Opinión

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No sabía que era intocable en el golf

Casi al punto de entregar los pedazos que ha dejado de Chihuahua, el gobernador ha soplado inexplicablemente de nuevo a las cenizas del caso Ramírez por supuesto enriquecimiento inexplicable con la intención vista a leguas de quemarlo en la cárcel como despedida

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 29 enero 2020 | 06:00

• No sabía que era intocable en el golf

• Maribel presume logros que no son de ella

• El profe ya pidió su primer deseo

• Hay violación a la ley en materia de informe

Ahora incluidos personajes renombrados del Partido Acción Nacional (PAN), por supuesto algunos en el PRI, empresarios, etc., ironizan en todo encuentro social o de cualquier índole sobre los motivos de Javier Corral para reiniciar la saga contra Jorge Abraham Ramírez.

“Debió saber el magistrado que en el golf el gobernador es intocable”, dicen algunos de ellos que no encuentran más cuadratura a ese círculo de intriga, vendetta, alto grado de animosidad personal y hasta presumible corrupción.

Todos tenían comprado boleto VIP para presenciar esta semana el proceso de desafuero anunciado por el Congreso del Estado contra dicho magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia.

Los decepcionó la suspensión del citado proceso habida cuenta de que el indiciado golpeó de inmediato a diputados miembros de la “comisión de desafuero” pidiendo su abstención en el caso por conflicto de intereses.

Es obvio que el gobernador y su caudal de asesores con altísimos salarios e igualas no midieron siquiera ese paso del proceso, y dicho en lenguaje popular, se fueron como ‘El Borras’ e igualito que hace casi tres años cuando también quiso Corral sacudirse al señor magistrado.

Al inicio de su administración el gobernador se fue a la yugular directo de varios magistrados que obtuvieron sus posiciones durante el régimen de César Duarte, diversos panistas entre ellos que formaron parte de aquellas negociaciones productivas entre el exgobernador y quienes manejaban Acción Nacional en la entidad.

En el cedazo quedaron cuatro que libraron realmente batallas de antología en tribunales superiores. Salieron en hombros del campo de guerra jurídico y reinstalados en sus nóminas doradas. También de antología la derrota para el mandatario.

Casi al punto de entregar los pedazos que ha dejado de Chihuahua, el gobernador ha soplado inexplicablemente de nuevo a las cenizas del caso Ramírez por supuesto enriquecimiento inexplicable con la intención vista a leguas de quemarlo en la cárcel como despedida.

¿Por qué específicamente ese magistrado si enfrentarlo ha provocado más desgaste que recuperación de la imagen perdida? Es en la respuesta donde entran las ironías y la hilaridad de propios y extraños. “No sabía que era intocable en el golf”. 

Es ese el tamaño de la seriedad observada en la conducta de Palacio.

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La descentralización de la Oficina de Gobernación en Juárez se la apropió como un logro personal la actual jefa de ese departamento en la frontera, Maribel Hernández Martínez.

La decisión, se supone, eliminará por completo el enorme trayecto burocrático de las licencias para venta de alcohol, hasta ahora remitidas a la capital del estado, donde se hacen los arreglos, por cierto bastante turbios, con los que se administra este negocio.

Para cambiar eso le fue reconocida, por fin, la mayoría de edad a la frontera, dándole a Gobernación la facultad de resolver aquí mismo en un máximo de tres meses. Antes podrían ser años de trámites y negociaciones.

De inmediato lo que hizo Maribel fue caravana con sombrero ajeno. Presumió en su Facebook el logro cuando todo mundo sabe que fue su jefe inmediato, Ignacio Castro, el que desde su paso por la oficina en la Zona Norte promovió que los licenciatarios no tuvieran que ir a Chihuahua a arreglarse.

Para colmo, a Castro, director de Gobernación Estatal, ni siquiera lo menciona. Se lo brinca para agradecer la decisión al secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, y al gobernador Javier Corral.

No es que la exdiputada desconozca el origen de la decisión, sólo que aprovecha cualquier pretexto para llamar la atención. Sueña con regresar al Congreso del Estado, es su motivación real para tratar de jalar reflectores siempre que puede. 

Incluso hace unos días se atrevió a publicar que había logrado un acuerdo con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, para la realización de operativos orientados a erradicar asesinatos dentro de los bares de todo el Distrito Bravos.

Sobra decir que la funcionaria no tiene facultad alguna para reunirse con un secretario y menos aún para llegar a un acuerdo en un tema que no le compete, como es la prevención de homicidios, delito imparable en toda la entidad. Sin duda le ganan las ganas de figurar.

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El profesor Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, no se quiso regresar de la Ciudad de México sin antes reunirse en corto con el nuevo líder nacional provisional, el barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar. 

Aunque la dirigencia va al litigio, dado que no la quiere soltar Yeidckol Polevnsky, Chaparro Payán le pidió sólo un deseo al que llegará a su relevo: que le quite a su secretaria de Finanzas, Martha Laguette.

La señora expriista está en la cuerda floja porque fue impuesta por Polevnsky como contrapeso a Chaparro, pero se ha excedido con los negocios supuestamente ordenados desde el centro del país.

En especial sigue sin aclarar la compra de un inmueble en la ciudad de Chihuahua, para cambiar la sede del partido. Lo pagó a 13 millones de pesos cuando vale, a lo mucho, unos siete u ocho millones, según las denuncias morenistas.

Además gastó en eso cuando había otros inmuebles como alternativa en mejores condiciones, a los que no quiso ni ver, pues tanto Laguette Lardizábal como Polevsnky ya tenían en la mira al vendedor con el que arreglarían el sobreprecio.

Al tanto de todo puso Chaparro a Ramírez Cuéllar con la idea de que, en cuanto logre asumir la dirigencia, si lo logra, tenga entre sus prioridades el caso Chihuahua y le brinde el respaldo necesario para darle las gracias a la excandidata priista, que ya hasta se promociona como aspirante otra vez.

Así, en el juego de vencidas que hay por la dirigencia nacional la tesorería estatal de Morena podría ser de las primeras en sentir las repercusiones.

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La obligación de rendir cuentas que tradicionalmente se efectuaba en el mes de octubre para el gobernador en turno se trasladó al mes de marzo con una reforma a la Constitución realizada hace algunos años.

No tiene esto ningún problema, es una cuestión de fechas y punto. El detalle es que el Gobierno del Estado desplegó en el mes de agosto pasado, un poco adelantado a la fecha tradicional del informe, una campaña de publicidad masiva, en franca violación al imperfecto artículo 134 constitucional federal.

Se hizo con el argumento de la presentación del Plan de Inversión 2019-2021, con eventos no sólo en Chihuahua y Juárez, sino en diversos municipios.

La imagen y voz del gobernador inundó con publicidad como si se tratara del informe, con el boato que ello implica. 

Pero resulta que ahora el informe será el 1 de marzo, con evento público y entrega al Congreso del Estado para su análisis mediante la glosa.

Son las fechas para el informe un verdadero galimatías. Cuando hay elecciones, el segundo período se inicia en febrero, por lo que se entiende que en esa fecha debe presentarse, pero en el último año, se presenta el informe en agosto, el primer viernes.

Desorden que al final se presta para el uso y abuso de mercadotecnia, que sin rubor alguno ni freno presupuestal –para ello no hay austeridad–, se utiliza al margen de la norma constitucional que lo prohíbe.

Tan fácil que era el informe el día 4 de octubre y los correspondientes a los ayuntamientos a mediados de octubre, inamovibles, que por cierto, también se adelantaron a la primera semana de septiembre.

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