Opinión

OPINIÓN

No duermen en 4T por conducta de la GN

Los líderes políticos de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez y en el Estado arden en preocupación por los distintos casos que involucran a la GN en asuntos espinosos y hasta delictivos

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 24 noviembre 2021 | 06:00

-No duermen en 4T por conducta de la GN

-Morenista colgada de becas municipales

-Insiste en que es revocación, no ratificación

-Ya tiene Juárez ‘magistrado vicepresidente’

Los líderes políticos de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez y en el Estado arden en preocupación por los distintos casos que involucran a la Guardia Nacional (GN) en asuntos espinosos y hasta delictivos.

Uno de los más angustiados aunque con absoluta discreción ha sido el delegado de los programas federales, Juan Carlos Loera. Su equipo por toda la entidad ha recibido múltiples quejas que son elevadas a distintos niveles de esa corporación castrense pero no hay respuesta.

Allegados a Loera y equipos distintos al suyo que operan en Juárez han coincidido en las repercusiones negativas producidas ahora con el asesinato del muchacho paseño, Juan Carlos Medina, a manos de un militar justo perteneciente a la GN, esa niña de los ojos de la 4T.

En reuniones por separado, han concluido esos grupos (entre los que hay jefes del Cisen, Gobernación y hasta FGR) que precisamente el “incidente” ocurrido el viernes por la noche en los linderos del Puente Paso del Norte, o Santa Fe, presenta un sin fin de dudas que la GN debiera aclarar; en cambio, su silencio es tan hermético como posiblemente culpable.

Han tomado mucho material solo de las graves contradicciones surgidas desde que el adolescente fue asesinado el viernes pasado. También tienen conocimiento no de una necropsia, sino de dos, una donde presumiblemente fue atacado de frente, y otra, la primera, donde habría recibido el balazo por la espalda.

Y todavía falta que conozcan las versiones de la familia del muchacho, sus exigencias de justicia y la intervención de los Estados Unidos en el asunto, datos que presenta El Diario en su edición de este miércoles.

Tienen razón para la intranquilidad general. Aparte de ese caso en Juárez, también reciben a diario quejas por malos manejos en la Aduana y las inspecciones al menos “irregulares” que lleva a cabo la GN por todo el bordo fronterizo, desde Santa Teresa hasta más allá de Riberas del Bravo.

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La coordinadora de Morena en Juárez, Luz Elia Marín, se colgó de las becas del Gobierno municipal de Cruz Pérez Cuéllar, las cuales son entregadas por la Dirección de Educación que encabeza Martha Aracely González.

Hizo el anuncio la lideresa morenista en sus redes sociales (puede verse en La Columna versión digital), horas antes de un evento de entrega de referencias bancarias programado para ayer en el auditorio Benito Juárez.

Si bien hubo de por medio gestiones de varias fuerzas políticas, incluida Morena, el programa oficial es parejo y busca que la falta de recursos económicos no sea una limitante para que los estudiantes puedan continuar sus estudios.

El programa de becas de la Dirección de Educación busca alcanzar cuatro mil becas por trimestre en 2022, de tal forma que al finalizar el año se alcancen a entregar 16 mil apoyos económicos a la población estudiantil juarense.

Pero la dirigente no desaprovechó para llevar agua a su molino. Aunque en el pecado llevó la penitencia, dado que por las mismas redes sociales le respondieron.

“Es políticamente incorrecto, además de ser de pésimo gusto, firmar a título personal las publicaciones de la página oficial del comité ejecutivo municipal (de Morena)”, respondió uno de sus seguidores identificado como Manuel Alvarado.

“Habla del hambre de reconocimiento y de intenciones de promoverse utilizando el membrete. Bien por lo de las becas”, agregó.

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No fue la distritación electoral que se plantea para los próximos procesos federales, sino el tema del momento, la revocación de mandato, lo que acaparó las menciones en corto durante la visita de Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), a Chihuahua.

Murayama Rendón encabezó ayer en la capital del Estado el foro Distritación Nacional Electoral, donde participaron también Jesús Scherman Leaño, vocal ejecutivo del INE en el Estado y Yanko Durán Prieto, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Ahí se presentó el proyecto de distritación que el INE realiza en las 32 entidades federativas, así como las aportaciones de los expertos en geografía, demografía y matemáticas para definir las demarcaciones electorales con una mayor precisión y alcance.

Como se había dicho, no son sustanciales los cambios en el caso del territorio estatal, donde se mantienen los nueve distritos electorales federales, con proporciones de habitantes que en contados casos (Juárez y Parral) rebasan los parámetros normales.

Pero era imposible que el consejero del INE no fuera abordado por propios y extraños sobre el proceso de revocación de mandato que se organiza para realizarse el año próximo.

La crítica que enderezó Murayama Rendón fue por el activismo de Morena y personeros de la 4T, a quienes les ha dado por llamar “proceso de ratificación del presidente”, en vez de lo que constitucionalmente es, un proceso de revocación.

Esa estrategia para generar confusión, que se ha visto en los módulos de colecta de firmas instalados en gran parte del país, está en la mira de la autoridad electoral, a la que por cierto todos los días desacredita Palacio Nacional pese a tener en sus manos tan relevante elección.

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La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, tiene hoy su primera gira oficial por Juárez, para hacer un recorrido por la Ciudad Judicial igual que el realizado por la capital hace unos días.

Hará lo mismo por la sierra y otros puntos de la entidad los próximos días, de acuerdo con quienes manejan la agenda de la justicia estatal en esta nueva etapa.

Hernández Acosta vendrá con el secretario general recién ratificado ayer, Fernando Mendoza, y supervisará la operación de salas y juzgados, con la intención de que se vea mayor atención a la labor jurisdiccional en esta frontera, sede del conflictivo y enorme Distrito Judicial Bravos.

Pero como la presidenta no podrá estar todos los días en la ciudad más grande del Estado, se habla de que, desde la semana pasada, ya dispuso que el exduartista magistrado, Filiberto Terrazas, sea una especie de “vicepresidente” del TSJE en Juárez.

Obviamente el cargo no existe en lo formal, pero por la cercanía con la nueva presidenta, por la necesidad de tener ojos y oídos aquí, el titular de la Segunda Sala de lo Civil con sede en esta ciudad ya es considerado como tal, sin necesidad de un nombramiento oficial.

Terrazas Padilla fue de los marginados en el quinquenio pasado por su origen en el proceso de los oxigenadores, del que también resultó seleccionada Hernández Acosta; desde entonces hay afinidad y cercanía entre ambos.

De ahí, pues, que sea sobre el magistrado en el que descansa parte de la estrategia de reposicionamiento del Poder Judicial que encabeza la primera mujer presidenta.

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Armó un desastre la anterior administración estatal en el tema de permisos y autorizaciones para realizar obras, dejando un tiradero a lo largo de las principales calles.

Pasó por alto cualquier espera, dando por hecho que serían otorgadas las autorizaciones como por arte de magia, sin revisión alguna.

Como consecuencia, puentes mal construidos, vialidades chuecas y sin accesos, un verdadero problema para los automovilistas que aún no tiene una solución a fondo.

Nula planeación y cuidado técnico en temas delicados de ingeniería, con millones de pesos en juego, con licitaciones directas y negocios descarados.

Eso es lo que se trata de evitar precisamente con las regulaciones y controles que tiene cada dependencia para otorgar permisos, y es precisamente el fondo del acuerdo presidencial publicado en edición vespertina en el Diario Oficial de la Federación.

Por medio de éste acuerdo, se declaran de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, prácticamente en todas las áreas y modalidades.

Tendrán que responder las dependencias del gobierno federal en cinco días a la solicitud del área que ejecuta la obra y si no lo hace, se entenderá otorgada en sentido afirmativo.

Muy lejos de ser menor el asunto, porque una cosa es que queden medio chuecos los puentes y otra que esté en discusión la autorización del uso del espacio aéreo para el arribo y despegue de aeronaves, pensando en el aeropuerto Felipe Ángeles.

Se anticipa la judicialización del acuerdo, porque muchos de los trámites están en ley, y como dicen los litigantes, una norma menor, aun cuando sea un acuerdo presidencial, no puede estar por encima de esta.

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