Opinión

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Video: No tuvieron cómo pedir ayuda en el ‘topón’

Fueron atacados los policías por sicarios que huían tras un acto delictivo. Eran ocho elementos los de Aparicio que no alcanzaron a pedir ayuda ni a la propia corporación estatal

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 27 febrero 2020 | 06:00

• No tuvieron cómo pedir ayuda en el ‘topón’

• Cambian hora de sesión por acto partidista

• Fueron por lana y regresaron trasquilados 

• La contradicción de una sesión privada

Ahora vemos que inclusive a los policías les ocurre eso del lugar y el momento equivocados en este maremágnum de inseguridad y violencia que sufre el estado. Ironía macabra.

Esperamos escucharlo de “fuentes extraoficiales” o de “trascendidos” pero no. Salió casi textual por boca del comisionado de Seguridad Pública (CES), Óscar Aparicio Avendaño (video en la versión digital de La Columna).

Dijo el jefe policiaco que el ataque de ayer después del mediodía ocurrido en las avenida De las Torres y Santiago Troncoso en esta frontera contra sus escoltas no fue planeado ni tampoco dirigido a él. Fue fortuito.

Parte de su explicación fue así: “Yo no estaba en el convoy. No fue un ataque dirigido a ninguna corporación, mucho menos a mi persona... Los compañeros estaban en el lugar... y en el momento (equivocado)... de este hecho...”.

Un agente resultó lesionado de consideración; otro más recibió al menos dos impactos en la cabeza de AK-47. Por la noche estaba en coma.

Fueron atacados los policías por sicarios que huían tras un acto delictivo. Eran ocho elementos los de Aparicio que no alcanzaron a pedir ayuda ni a la propia corporación estatal ni a ninguna otro porque andaban de incógnitos.

No hubo explicaciones inmediatas sobre su presencia en ese lugar ni tampoco dónde andaba Aparicio en el momento de los hechos; menos un informe sobre las razones de la incomunicación.

Lamentablemente para los agentes agredidos y sus familias, Aparicio y sus principales operadores han creado protocolos que solamente son del conocimiento de ellos, ni siquiera de la tropa usada como escolta.

Era fácil así no solamente ser blanco de un ataque de los múltiples ocurridos durante los últimos días contra los estatales... sino lo peor: ¡quedar ubicados en el momento y el lugar equivocados!

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Empezó informal y así terminará informal hasta la pared de enfrente el gobernador Javier Corral. Su tercer informe lo presentaría a las 11 de la mañana del próximo domingo ante el Congreso del Estado pero de último momento lo cambió para las nueve de la mañana del mismo día.

Dos horas es nada para un protocolo de esa naturaleza; objeto cuando mucho de observación menor. El gran detalle se presenta sobre las razones que motivaron esa modificación.

El mismo domingo tendrá el mandatario actividades partidistas por atender. Ni siquiera se trata del evento masivo por el informe. éste será el lunes a las seis de la tarde en el Centro de Convenciones, de la misma ciudad de Chihuahua.

Queda confirmada en este pequeño o gran ejemplo –según el punto de vista de cada quien–, la gran facilidad con la que un gobernante de talante autoritario como es el caso de Corral subordina a sus intereses y a su conveniencia personal a quien sea.

El Poder Legislativo es un órgano soberano. Es uno de los tres poderes del estado y por lo tanto con plena independencia del gobernador, según la teoría, pero el que paga manda. Cada gobernador en turno hace y deshace tanto con el Poder Legislativo como con el Judicial porque tiene el monopolio de la tesorería y de la caja registradora.

Corral pudo obrar distinto, dar su lugar a los jueces; a los diputados, como es este caso. No solamente no lo hizo, se ha conducido peor que cualquiera de sus antecesores obligándolos a acatar consignas de toda índole... y hasta modificándoles horario de sesión.

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Imposible que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Federación contra los municipios no sean vistas, bajo la óptica política, como agresiones directas a varios alcaldes de Chihuahua que fueron por lana y regresaron trasquilados.

Los casos de los independientes Armando Cabada y Alfredo “El Caballo” Lozoya, así como el de la panista Maru Campos, son muy ilustrativos de los topones que se han dado con la esfera federal y las consecuencias que enfrentan. 

Las demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ellos no las ven como otra cosa que no sean represalias a sus intentos de defender su concepción del municipalismo.

El parralense es cliente frecuente de la SCJN desde que impugnó, vía controversia constitucional, la eliminación del Programa de Estancias Infantiles. Ha sido el combatiente más insistente con el tema. 

“El Caballo” conoce tan bien los pasillos de la Corte que hoy o mañana habrá de regresar, ahora como demandado, para darle la batalla a las acciones de la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cabada, por otra parte, optó por buscar la relación cordial con la Federación, pero sin quitar el dedo del renglón de uno de los problemas más urgentes de Juárez, la seguridad. Lo han traído a vueltas y vueltas con los recursos para atenderlo. Él ha hecho presión sobre todo con la Guardia Nacional y los enlaces federales, que de poco han servido.

Maru no se ha quedado callada. Cada que puede, habla de la palpable ineficiencia federal en inversión, seguridad, uso del gasto público. Le tira a toda la Federación, del presidente hacia abajo.

Para colmo, parece que no le perdonan que el 5 de marzo habrá de asumir como presidenta de la Confederación Nacional de los Municipios de México (Conamm), que agrupa a los priistas de la Federación Nacional (Fenamm), a los panistas de la Asociación de Alcaldes (Anac) y los izquierdistas de la Asociación de Autoridades Locales (Aalmac). 

Cómo no pensar que el combate en la Corte tiene otras intenciones políticas ocultas, más allá del aparentemente estéril debate jurídico sobre el Derecho de Alumbrado Público y el “impuesto universitario”.

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Como pocas veces en la historia, la Diputación Permanente convocó a una sesión extraordinaria a puerta cerrada para discutir el desafuero del magistrado Jorge Ramírez.

Al duartista ya lo condenaron públicamente el fiscal César Augusto Peniche, la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas, y el coordinador de los diputados del PAN, Fernando Álvarez Monje. Ah, pero será una sesión del Congreso del Estado privada para no exponer los datos del acusado, como si nadie supiera quién es y como si el caso se hubiera llevado en secreto. 

La contradicción se suma a la urgencia de sacar el desafuero antes incluso del comienzo del período ordinario de sesiones, que arranca el domingo. 

Ayer en el juego de sumas y restas, la bancada del PAN tenía seguros 17 votos incluidos los de sus aliados, suficientes para lograr el cometido. 

La duda estaba en la legitimidad del planteamiento, si votar en contra del dictamen que rechazaba el desafuero según la determinación de la Comisión Jurisdiccional, en automático representaba el retiro de la protección constitucional de la que goza Ramírez.

Lo interesante de la resolución anticipada será el debate posterior a la decisión del Legislativo, que hoy se erige en Jurado de Procedencia basado en una debatible norma.

Notas de Interés

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