Opinión

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Ni el que arreó las vacas contesta el teléfono

El gran juez, Javier Corral Jurado, anduvo loco de felicidad por la subasta de 181 becerros, vacas y toros llevada a cabo en la Asociación Ganadera Local de Chihuahua

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 19 septiembre 2021 | 06:00

El gran juez, Javier Corral Jurado, anduvo loco de felicidad por la subasta de 181 becerros, vacas y toros llevada a cabo en la Asociación Ganadera Local de Chihuahua.

Escribió evidentemente eufórico un tuit con todos los datos complementarios. Dijo que sus vaqueros, o agentes de la Fiscalía General de Justicia, trasladaron el 23 de julio 181 cabezas de ganado del Rancho Santa Rita a la mencionada organización ganadera, “las cuales se vendieron en subasta pública el 26 de julio, obteniendo como ganancia un millón 780 mil pesos, un promedio de 9 mil 862 pesos por animal, excelente venta!”.

Vender a menos de 10 mil pesos ganado que vale un promedio de 28 mil pesos no parecería una “excelente venta”, pero eso lo verán luego los técnico-jurídicos que descubrieron irregularidades y hasta complicidades entre los ministerios públicos y varios renombrados ganaderos.

Ese rancho fue uno de los incautados al exgobernador César Duarte mediante la aplicación de una pifia legal instrumentada por Corral, Extinción de Dominio. Aunque no se tiene certeza de ello, pues se habla que el juez de la causa decretó el abandono, figura que está vigente en la legislación de extinción de dominio a partir de 2019, casi tres años después que Duarte dejó el poder, pero Corral incluso habla de expropiación. Le faltan asesores jurídicos al exgobernador.

Es un principio universalmente reconocido en prácticamente todos los sistemas jurídicos del mundo que la ley no puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de los gobernados.

Significa lo anterior que no se puede perjudicar a nadie en su esfera jurídica de derechos y obligaciones, con leyes que hayan entrado en vigor después de que determinados actos hubieran tenido lugar.

En pocas palabras, no se pueden crear leyes para castigar o sancionar situaciones que hayan acontecido antes de que estas entraran en vigor. Esto tiene que ser una realidad palpable en todo sistema jurídico que se precie de ser democrático. Ni más ni menos.

Este fue uno de los tantísimos osos cometidos por el exgobernador en su propósito por ver disuelto en el ácido del descrédito y tras las rejas a su odiado enemigo, César Duarte.

Gracias al empuje de Maru Campos en la ciudad de Chihuahua y algunas pequeñas transas de carácter electoral, Corral aplastó los planes futuristas de Duarte junto a Enrique Serrano en el 2016, pero buscó no dejar muestra de él ni para autopsia porque exhibió el ballezano durante la campaña el historial delictivo en los Estados Unidos de dos hermanos Corral Jurado. Narcotráfico y fraudes los delitos.

“Recordemos que ese rancho (el Santa Rita) es una de las propiedades más extensas que le expropiamos al exgobernador C. Duarte. Supera el fundo de la ciudad de Chihuahua. Ahí crió ganado vacuno fino y animales exóticos. El Registro Público de la Propiedad decretó que es propiedad estatal. ¡El pueblo decidirá su destino!”. Remató al grado del paroxismo el ahora exmandatario tras aquella subasta.

Esta última semana fue de infarto sobre ese tema. Saltó la sorpresa de que la propia Fiscalía General de Justicia todavía bajo la administración de Corral Jurado, unos días antes de entregar los bártulos a Maru, pidió al juez correspondiente retirar los embargos a las propiedades a Duarte.

El juez respondió en sentido positivo, pidiendo sean quitadas las anotaciones inscritas para los efectos en libros... ¡del Registro Público de la Propiedad!

Se dice que el fiscal marucampista, Roberto Fierro, advirtió el cúmulo de responsabilidades en que pudieran incurrir los funcionarios que habían cometido estos atropellos y se negó a continuar con esta ilegalidad. No recibió esos expedientes... o esos procesos.

De ahí que la Fiscalía, durante los últimos días de gobierno de Corral, se haya desistido del juicio de extinción de dominio respecto a estos bienes para evitar que se les fincara cualquier tipo de responsabilidad a los funcionarios que hubieran avalado estos absurdos.

Quiere decir entonces que recuperó Duarte Jáquez sus inmuebles y los haberes en ellos, desde luego el ganado. En su momento, será el Estado de Chihuahua quien deberá pagar los platos rotos al exgobernador indemnizándolo. Todo por las presumibles arbitrariedades y la actuación visceral de Corral Jurado.

***

Es importante hablar un poco de la figura de la extinción de dominio en el sistema legal vigente para comprender todo lo descrito.

A partir de la guerra (después denominada “Lucha”) emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, algunas medidas públicas (muchas de ellas incluso draconianas) tuvieron que adoptarse para respaldar esta política. Una de ellas fue precisamente, la inclusión de la figura de la extinción de dominio.

Uno de los razonamientos para incluir esta figura, era precisamente que muchos presuntos delincuentes lograban salir absueltos de los procesos penales que se les instauraban, y mantenían los recursos que habían obtenido de dichas actividades presuntamente ilícitas. De esta forma, se generaba un círculo vicioso en el cual, los presuntos delincuentes salían absueltos y mantenían sus recursos para seguir cometiendo actividades ilícitas. De ahí, que se creara esta figura que, a juicio de muchos juristas de corte garantista, era excesiva.

La extinción de dominio tiene, en pocas palabras, el objetivo de privar de la propiedad de bienes a presuntos delincuentes (al margen del resultado del juicio penal en su contra) a través de un juicio de carácter civil, si estos bienes fueron instrumento, objeto o producto del delito, entre otros supuestos.

En Chihuahua, la primera legislación en materia de extinción de dominio entró en vigor durante el gobierno de Reyes Baeza, en el año 2010. Dicha ley, que estuvo vigente hasta 2019, permitía la extinción de dominio en relación con la comisión de cuatro delitos: secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y narcomenudeo. Este listado llamado técnicamente taxativo, impide la extinción de dominio en otra clase de conductas delictivas.

En materia federal, existía una legislación análoga, misma que se aplicaba restrictivamente también a un listado reducido de delitos.

Posteriormente, el 9 de agosto de 2019, se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, misma que abrogaba todas las leyes de extinción de dominio de las entidades federativas y la federal de la materia, ampliando el catálogo de delitos por los cuales procede la extinción de dominio, entre ellos, delitos de corrupción.

En 2020, a pesar de estar el Congreso del Estado de Chihuahua acotado para legislar en materia de extinción de dominio, se reformaron diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, para incluir en esta ley, diversas disposiciones extintivas de dominio por parte del gobierno de Javier Corral.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de estas reformas, misma que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decretando su inconstitucionalidad por invadir una materia exclusiva federal.

Este antecedente nos sirve para ilustrar las arbitrariedades cometidas en el gobierno de Javier Corral en el tema del aseguramiento y extinción de dominio de bienes del exgobernador César Duarte, como fue referido en párrafos anteriores.

El 24 de abril de 2021, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició un proceso de extinción de dominio de determinados bienes en contra de César Duarte, Gerardo Villegas, y Antonio Tarín, por presuntos actos de corrupción. Es importante recordar que procede la extinción de dominio en materia de delitos de corrupción, únicamente a partir de 2019 en que entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es decir, para los presuntos delitos cometidos durante el gobierno de Duarte (2010-2016) esta norma resultaba aplicable únicamente a los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y narcomenudeo.

Aunado a lo anterior, respecto a los bienes del exgobernador que se pretendía extinguir el dominio, son en su mayoría, bienes que adquirió antes de ser gobernador de Chihuahua. Así aparecen el Registro Público de la Propiedad. Es decir, las fracciones de El Saucito, Rancho de En Medio, el Aranjuez, entre otros, son bienes que Duarte había adquirido antes de asumir la gubernatura. En pocas palabras, a Duarte Jáquez se le pretendía extinguir el dominio de bienes adquiridos antes de que fuera electo gobernador, con una ley que entró en vigor más de tres años después que dejó el poder.

Por otro lado, dice Corral que muchos de los bienes del gobernador se encuentran asegurados. Puede ser cierto, pero aquí hay otro gran detallito de relevancia, le han negado al detenido en Miami y a sus abogados el acceso a las carpetas de investigación.

No se sabe de qué acusaciones derivan dichos aseguramientos, que además, no pueden exceder de 90 días conforme a la legislación vigente. Podría ser una mentira más de Javier Corral.

Así el resumen. Hay muchas lagunas informativas. Corral dijo en su último mensaje que su exfiscal, César Peniche Espejel, cuyos agentes arrearon el ganado hasta la subasta, saldría al quite para aclarar justo los “decomisos” de propiedades duartistas y para desmentir que la Fiscalía se haya desistido de los mismos.

Peniche no salió y los resolutivos del juez son ahora públicos: vuelven ranchos y casas a manos de Duarte Jáquez.

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