Opinión
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No aguantó y les dice que no tienen vergüenza

Son numerosos los funcionarios estatales infumables para sus iguales y más para sus subordinados pero hay dos que se han ganado ya doble estrellita en la frente porque resaltan entre todos ellos

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 22 mayo 2020 | 06:00

• No aguantó y les dice que no tienen vergüenza 

• ‘La extorsión empresarial en Juárez’ 

• Hay marginación de los 3 mil millones 

• En ejecuciones la frontera rompe el promedio 

S on numerosos los funcionarios estatales infumables para sus iguales y más para sus subordinados pero hay dos que se han ganado ya doble estrellita en la frente porque resaltan entre todos ellos. Uno es Juan Manuel Escamilla, capitán retirado y jefe de escoltas del gobernador, Javier Corral Jurado; y Manuel del Castillo Escalante, coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, a quien sus propios homólogos ya motejaron como “Igor”, el de los Mascabrothers. Hablaremos esta vez del segundo de ellos, a Escamilla lo dejaremos para la próxima semana. Del Castillo presume que lo suyo es la mano izquierda y la piel gruesa pero en esa jactancia esconde totalmente lo contrario, intolerancia y un genio del demonio, dicho en expresión clásica. 

Leamos sus palabras escritas hace unos días en un chat de funcionarios del mismo nivel que él. La diplomacia brilla por su ausencia: “De verdad me tengo que enterar por aquí de esta nota de este nivel? Y todavía me regatean instrucciones? No tienen vergüenza, qué poca calidad y sensibilidad de servidores públicos”. Hizo explotar de nueva cuenta su enojo, su verdadero yo, porque alejado varias cuadras del desfile de la información, quedó fuera de alguno o varios aspectos sobre datos periodísticos relacionados con los asesinatos de un estadunidense y su pareja (Karla Baca y Pat Landers), ocurridos el 20 de abril en esta frontera. 

Tras aquellos hechos intervino de inmediato el consulado de los Estados Unidos en Juárez y el caso cobró notoriedad en los medios nacionales. Quizá ahí se perdió “Igor” y estalló. La culpa no fue de nadie, sólo de él. El problema para sus compañeros funcionarios es que no le ha bajado de espuma al coraje. Los desplantes y los arrebatos son cotidianos. Nadie lo aguanta por muy virtuales que sean los estallidos. 

No hay esperanza de cambio en Del Castillo. Sus antecedentes inmediatos lo descubren. Y eso que tiene al frente del cargo apenas desde noviembre del año pasado. En enero de este año puso como lazo de cochino y amenazó a sus subordinados porque se filtraron asuntos internos de la oficina a los medios de comunicación. Giraba instrucción para compartir las entrevistas que el gobernador tenía con su televisora (favorita), el Canal 28. “Espero que renuncie antes de que lo encuentre”, advirtió sin temor alguno en un chat con decenas de subordinados. La mayoría se indignó y no faltó quienes también hicieron pública esa advertencia. Así anda de mal humor la comunicación social del gobierno chihuahuense. 

Si no hay buen ambiente entre el personal de la misma dependencia, tampoco entre los funcionarios de primer y segundo nivel, no deben esperarse resultados positivos para la sociedad que paga por esa estructura enorme ni tampoco para la imagen del gobernador Corral, que ha tenido en esa área una de sus más molestas piedras en el zapato. 

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Un informe completo del gasto asignado al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, da cuenta de una increíble exclusión de Juárez. El tan publicitado programa que presume el gobernador Javier Corral todos los días divide a la entidad en seis regiones, de las cuales la frontera aparece en una de las posiciones más lejanas de la cola. 

Según el reporte de la Secretaría de Hacienda, en la región de Chihuahua se han aplicado recursos por 64.6 millones de pesos, en la de Cuauhtémoc 50.1 millones, en la de Parral 39.3 millones, en Juárez 21.7 millones, en Delicias 16.6 y en Nuevo Casas Grandes 10.2 millones de pesos. Eso se ha dispersado en recursos a empresas y personas de forma directa, en forma de todo tipo de apoyos. Suman 202 millones de pesos en 253 mil 490 “acciones” de beneficio, o sea que cada una es de alrededor de 800 pesos por persona, como apoyo para enfrentar la pandemia. De este informe surgen grandes interrogantes sin respuesta: ¿dónde están los tres mil millones de pesos de los que supuestamente se compone el Plan Emergente? ¿En qué se han gastado o se va a gastar el resto? Si esto es todo lo que se alcanza a dispersar en apoyos directos evidentemente es muy poco para las proporciones bíblicas de la crisis. 

El otro cuestionamiento sin explicación es el criterio de asignación de apoyos, que se ha dado en absoluta opacidad. Si Ciudad Juárez concentra a casi la mitad de la población, con una problemática agravada por el fenómeno migratorio, ¿por qué aparece en cuarto lugar de las seis regiones? ¿Cómo pueden estar por encima Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral que tienen una población infinitamente menor? Destinar el 10 por ciento de esos recursos emergentes a la población juarense -cuando es la ciudad con mayor cantidad de habitantes y la problemática más compleja de salud, empleo, seguridad- es una diferenciación casi criminal. Es peor darle eso que dejarla con nada en ese universo de tres mil millones de “mentiritas”. Nada qué presumir y nada de qué enorgullecerse para cualquier plan gubernamental. 

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Se desvivió el gobernador con un reporte de México Evalúa en materia de inversión con motivo del Covid que coloca a Chihuahua en un muy buen sitio nacional, con todo y sus deficiencias en transparencia financiera y operativa, y el forzado micrositio armado a todo vapor y atropelladamente. Ahí mismo, en la página web de la organización de la sociedad civil México Evalúa hay un apartado que el gobernador no observó. 

Ceguera de taller dirán algunos, pero no es menor el dato que se oculta tras ese disimulo flagrante. Se llama el estudio “La extorsión empresarial en Juárez”, al cual Corral ni volteó a ver. Seguramente la tiene presente, pero le sale urticaria. Dice el estudio que en Chihuahua, más que en el resto del país, la extorsión es un problema muy grave. “...en el estado de Chihuahua el problema de la extorsión empresarial dentro de este segmento del empresariado es aún más grave. La extorsión es el segundo delito más frecuente (después del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes) que sufren los empresarios en ese estado...”. 

Demoledor. Tiene el nuevo amanecer casi cuatro años en el poder y no hay disminución ni combate certero a este flagelo que lastima el alma productiva de la entidad, sus empresarios, que todos los días deben enfrentar a una parvada de delincuentes que los tienen en un solo suspiro. Bien haría cuando menos en hojearlo, porque trae recomendaciones puntuales para atender el problema propiciado por la delincuencia organizada que opera a sus anchas y en la más completa impunidad. 

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Mientras hay municipios del país que registraron bajas de entre el tres y el 30 por ciento en ejecuciones, existen dos donde lejos de un decremento hay alzas galopantes. Son Juárez en Chihuahua y Juitepec en Morelos los que muestran incrementos del 25.4 y del 21.2 por ciento, respectivamente. 

El indicador se sale de todas las proporciones marcadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien presentó un informe de la incidencia delictiva el pasado miércoles desde Palacio Nacional. Obviamente que Durazo y los mandos de la Guardia Nacional omitieron profundizar en las excepciones a la supuesta baja de homicidios dolosos que hubo durante abril. Baja que además de supuesta fue prácticamente imperceptible, pues medio centenar menos en un mes, en un país donde se matan a más de 100 diarios, no puede considerarse una tendencia. La dinámica que sigue la frontera, por lo tanto, escapa a cualquier lógica nacional de combate al crimen y a la violencia. 

Juárez rompe todo promedio porque autoridades estatales y federales, a cargo de enfrentar el crimen organizado, han optado por el camino fácil de ignorar el problema de seguridad; además han permitido que mandos policiacos cuestionables “administren” -y se enriquezcan en el camino- a los grupos criminales. Es Juárez el que pone al estado en el tercer lugar nacional en ejecuciones. Y ni por eso se advierte una política clara de contención de la violencia en las instancias directamente involucradas.