Opinión

Mujeres y niños primero

Los recientes recortes en los subsidios federales a programas como estancias infantiles y refugios para víctimas de violencia...

Cecilia Ester Castañeda
Escritora
jueves, 07 marzo 2019 | 06:00

Los recientes recortes en los subsidios federales a programas como estancias infantiles y refugios para víctimas de violencia doméstica resaltan la necesidad de proteger mejor nuestros esquemas de asistencia social. No es posible que servicios de una prioridad así sean tan vulnerables a las políticas cambiantes con cada administración.  

Es la historia de siempre, un defecto del aparato gubernamental: cuando por fin se logra consenso, se pasa por el proceso de asignación de partidas presupuestales, se ejercen los recursos, se canalizan y se ha establecido una red empleada por los beneficiarios, cambian las prioridades. Entonces se vienen abajo proyectos, trabajo, respaldos y oportunidades, quizá de años. Aun más, el derrumbe acarrea consigo pérdida de confianza, optimismo, esperanza.  

Hemos visto programas que nunca se concretan, elefantes blancos sin abrir, así como obras canceladas tras el cambio de gobierno. El caso de las guarderías resulta especialmente lamentable porque está afectando un entarimado social conformado por ciudadanos que contribuyen a la prestación de un servicio indispensable mediante un sistema cuyo alcance se basa en su ubicación descentralizada, cercana a las usuarias. Y, dicen las encuestas, en Ciudad Juárez cerca del 30 por ciento de los hogares son de jefatura femenina. 

En cuanto a los albergues para víctimas de violencia doméstica, ¿tiene comparación poder acudir a un lugar preparado especialmente para recibirlas en un momento de peligro? En repetidas ocasiones se ha reportado lo difícil que resulta ocultarse de un pareja violenta, la necesidad de apoyo —físico, sicológico, legal, laboral— por períodos prologados e incluso la intensificación del riesgo cuando se intentan romper los lazos con el agresor. Precisamente por eso conviene reunir en lugares específicos los recursos que se han desarrollado al respecto. 

Si en la capital mexicana de los feminicidios en el 2018 —Ciudad Juárez, según publicó El Diario— aún no se concluye la labor de sensibilización de los funcionarios públicos sobre los delitos de género, ¿podemos esperar que una mujer en peligro de muerte encuentre en la burocracia el respaldo necesario? Desde principios de los años 90 aquí cobraron fuerza los esfuerzos de concientización y profesionalización sobre los delitos contra la mujer y todavía nos falta mucho por avanzar. ¿Es factible que durante seis años de gobierno se formen los canales capaces de albergar en forma adecuada a las víctimas de violencia familiar? 

No basta entregar dinero. Hacen falta redes de apoyo, las redes de apoyo capaces de ofrecer sus servicios gracias a su organización, su experiencia, su cuerpo de voluntarios y al financiamiento que reciben por parte de varias fuentes, entre ellas el Gobierno. Difícilmente, sin embargo, lograría una mujer tener por sí misma acceso a ese tipo de recursos mediante el subsidio directo faltando la estructura necesaria.

Por lo tanto es preocupante desmantelar redes en funcionamiento antes de establecer y probar sistemas nuevos. La transparencia siempre es benéfica, pero decepciona que en vez de sancionar a los responsables de las presuntas irregularidades el Gobierno federal parezca preferir poner en riesgo a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad por desconfianza a la sociedad civil organizada.

Su presencia de cerca permite a esta ser la primera en detectar necesidades y en hallarse en posibilidad de ofrecer auxilio y de diseñar las estrategias locales, dicen los expertos. En el caso de Ciudad Juárez, la crisis de violencia dejó claro lo valioso de la participación ciudadana activa. Ese impulso no debe perderse.

Habrá quien diga que ofrecer guarderías y refugios para mujeres maltratadas es trabajo del Gobierno. Sin duda también lo es la atención de los migrantes, pero sólo mire la escasa respuesta oficial ante miles de centroamericanos de paso por la frontera. 

Como sociedad debemos proteger a las estancias infantiles y los refugios. Eso quiere decir diseñar esquemas con los cuales no dependan tanto de los subsidios gubernamentales. Implica, sobre todo, asegurarnos de colaborar de una u otra manera con esos u otros servicios de organizaciones civiles que nos vuelven más fuertes. 

Es cuestión de sobrevivir en comunidad.