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Opinión
sábado, 06 marzo 2021 | 06:00
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Ciudad de México.- Es falso que Rosario Robles haya ofrecido a la Fiscalía General de la República compurgar una pena de seis años para abreviar su estancia en la cárcel por ejercicio indebido de la Función Pública, como se ha divulgado en la prensa nacional.
Fuentes vinculadas muy de cerca al proceso nos aclaran que la oferta de la exsecretaria de Estado es, efectivamente, de tres años por Sedesol y tres por Sedatu. “Pero no se suman, sino que se compurgan simultáneamente”, puntualizan.
Manifiestan, además, que con los beneficios que la ley otorga por buen comportamiento, podría lograrse una reducción adicional del 50% de la pena. Es decir, que la pena quedará en año y medio. Rosario ya pasó más de 18 meses encerrada. La detuvieron el 13 de agosto de 2019. Su libertad sería inmediata, si la FGR acepta la oferta y le otorgan los beneficios de ley. A la exsecretaria de Estado la vinculan con la llamada Estafa Maestra que, supuestamente, provocó daños al erario por cinco mil millones de pesos.
* La recién aprobada reforma, que prioriza el despacho de electricidad de las plantas de la CFE a expensas de generadores privados, es percibida en el extranjero como un elemento que distorsiona la relación con Estados Unidos.
La percepción se fundamenta en la importancia que tiene el cambio climático para la administración del presidente Biden y la presencia significativa de empresas estadunidenses en el sector eléctrico mexicano.
Los consultores del Grupo Eurasia, con sede en Nueva York, vaticinan que la “patriótica” reforma será impugnada en tribunales internacionales. “Es probable que las empresas utilicen los mecanismos de arbitraje del T-MEC y soliciten el apoyo de las autoridades estadunidenses y canadienses para detener su implementación”, dicen los consultores de ese grupo. No les falta razón. Abogados de la firma estadunidense Holland and Knight ya preparan amparos y demandas en contra de la reforma a la industria eléctrica. Abogados de esa firma divulgaron un texto en el que afirman que la nueva ley somete reglas de despacho y operación del sistema eléctrico nacional a la política energética de la actual administración.
Por su diseño, agrega, beneficia a las centrales eléctricas de la CFE, desplaza centrales eléctricas de particulares e incluye modificaciones para limitar los principios de libre competencia. Pero también ordena la revisión de contratos de autoabastecimiento que están bajo el régimen de legados previstos por la propia Ley de la Industria Eléctrica por “fraude a la ley”, y ordena la revisión de contratos previamente celebrados por CFE con productores independientes.
Mención aparte merece el hecho de que la ley permitirá a Pemex vender más combustóleo a CFE en un contexto en el que la demanda global se ha derrumbado debido a regulaciones más estrictas. Dice Eurasia: “La producción de combustóleo de Pemex ha ido en aumento desde 2017 y la empresa no ha podido exportarlo, por lo que ésta es una forma de ayudar también a Pemex”.
Los expertos adelantan que la reforma será impugnada en tribunales mexicanos por empresas privadas y otras agencias autónomas. No descartan que se pueda detener su implementación, basados en el fallo de la SCJN en contra el llamado acuerdo Nahle que buscaba lo mismo que trae la ley, pero sin pasar por el Congreso. Aunque advierten que López Obrador apuesta a que esta vez la SCJN ¡fallará a su favor!
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