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Opinión

Nos queremos vivas

En la década de los 90, en el norte del país, empezó a surgir un fenómeno sin precedentes. Específicamente en mi tierra natal, Ciudad Juárez, Chihuahua, se sembró un gran terror por las calles, pero curiosamente sólo en la mitad de su población

Andrea Chávez
Analista

jueves, 28 abril 2022 | 06:00

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En la década de los 90, en el norte del país, empezó a surgir un fenómeno sin precedentes. Específicamente en mi tierra natal, Ciudad Juárez, Chihuahua, se sembró un gran terror por las calles, pero curiosamente sólo en la mitad de su población. De manera cada vez más frecuente las mujeres comenzaron a desaparecer y a ser privadas de la vida de la manera más inhumana.

 

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En aquellos días, no había una palabra que diera nombre a tal atrocidad, mucho menos protocolos institucionales para su investigación y castigo. Sino que cada nueva agresión se atribuía a un supuesto asesino serial apodado “El Depredador”. Las autoridades encargadas de castigar los delitos fueron omisas y negligentes; lo que detonó en un aumento y dispersión de esas conductas de violencia por razones de género.

No fue hasta la llegada de la comunidad académica, con la ayuda de sociólogas y antropólogas como Marcela Lagarde, que pudimos por fin nombrarlo: feminicidio. La privación de la vida de las mujeres por razones de género.

 

Uno de los casos que nos dio conocer a nivel internacional fue el de Campo Algodonero, mismo que devino en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, González y otras vs. Estado mexicano, que resultó crucial para el surgimiento de un debate sobre la tipificación del delito de feminicidio.

 

Sin embargo, en 2007, con la llegada de la llamada “Guerra contra el narco” —que aumentó la cantidad de armas en el país con su famoso y fallido operativo “Rápido y Furioso”—, las desapariciones y ataques por razones de género se triplicaron. La impunidad prevaleció y se enquistó en las instancias judiciales propiciando un ambiente de hostilidad y violencia ya no sólo en el norte, sino a todo lo largo y ancho del país.

 

Sin lugar a dudas la tipificación del delito de feminicidio en el año 2012 fue un importante avance para el combate a esa práctica tan repudiable, pero las lagunas que quedaron en el marco jurídico no abonaron a la disminución de casos.

 

Poco se ha comprendido sobre cómo se mantiene este grave problema social y estructural; la ausencia de herramientas legales para actuar contra los agresores tiene mucha responsabilidad en la falta de justicia, por ello, uno de nuestros deberes como legisladores es realizar las enmiendas que protejan el bien jurídico tutelado más importante: la vida de las mujeres.

 

He presentado una iniciativa que el martes pasado fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados con la cual se reformará el Código Penal para prohibir que un juez pueda dictar una sustitución de la pena en el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa punible. Esta propuesta fue acompañada del reconocimiento de la tentativa de feminicidio como delito, así como de la prohibición de beneficios preliberacionales para los feminicidas.

 

Es importante mencionar que estas reformas surgen para proteger a aquellas mujeres que han sido víctimas de lesiones graves, de persecución y del miedo de saber que su agresor permanece en libertad como consecuencia de no contar con las herramientas legales para privarlo de libertad, o por las lagunas de ley a favor del sujeto.

 

Esta absurda violencia nos ha arrebatado a madres, a hermanas, a amigas e hijas, causando dolores que jamás tendrán nombre, pero no descansaremos hasta reivindicar la vida de todas ellas y salvaguardar los derechos de todas las niñas, adolescentes y mujeres que están y que vendrán.

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