Opinión

Obras, recursos y responsabilidades

Como se indicó en una colaboración previa, un riesgo que corren las obras en proceso y sobre todo las que recién inician por parte del gobierno estatal, es prolongar su tiempo de ejecución o peor aún, quedar inconclusas

Sergio Pacheco González
Analista

martes, 23 marzo 2021 | 06:00

Como se indicó en una colaboración previa, un riesgo que corren las obras en proceso y sobre todo las que recién inician por parte del gobierno estatal, es prolongar su tiempo de ejecución o peor aún, quedar inconclusas. Se presentó, como ejemplo, la primera ruta de autobuses de tránsito rápido o BRT, la cual debió esperar alrededor de diez años para su conclusión y operación (https://diario.mx/opinion/brt-antecedentes-y-transporte-publico-20200907-1705743.html).

En este sentido, llama la atención el uso de los recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, los que, de acuerdo con lo expuesto en su página electrónica, se encuentran destinados a la infraestructura de la Ciudad Juárez y del Municipio de Juárez. Al respecto, su Misión consiste, además de la administración de los puentes, en “financiar y administrar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en beneficio de la población de Ciudad Juárez, Chihuahua.” En tanto que su Visión prevé “recursos que se recaudan con eficiencia, honradez y se aplican de manera correcta en la creación de infraestructura útil para el municipio de Juárez, resolviendo necesidades reales de las personas que lo habitan.”

Formalmente, el empleo de sus recursos en la construcción del BRT o en las obras que se desarrollan a lo largo del Bulevar Francisco Villarreal, son congruentes con su Misión y Visión. Miles de ciudadanas y ciudadanos hacen y harán uso de éstas. 

No obstante, en virtud del proceso electoral en marcha, que implica entre otros cargos la elección del ejecutivo estatal, la alcaldía juarense, sindicatura y diputaciones, es pertinente reflexionar sobre las causas y las razones que sustentan destinar los recursos del Fideicomiso a obras que priorizan el tránsito de vehículos, antes que las demandas pretéritas, que en 2019 incluyen 23.72 por ciento de las vialidades de la ciudad sin pavimentar, de acuerdo con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), así como obras de saneamiento, alumbrado público, escuelas u hospitales.

Una causa que da cuenta del porqué los pasos a desnivel que comprende el Corredor Multimodal, entre ellos en Las Aldabas y Valle del Sol, que se construyen en el tramo que va del Bulevar Juan Pablo Segundo a la Avenida Manuel Gómez Morin, está relacionada con la dinámica que la ciudad ha mantenido en la construcción de viviendas. En esa zona, existen alrededor de 30 fraccionamientos, con la consecuente concentración de personas, así como una creciente actividad comercial que, como titulaba su columna Stephanie Starke, permitía considerar que la “Avenida Valle del Sol es la nueva ‘Juárez’” (https://diario.mx/Local/2013-10-27_ef369e6b/avenida-valle-del-sol-es-la-nueva-juarez)

El problema que se deriva de esa concentración de viviendas y actividades tiene como base la planeación realizada por las inmobiliarias, así como la permisividad de las autoridades que aprobaron los desarrollos urbanos, sin considerar o ser omisos frente a las consecuencias que se derivarían, ocasionando perjuicios a los habitantes de la zona y a quienes circulan por la misma, así como a las finanzas públicas para hacer frente a aquello que debió preverse y evitarse.

Es como la práctica que se ha vuelto común y no por ello menos perniciosa, de realizar obras de pavimentación y posterior a éstas romper el pavimento para conectar al drenaje o proveer de servicios de gas o agua a una tienda comercial, una oficina o una clínica.

La cuestión es ¿por qué debe la ciudadanía a través de la hacienda pública responder por estas acciones? ¿por qué tener que soportar las molestias que las mismas implican? Los beneficios que inmobiliarias e instituciones bancarias obtienen dejan tras de sí una serie de inconvenientes que tarde que temprano tendrán que ser atendidos por las autoridades gubernamentales, distrayendo los recursos que debieran emplearse en necesidades de mayor trascendencia: educación, salud, recreación. Esta es una de las razones de estas obras.

Por ello, quienes deberán asumir la responsabilidad de administrar el municipio y el estado, como aquellas y aquellos que tendrán que legislar en el congreso, no pueden repetir estas prácticas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez existen alrededor de 20 mil viviendas abandonadas, las que, si bien en su mayoría corresponden a vivienda popular, distinta a la residencial que predomina en Valle del Sol, da cuenta de las incongruencias prevalecientes en la materia, como ya desde 2009 registraban Pansza y Flores:

“Mientras el gobierno municipal -pese a los problemas derivados del estatus de propiedad privada de las viviendas abandonadas- intenta tímidos planes de recuperación para proceder a una nueva adjudicación, paradójicamente, el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua anuncia la edificación de 15,000 nuevas viviendas en el 2009.” (http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11919/04_PROCEEDINGS_M4_09_0025.pdf)