‘No es un triunfo de la justicia’

En este mismo espacio que amablemente me concede El Diario de Juárez, escribí hace algunos meses sobre José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco” y su incidencia en la crisis de seguridad pública y el incremento de las actividades delictivas en la Sierra Tarahumara.

Hoy escribo nuevamente sobre él, pero en condiciones distintas, pues quiero reflexionar sobre las implicaciones de su homicidio, ocurrido la semana pasada, y también, sobre la reacción de la comunidad jesuita ante su muerte.

La Compañía de Jesús -conocidos como jesuitas- son una orden católica que se fundó en 1540 en París, Francia. Sus principios fundacionales son el acompañamiento de poblaciones que viven situaciones de abandono o injusticia, pues afirman que al estar en donde otros no pueden o quieren estar, se hace el bien más universal. También sostienen que es necesario ayudar directamente a quienes sufren, por lo que su labor se realiza principalmente con poblaciones originarias, comunidades empobrecidas, migrantes y refugiados.

Recordemos que los jesuitas llegaron a México desde 1572 y su trabajo misionero en Chihuahua se registra entre los siglos XVII y XVIII, según información de su propia página web. Hoy en día tienen presencia en gran parte del territorio nacional y trabajan en lugares colmados de violencia y pobreza, tal como la Sierra Tarahumara.

A lo largo de su historia, la orden ha sido tan vanguardista como polémica y se ha caracterizado por ser una agrupación exigente con las autoridades de los diferentes países en donde laboran. Asimismo, es importante recordar que los jesuitas cobraron gran visibilidad mediática a partir de la elección de uno de sus integrantes como el máximo dirigente de la Iglesia Católica, en este caso, Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el Papa Francisco el 13 de marzo de 2013.  

Fue el mismo Papa el que se pronunció sobre el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, conocido como “Padre Gallo” y Joaquín César Mora Salazar o “Padre Morita”, de 79 y 80 años, así como del guía de turistas Pedro Palma y el beisbolista Paúl Berrelleza, ocurridos en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, el 20 de junio de 2022; ambos religiosos habían hecho misión en la sierra por 51 y 23 años, respectivamente. 

De acuerdo con las autoridades, el autor material de los homicidios fue Portillo Gil alias “El Chueco”, por lo que la Fiscalía General del estado ofreció una recompensa de cinco millones de pesos por información que llevara a su captura, lo que nunca ocurrió. 

Casi nueve meses después, la Fiscalía General del estado de Sinaloa informó que el sábado 18 de marzo se localizó el cuerpo de un hombre en un camino de terracería entre el poblado La Viuda y la sindicatura de Picachos, en el municipio de Choix; el occiso presentaba diversos impactos de bala, incluido uno en la sien que se realizó post mortem y se calcula que al momento de su hallazgo tenía aproximadamente 24 horas muerto.

En la madrugada del miércoles 22 de marzo, diversos medios de comunicación digitales del estado de Chihuahua comenzaron a difundir crudas fotografías de dicha persona y se extendió la versión de que se trataba del mismísimo “Chueco”, a quien las autoridades buscaban frenéticamente por los homicidios de los ya referidos sacerdotes y por ser uno de los principales generadores de violencia en la sierra y en la zona occidente del estado.

Fue en la conferencia que ofrece el presidente López Obrador en Palacio Nacional cuando se confirmó la ejecución de quien pudiera ser el fugitivo buscado en Chihuahua, pero se señaló que aún debían realizarse los exámenes genéticos y dactiloscópicos correspondientes. Ese mismo día hubo otra conferencia, esta vez a cargo del titular de la Fiscalía General de Justicia de nuestra entidad, quien informó que familiares de Portillo Gil habían hecho ya la identificación del cadáver, pero que esperarían también las pruebas científicas.

La tercera conferencia fue encabezada por la gobernadora Campos hacia el final del día, quien se hizo acompañar por autoridades militares, de seguridad pública y procuración de justicia; ahí se amplió la información sobre el suceso y se agradeció el trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional con las dependencias estatales; también se afirmó que, como resultado del cerco militar y policial, “El Chueco” se vio obligado a huir al estado vecino.

Adicionalmente, hubo un mensaje para la Compañía de Jesús, en el que la mandataria chihuahuense insistió en que “…en el estado de Chihuahua prevalece y existe la justicia…”; sin embargo, la respuesta de la orden religiosa fue contundente, pues emitieron un comunicado en el que no solo lamentaron el fallecimiento de la persona, sino que reprocharon la difusión de las imágenes de su cadáver; enfatizaron que de tratarse de “El Chueco”, su aparición sin vida no representaba un triunfo para la justicia, ni tampoco era la solución a la violencia estructural que se vive en la región serrana.

Señalaron también que la muerte de Portillo Gil de ninguna manera era el resultado que la Compañía de Jesús esperaba y concluyeron así: “nunca hemos callado ni callaremos ante la violencia y la deshumanización. Seguiremos en la Tarahumara y en otras regiones de México, trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción del tejido social”.

Efectivamente, la muerte de un ser humano no podría considerarse una victoria en circunstancia alguna, ni siquiera si éste se dedicó en vida a actividades ilícitas. El homicidio de Portillo Gil no solo deja el problema central sin resolver, sino que es una muestra más de la violencia sistémica y la impunidad que se vive en este país.

Es desafortunado que algunos se regocijen por la muerte de “El Chueco”, pues a esta hora habrá 20 o 40 “Chuecos” más disputándose su lugar; este suceso debe llevarnos a la reflexión colectiva y a una mejorada acción gubernamental. Resulta innecesario que hasta de una situación como ésta se pretenda obtener ganancia política, pues eso no está a la altura que se espera de las autoridades y representantes populares en Chihuahua.

La violencia en la serranía y en otras regiones de la entidad no se solucionará implementando únicamente medidas reactivas de tipo policial o militar, mucho menos alentando reacciones de “ojo por ojo y diente por diente”. Es necesario romper el círculo vicioso e incidir desde los gobiernos para transformar la concepción social de venganza, castigo, sufrimiento o muerte como la única forma de acabar con la violencia y la delincuencia.

Insistiremos en que el modelo de seguridad pública tal como opera en Chihuahua está superado y debe sustituirse por un nuevo esquema que, entre otros factores, se sustente en un paradigma de construcción de paz, efectividad gubernamental y corresponsabilidad ciudadana, que se acompañe de políticas públicas transversales que puedan resolver de fondo del problema: la desigualdad socioeconómica, la pobreza y la falta de oportunidades para la juventud mexicana. 

Cierro retomando el mensaje que difundieron los jesuitas un mes después de los homicidios en Cerocahui y que puede sintetizarse en que las familias de las personas desaparecidas, las víctimas de feminicidio, los migrantes y periodistas asesinados, los desplazados por la violencia y en general las infancias y juventudes de este país siguen en espera de una justicia que simplemente no llega.