el mensaje interesante es para la dirigencia estatal de MC, entregada al “Caballo” a través de Sánchez, en medio de las especulaciones de relevos en la estructura del partido en Chihuahua.

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Fuera del glamour de su informe, la diputada morenista Andrea Chávez se llevó tarea de verdad por parte de los industriales juarenses, para rebotar en la Secretaría de Gobernación y subir hasta San Lázaro una propuesta largamente anhelada a nivel local.

Los comentarios del acto del fin de semana del que Chávez Treviño fue la estrella principal quedaron limitados a las interpretaciones políticas. Que si los grupos de Morena, que si es la consentida del secretario Adán Augusto López, que puede ser la candidata ideal Senado… en fin, todo se centró en las frivolidades casi faranduleras de la política.

Pero más allá de eso, la legisladora logró sentar al titular de Segob con varios empresarios de todos colores y diferentes niveles, para abrir un diálogo que vaya más allá de coyunturas.

Por eso, se llevó de encargo comenzar con el cabildeo de una esperada Ley de Proveeduría que impulse de verdad la búsqueda de insumos para la maquiladora en el plano local, dado que tras casi cinco décadas del modelo industrial, los grandes proveedores del sector exportador siguen estando fuera del país.

Apenas el dos por ciento de los insumos de la maquila exportadora son aportados por las empresas mexicanas, mientras que el 98 por ciento es importado. No son chicles o cacahuates, es un mercado con valor de dos billones de dólares, al que los empresarios nacionales no le pueden rascar mucho.

Tanto la legisladora como el secretario de Gobernación mostraron interés en estudiar y conocer el tema. Por eso, la tarea de Chávez Treviño fue darle forma e impulso a una norma que sí hace falta para el desarrollo económico interno.  

A ver si logra posicionar algo valioso en la agenda legislativa, más allá de las discusiones eternas entre defensores de la 4T y “los conservadores”, perdidos en leyes y reformas que no le interesan a nadie más que a la clase política.

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A mediados del año pasado, la administración y la dirección jurídica del Fideicomiso de Puentes Fronterizos autorizaron un contrato por 66 mil pesos, para la prestación de servicios jurídicos al litigante Víctor Méndez, quien ya había colaborado en anterior momento con la misma institución cuando estuvo a cargo de Gustavo Elizondo.

En aquel entonces supimos del abogado porque interpuso una denuncia penal por el robo de cerca de 400 mil pesos, sustraídos de una de las cajas donde depositan todos los días el dinero proveniente del cobro en el puente, carpeta que “nadie sabe” quedó, porque fue tema olvidado, a pesar del escándalo armado por la forma en que ocurrieron los hechos.

La cuestión es que tendría qué entrarse a revisar cómo es que en un organismo gubernamental que cuenta con un área jurídica, suponemos con suficiente personal, hay debilidad por la contratación de abogados externos.

No es mucho el monto, era por seis meses, a razón de poco más de diez mil mensuales, sino el manejo administrativo que pareciera poco eficiente, sobre todo al momento de defender los intereses del organismo, en este caso un fideicomiso, que en todo caso debieran ser los mismos abogados adscritos al área correspondiente.

Irónicamente, la excepción a la licitación pública, mediante un supuesto estudio de mercado con otras dos propuestas, es firmada por el mismo director jurídico Luis Alfonso Mayorga Pérez, quien, junto con sus subordinados, han de tener mucho trabajo como para pedir la contratación del litigante externo.

No logramos conseguir el contrato, ni los informes de trabajo del prestador del servicio, pero si tenemos la adjudicación directa junto con el estudio de mercado, con las propuestas de Sotelo Abogados y Lex Plus.