Opinión

Nos están matando

Vivir en Ciudad Juárez es enfrentarse continuamente a la muerte, una muerte silenciosa, una muerte despiadada, una muerte que llega de imprevisto y termina con tus sueños y aspiraciones

Olivia Aguirre Bonilla
Académica

viernes, 24 enero 2020 | 06:00

Vivir en Ciudad Juárez es enfrentarse continuamente a la muerte, una muerte silenciosa, una muerte despiadada, una muerte que llega de imprevisto y termina con tus sueños y aspiraciones. Isabel Cabanillas fue a quien le llegó esa muerte, pues el pasado 18 de enero fue asesinada a balazos en el Centro de la ciudad.

Basta de pronunciamientos oficiales en donde las autoridades repiten indefinidamente que los crímenes no quedarán impunes, cuando en la realidad han permanecido impunes innumerables crímenes contra mujeres, basta con recordarle al Estado que en el caso de las víctimas de feminicidio del Campo Algodonero, en donde fueron encontrados los cuerpos de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Manjarrez el 6 de noviembre de 2001, la investigación permaneció estática por muchos años; no fue sino hasta ocho años después que se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia emitida en contra del Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, cuando el Estado empezó atender dicha investigación y problemática, pues se le condenó por la falta de investigación con la debida diligencia, y con ello se le requiere a la autoridad a completar la investigación, localizar, juzgar y sancionar al o los autores intelectuales y materiales de dichos hechos. Situación que hasta la fecha ha permanecido en el limbo y en consecuencia en el olvido.  

Incluso, jamás se sancionó a los funcionarios que cometieron irregularidades, omisiones y negligencias en ese proceso de investigación de los homicidios de esas tres víctimas.

Además, la Corte IDH en la sentencia estableció como parte de las medidas de reparación que el Estado mexicano debía garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos e investigados, los responsables procesados y sancionados y las víctimas reparadas. Pues lo que se buscaba era que dichos actos no se volvieran a repetir.

Sin embargo, el Estado ha incumplido nuevamente con su obligación de garantizar que estos actos atroces no se vuelvan a repetir, pues a 27 años que se comenzó a documentar el feminicidio en esta frontera, es decir, desde 1993 a la fecha: al menos dos mil 50 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, y el Valle de Juárez, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 22/01/20).

Esto pone en evidencia que no se ha generado una efectiva prevención e investigación de los casos de violencia contra la mujer y homicidios por razones de género; los responsables no han sido procesados y sancionados, y las víctimas no han sido reparadas.

Las políticas emprendidas por los tres órdenes de gobierno no han logrado superar la situación de violencia contra la mujer, discriminación e impunidad. Incluso no se cuenta con información sobre las fallas estructurales que atraviesan esas políticas, los problemas en sus procesos de implementación y sus resultados sobre el goce efectivo de derechos por parte de las víctimas de dicha violencia.

Además no se cuenta con indicadores de resultado respecto a cómo las políticas implementadas por el Estado cuestionen y estén en capacidad de modificar, a través de medidas especiales el status quo que causa y mantiene la violencia contra la mujer y los homicidios por razones de género; hayan constituido claramente un avance en la superación de las desigualdades jurídicas, políticas y sociales, formales o de facto, y que sean injustificadas por causar, fomentar o reproducir los factores de discriminación por razón de género.

En consecuencia, resulta evidente que las políticas públicas actualmente desarrolladas no constituyen realmente una garantía de no repetición, pues no se ha logrado superar la situación de violencia contra la mujer, pero vaya que lo que si se ha logrado es el sufrimiento y angustia adicional para las víctimas indirectas, por la ausencia de investigaciones completas y efectivas sobre los hechos pues son quienes tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Si no podemos caminar seguras y tranquilas en nuestra ciudad, ¿debemos permanecer inmóviles? ¿Debemos vivir con miedo? No debería ser así, pues como lo afirmó Eduardo Galeano, “el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”.

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