Opinión

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue

María Eugenia Campos Galván mejor conocida como Maru, quien es la candidata a la gubernatura por el PAN, actualmente se encuentra enfrentado un proceso penal por su probable responsabilidad en hechos que constituyen el delito de cohecho

Olivia Aguirre Bonilla
Académica

jueves, 04 marzo 2021 | 06:00

María Eugenia Campos Galván mejor conocida como Maru, quien es la candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, actualmente se encuentra enfrentado un proceso penal por su probable responsabilidad en hechos que constituyen el delito de cohecho. Comete este delito el servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, cuyas penas pueden ir desde los seis meses de prisión hasta los nueve años de prisión dependiendo de la cantidad o el valor de la dádiva o promesa.

Es importante precisar que dicha investigación no es reciente, sino que se sigue desde el 2017, pues el agente del Ministerio Público ha ido integrando la carpeta de investigación con la finalidad de allegarse de las pruebas necesarias para poder judicializarla. Preciso lo anterior porque mucho se ha argumentado por parte de Maru la supuesta violencia política de género que se sigue en su contra, sin embargo, lo cierto es que las acciones que se siguen en su contra no se dirigen a ella por el solo hecho de ser mujer, elemento que por cierto es indispensable para que se pueda actualizar la violencia política de género, sino por su probable responsabilidad en un delito.

Inclusive no resulta posible que se pueda identificar como violencia política en razón de género, porque no se encuentra en una situación de desventaja para acceder y ejercer sus derechos, tan es así, que ha ejercitado los recursos disponibles en contra de los actos que para ella han resultado violatorios a sus derechos humanos, como fue la demanda de amparo presentada por María Eugenia en donde reclama la omisión del Ministerio Público de expedir la totalidad de las copias certificadas relativas a la causa penal que se sigue en su contra y en consecuencia la solicitud para que no se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación, y que derivado de ello en el incidente de suspensión de fecha 22 de febrero de 2021, la jueza federal determina conceder la suspensión provisional para que no se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación hasta entonces no se resuelva la suspensión definitiva que por cierto dicha audiencia estaba programada para el 1 de marzo.

Por otro lado, la jueza federal señaló que una vez que la autoridad le haga entrega de la totalidad de las copias certificadas que solicitó, el juez de Control se encuentra facultado para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, pues con la entrega de las copias, quedaría superado el obstáculo para la celebración de la audiencia referida.

En ese sentido, el debido proceso ha seguido su cauce, y el Poder Judicial del Estado ha dado cumplimiento a las determinaciones del Tribunal Federal, pues de manera arbitraria no pueden pasar por alto la resolución de la juez de Distrito. 

Quienes señalan un pacto de impunidad entre el Poder Judicial del Estado y María Eugenia, considero que se equivocan, lo que hay es un debido proceso, que es respetuoso de los tiempos y las formas. Lo que resulta claro es que se debe llegar a la verdad de manera pronta y expedita para castigar a la persona que resulte responsable.

Y claro, también nos encontraremos con quienes intentan retrasar la justicia con la finalidad de acabar diluyendo la posibilidad de hallar la verdad, interponiendo indiscriminadamente recursos, utilizando toda clase de artimañas que buscan obstaculizar que la verdad salga a la luz, sin embargo, tarde que temprano saldrá a la luz.

Mientras tanto, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue para la audiencia de formulación de imputación en contra de María Eugenia Campos Galván por el delito cohecho.

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