No leyó la nota sobre ‘El Iraquí’

-No leyó la nota sobre ‘El Iraquí’

-Son 133 mil impactados por la corrupción

-Música para Corral, VoBo a más deuda

-Loera en la batuta ayer con AMLO

Hasta ayer le quedó claro al gobernador, Javier Corral Jurado, que la publicación de El Diario sobre José Dolores V.S., “El Iraquí”, líder de la pandilla Aztecas, surgió de una audiencia penal pública y no de una entrevista otorgada a este rotativo por el acusado de más de medio centenar de ejecuciones, extorsiones y trata de blancas, entre los principales delitos.

Se trató de una información estrictamente periodística originada el viernes en las salas penales del estado. Después fue trasladado a un penal de máxima seguridad del sur del país.

Si a nivel federal es prácticamente imposible conseguir una entrevista con cualquier detenido (a) más lo es a nivel estado cuyos procesos están bajo el control omnipotente del propio gobernador.

Una vez explotado el veneno y haber ordenado a más de una veintena de funcionarios bajo su nómina agredir a El Diario, ya no pudo ni quiso el gobernador enmendar el error garrafal. Que no es el primero. Leyó el encabezado pero no leyó la nota para conocer dónde se había originado.

El objetivo sólo era golpear de nuevo a uno de los pocos medios informativos que han fungido durante los últimos años como portavoces de la sociedad chihuahuense gravemente afectada por un régimen pobre en resultados y frívolo desbordado.

No podemos dejar pasar una severa contradicción que dibuja de cuerpo entero la intención malévola de Corral Jurado. Llama “presunto delincuente” a “El Iraquí” en la propia publicación de Facebook en la que cuestiona, regaña, agrede y se dice falsamente indignado por la nota de El Diario.

Ya terminando su gobierno le está cayendo el veinte de que no puede andar acusando y calificando a nadie sin ton ni son sin existir sentencias definitivas de por medio, aun cuando se trate de “El Iraquí”, cuidadosamente llamado “presunto delincuente”.

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La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi le dio a la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas, la posibilidad de lucirse en redes y todo tipo de foros virtuales.

El resultado de una baja en Chihuahua del 40 por ciento en la prevalencia de corrupción se tomó como un logro institucional digno de cacaraquearse ante el mundo.

Ciertamente el apartado de “Experiencias de Corrupción” coloca a Chihuahua como el segundo estado del país con mejor desempeño de un periodo a otro, después de Tabasco. No obstante, una cifra de alta incidencia como los 133 mil chihuahuenses impactados por actos de corrupción no es para mostrarse como un gran logro.

Menos lo es el resultado de otros apartados del mismo estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Van algunos botones de muestra.

La inseguridad y la delincuencia son vistos como el principal problema de la entidad, por un 8.6 por ciento de los chihuahuenses. La media nacional es del 78.6 por ciento.

El mal desempeño del gobierno es otro de los males que observan los ciudadanos. El 32.3 por ciento así lo considera, cuando el promedio del país es más bajo, un 28.5 por ciento.

La mala aplicación de la ley es otra de las variantes que destaca un 23.7 por ciento de los chihuahuense. La media muestra que a nivel nacional es de 17 por ciento.

Para colmo está la falta de coordinación entre niveles de gobierno, que lo observan muy bien más de un 15 por ciento de los encuestados, contra un 10 por ciento que es el promedio del país.

Parece que le faltaron esos datos en la promoción estatal de los resultados de la encuesta. Son datos que muestran la realidad de un pésimo gobierno con malas cuentas en casi todo.

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El estimado de recorte de los recursos federales a estados y municipios, que va del 10 al 15 por ciento, pondrá las finanzas públicas de Chihuahua al borde del colapso. Nada nuevo, así tienen años, pero ahora el cierre de 2020 no se concebirá más que con otras deudas.

Además, entre los secretarios de Hacienda del país y diputados federales de la entidad ya corre un anteproyecto de reforma a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados, aparejado a los recortes que se les notificó a los gobernadores hace unos días.

Es decir que a cambio de aguantar la previsible baja en las aportaciones federales que van directamente a los gobiernos estatales y municipales, les van a poner en bandeja de plata la oferta de cambiar la ley, con la fuerza de la Secretaría de Hacienda y la bancada de la 4T en San Lázaro.

Por un lado les darán la opción de aplazar pagos de sus deudas, según lo que puedan negociar con la banca, y por otro les darán opciones para contratar más créditos.

Ante la crisis provocada por la pandemia y un bajo desempeño de la economía de tiempo atrás no hay mucho pataleo que valga. Podrán decir misa los mandatarios estatales pero el recorte no tiene vuelta de hoja.

En el caso particular de Chihuahua, sin embargo, la situación es más preocupante por el uso indiscriminado de los créditos de corto plazo a los que ha recurrido el gobierno corralista. Eso no ha hecho más que elevar los costos de la deuda general, la heredada y la contratada en la administración actual. No ha resuelto los problemas de liquidez ni ha servido para una inversión creciente.

Pese a ello los operadores financieros de Hacienda del Estado, encabezados por Arturo Fuentes Velez, ya prepararán la alternativa de la deuda con diferentes fuentes. Van a aprovechar esa luz verde que ofrece la federación con el argumento de que urgen recursos para salvar el año.

No es difícil imaginar el desastre financiero que se habrá de dejar para el 2021.

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Ayer por la mañana la Comisión Segunda de Gobernación del Congreso, encabezada por el priista Omar Bazán y la morenista Ana Carmen Estrada, sesionó vía remota para adelantar el análisis de temas que forman parte de la venidera reforma electoral.

Por un lado se abordó la posibilidad de la segunda vuelta electoral que propone Bazán, para la cual es obligada la reforma constitucional.

Por otra parte, y es aquí donde ya parece haber una suma de coincidencias, comenzó el análisis formal para reducir de cinco a tres el número de integrantes del Tribunal Estatal Electoral.

Hace apenas unos años el TEE pasó de tres a cinco magistrados y su designación se encargó al Senado de la República, a pesar de ser un órgano estatal. Ahora se encaminan los diputados a, cuando menos, revertir esa integración, no así el modelo adoptado en 2015.

Sólo nueve entidades del país tienen un tribunal electoral tan numeroso, lo que redunda en mayores gastos en servicios personales. No es congruente, por lo tanto, que en tiempos de austeridad se vayan recursos necesarios en pago de magistrados.

En ese punto confluyen las iniciativas del priista Bazán y las de los morenistas Benjamín Carrera, Francisco Humberto Chávez, Gustavo de la Rosa, Leticia Ochoa y Miguel Ángel Colunga.

Este punto apunta a ser el primero en el que pueden coincidir las fuerzas políticas estatales. Visto así puede ser una sentencia en contra de la actual integración del TEE, una sentencia que mandate su recorte y reconfigure las fuerzas internas del organismo jurisdiccional con miras a la elección del año próximo.

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Casi debieron haber muerto de envidia ayer los opositores internos de Juan Carlos Loera de la Rosa por la candidatura a gobernador 2021 cuando se enteraron que anduvo por Palacio Nacional.

El célebre delegado de los programas federales en Chihuahua estuvo convocado para participar en un encuentro de “evaluación” con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Loera estuvo al frente de los delegados regionales por Chihuahua y llevó la batuta a la hora de dar seguimiento a los temas abordados con AMLO, básicamente los relacionados con la pandemia Covid-19 y la reapertura gradual que viene en todos los órdenes.

Junto al “gobernador federal” de Chihuahua estuvieron sus coordinadores regionales Óscar Leos Mayagoita, Ivonne Contreras, Elizabeth Guzmán, Leticia Loredo, Flor Ayala, Fernando Duarte, Jorge Valdés, Mario Saldaña y Melissa Franco.