Opinión

Obras, campañas y regularización

Como suele suceder, cuando se avizora un proceso electoral, las acciones gubernamentales se multiplican, aunque éstas resulten molestas para algunas personas

Sergio Pacheco González
Analista

martes, 06 octubre 2020 | 06:00

Como suele suceder, cuando se avizora un proceso electoral, las acciones gubernamentales se multiplican, aunque éstas resulten molestas para algunas personas. En recientes semanas, se han realizado múltiples obras de pavimentación, de alumbrado público, construcción de puentes vehiculares y de pasos a desnivel, a la vez que se inauguran ampliaciones y obras de remodelación de otros espacios, así como los primeros trabajos materiales de la nueva ruta de transporte BRT.

En esta dinámica participan los tres niveles de gobierno. Los presupuestos se combinan y los reconocimientos se disputan. Y si bien, se manifiestan diversas críticas, es de destacarse que aún y en el contexto de la contingencia sanitaria, se realizan diversas obras que tendrán efectos diversos en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Todo hace suponer, por lo recurrente de la estrategia, que se considera que la ciudadanía favorece el uso de su memoria de corto plazo y por ello es preferible realizar obras lo más cercano posible a la fecha de inicio del proceso electoral, en tanto la legislación impide hacer difusión de éstas ya iniciadas las campañas electorales. Así que, estas acciones previas a esa limitante, se consideran campañas políticas y pretenden el reconocimiento y aprobación de la ciudadanía, aspectos que constituyen un valioso capital cuando, como también suele suceder, se pretende una reelección o alcanzar un nuevo cargo de representación popular.

Se inicia también la temporada en que se realizan promesas varias, las que persiguen de igual manera identificar y posicionar a los posibles candidatos con el electorado.

En este contexto es posible ubicar las recientes solicitudes de legalización de los vehículos introducidos de manera ilegal al territorio nacional y en este caso, al municipio juarense y al estado de Chihuahua.

Sin duda, otorgar el reconocimiento legal en favor de sus propietarios les brindará seguridad en sus traslados, inhibiría posibles actos de corrupción y protegería la inversión realizada para obtener este bien mueble, por lo que no se afectaría el peculio individual y/o familiar. Estos beneficios, mediante el pago de los derechos que se pudieran establecer, podría reconocerse como un acto de justicia que prioriza el bienestar, antes que la imposición de sanciones, como el decomiso del bien y la aplicación de multas. Así, a la pérdida de la inversión se sumaría el costo de las multas y por tanto se incrementaría la afectación.

Una de las razones por las que el Gobierno federal de la actual administración, como sucedió con la anterior, no ha emitido el decreto correspondiente, se sustenta, además de la normatividad aplicable, a la recurrente violación de ésta. Programas de regularización se han implementado a fin de dar respuesta a las demandas y en previsión de que al no hacerlo se incrementen las condiciones de riesgo para todas y todos.

Y no sólo porque, como lo ha reiterado el fiscal el estado, pudieran ser vehículos utilizados en actos delictivos, sino porque representan un serio riesgo tanto para quienes los poseen, como para quienes comparten con ellas y ellos las vialidades.

Si se toma en consideración que sólo 20.6 por ciento de quienes manifiestan conducir algún vehículo cuentan con un seguro, según la “Encuesta Percepción de la Ciudadanía sobre el Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez 2019”, circular con un vehículo que por carecer de registro oficial está imposibilitado de contratar la cobertura respectiva, se enfrenta al probable escenario de que ante una colisión o atropellamiento, sus recursos resulten insuficientes para hacer frente a los costos que resulten de los daños que pudiera infligir o recibir.

La oposición a la regularización de los vehículos “chuecos”, “irregulares” o “chocolates”, encuentra su asidero, como ya se indicó, en su carácter parcial o temporal: sus efectos perduran hasta que se vuelven a acumular cientos de vehículos ingresados de manera ilegal. 

Estos programas, por otra parte, parecen premiar a quienes incumplen con la normatividad, mientras que los que se encuentran registrados en el padrón vehicular son sujetos de sanciones, por ejemplo, si incumplen con el pago de revalidación vehicular (denominación que pretende negar la pervivencia de la tenencia).

Por otra parte, la sanción y el decomiso de vehículos sólo afecta, como suele suceder, al eslabón más débil de la cadena de corrupción que posibilita su entrada al país.

Además, no existe un programa de gobierno que desaliente el uso de vehículos particulares. Y el BRT no representa una alternativa plausible.