Opinión
OPINIÓN

‘No usaban tapabocas y escupían al hablar’

Las hemerotecas están llenas de escándalos propiciados por los Borruel y todos solapados por el Gobierno estatal. Bien pudieron jalar los agresores el gatillo sin recibir sanción alguna al menos de su jefe

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 16 mayo 2020 | 06:00

• ‘No usaban tapabocas y escupían al hablar’ 

• En el limbo empleados del Seguro Popular 

• Apoyos estatales se vuelven clientelares 

La historia sería inconcebible, increíble, si no fuera porque quedó plasmada en un expediente de carácter penal y por los múltiples hechos similares que le anteceden. 

Todo un funcionario de orden estatal, director de la Comisión de Vivienda, desplegó todo su poder y la impunidad necesaria que evidentemente le ha brindado el gobernador del estado, para apersonarse en el domicilio particular, en el hogar de un periodista, cuestionar su trabajo y amenazarlo de muerte.

Pero además lo hizo al estilo más corriente y vulgar inimaginables para su posición. Se hizo acompañar de la esposa, que también es funcionaria estatal; de su hija, que es regidora; y de su yerno, que es empleado muy menor en el Congreso del Estado, y quien se encargó de manejar el arma de fuego con la que amenazaron al periodista. 

“A pesar de la pandemia causada por el SARS COV-2, o coronavirus, ninguno de los miembros de esa familia usaban tapabocas o cualquier otra medida ordenada por el gobierno, y escupían a hablar...”, señala parte del texto de la denuncia. Lo confrontaron a gritos. 

Los acusados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (dependiente de la FGR), son el director de Coesvi, Carlos Borruel Baquera, exprecandidato también a la gubernatura y exalcalde del municipio de Chihuahua; su esposa funcionaria del Instituto para la Infraestructura Educativa del estado; la hija de ambos regidora por el PAN, Mónica Borruel y el marido de esta, empleado en el Congreso del Estado, David Ortega. 

Osbaldo Salvador Ang es el periodista denunciante. Fue abordado por la rabiosa comitiva a las nueve de la noche del 5 de mayo por haber publicado un zafarrancho que el junior de la familia, Carlos Borruel Macías, protagonizó días antes en un departamento de lujo de Chihuahua. Al calor de bebidas embriagantes, música y fiesta, habrían agredido a una jovencita que debió ser rescatada de ahí por sus familiares. 

Más allá del rumbo procesal y jurisdiccional que tome la denuncia concreta, es claro que los acusados actúan impunemente porque así se los permite su jefe y gobernador del estado, Javier Corral, quien mantiene un ataque y una enemistad sistemática contra cualquier crítico por mayor o menor que sea. 

Las hemerotecas están llenas de escándalos propiciados por los Borruel y todos solapados por el Gobierno estatal. Bien pudieron jalar los agresores el gatillo sin recibir sanción alguna al menos de su jefe. 

Sin duda representan un gran peligro para cualquiera porque no se miden ni en sus acciones ni en sus reacciones... 

*** 

Está dictada la sentencia de muerte al Seguro Popular, que formalmente es un organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud. No morirá de Covid, pero sí de hambre porque es insostenible y obsoleto ante los nuevos esquemas federales de salud. 

Con la llegada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se dio fin en automático a ese mecanismo que se operaba con recursos federales por parte del Gobierno del Estado. Pero en la ley y en los hechos subsiste el Seguro Popular en Chihuahua, hasta su liquidación formal como dependencia que recién solicitó el gobernador Javier Corral al Congreso. 

El asunto de la liquidación del organismo se agendó para la sesión de ayer, pero luego fue bajado de la orden del día sin explicación alguna. 

Lo palomearon prácticamente sin observaciones el panista Jesús Manuel Vázquez Medina, que apenas en marzo tomó las riendas de la Comisión de Salud, así como los demás integrantes de la misma, Janeth Mendoza de Morena, René Frías, de Nueva Alianza; y Deyanira Ozaeta, del Partido del Trabajo. 

Pese a ello la Junta de Coordinación Política acordó dejar para después el dictamen por no considerarlo de urgencia, aunque de ello dependa una extensión del Sector Salud, tan golpeado por la pandemia. 

De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo se busca desaparecer la dependencia dejándole la personalidad jurídica sólo para el proceso de liquidación. Sin embargo no se menciona ni la totalidad de sus bienes y activos, como tampoco el destino de los cientos de trabajadores que acumuló desde su creación. A ellos se les deja en el limbo al arbitrio de la Secretaría de Salud, que no dispone de plazas ni recursos para absorberlos. 

En el destino del Seguro Popular podría estar el mayor error de la administración corralista en la negociación con la Federación por el Insabi, al que el Estado pertenece en calidad de no adherido. Adiós recursos federales del ramo y bienvenidos juicios laborales y reclamos en cascada. 

*** 

Se tardaron pero por fin los diputados locales se estrenaron con las sesiones virtuales e híbridas. Aunque en otras entidades ya habían experimentado esta forma de reactivar las labores legislativas, fue el Congreso de Chihuahua el primero a nivel nacional que las adoptó con plena validez legal. 

De entrada es un buen precedente el que sienta el Legislativo para evitar la parálisis que trajo la emergencia sanitaria, la cual comienza ahora sí a desbordar la capacidad del sistema de salud. 

Por cierto, previa a la primera sesión virtual y presencial se realizó la comparecencia, en bola y a puerta cerrada, de los secretarios de Salud y Hacienda, Jesús Enrique Grajeda y Arturo Fuentes Vélez, así como del jefe de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice. De muy poco sirvió, nada aportó al entendimiento del problema sanitario ni dio señales de eficiencia de las medidas adoptadas ante la pandemia. 

Acudieron al Congreso del Estado a presentar detalles del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar. Pero no pasaron más allá de lo publicitado todos los días como las grandes acciones para salvar de la crisis a Chihuahua. 

Se quedaron cortos sobre todo en los cuestionamientos en torno a la transparencia en el manejo de los recursos y la coordinación con la Federación. En esto último tanto Fuentes como Mesta reconocieron que es nula. 

Contra esas cuerdas los dejaron algunos de los legisladores de oposición, sin que alguno de los panistas pudiera ayudarlos de forma efectiva. 

En especial el diputado Omar Bazán y la juarense Marisela Sáenz evidenciaron -ante la ausencia del secretario de Desarrollo Social, el diputado panista con licencia Luis Aguilar- que los apoyos estatales por la contingencia se han vuelto clientelares y selectivos. La exigencia de las auditorías a fondo del gasto multimillonario, sin orden ni explicaciones, parece que será el siguiente paso de los priistas.