Opinión
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Muerte, robo... y ahora sabotaje en hospitales

No es un análisis superlativo, exagerado; es la realidad sufrida cotidianamente por enfermos, sus familiares, médicos, enfermeras y personal de todos los hospitales que conforman el sistema de salud en Chihuahua

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 19 enero 2020 | 06:00

No es un análisis superlativo, exagerado; es la realidad sufrida cotidianamente por enfermos, sus familiares, médicos, enfermeras y personal de todos los hospitales que conforman el sistema de salud en Chihuahua.

Quien ahora ingresa a un hospital desconoce si saldrá vivo. Un resfrío se convierte en una pulmonía, luego en una neumonía... insólitamente después en muerte y en luto. No es culpa de los equipos médicos, es de la ineptitud y la corrupción gubernamental.

Resultan inapelables tales afirmaciones, sin posibilidad objetiva para esas réplicas de las que se lamenta el gobernador que no le publican. Veamos algunos botones de muestra para encaminarnos hacia el objetivo central de la presente entrega: el antes y el después del Seguro Popular en su tránsito hacia el Instituto Nacional de Salud para el  Bienestar (Insabi).

1. Apenas inició su régimen Javier Corral, entregó 80 millones de pesos en adjudicación directa a la empresa farmacéutica Egro para la adquisición de medicamentos que serían distribuidos en todo el Sector Salud del Estado. En julio del 2018 era demandada la empresa por incumplimiento y la empresa demandaba al Estado por falta de pagos. Entramado de corrupción.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) descubrió responsabilidades penales en un manejo superior a los 54 millones de pesos. Egro no únicamente fue incapaz de abastecer adecuadamente las medicinas, sino que las vendió hasta 178 por ciento más caras al Estado.

Aparecieron en todas esas operaciones el exsecretario de Salud, Ernesto Ávila, y quien firmaba como director administrativo del Instituto Chihuahuense de Salud, Jesús Gilberto Baca Guardiola. Ni éstos ni otros funcionarios han sido sometidos a proceso por el criminal comportamiento que afectó directamente durante todo 2017 a los usuarios del sistema de salud.

2. En julio del 2019 pacientes del Hospital General en la ciudad de Chihuahua denunciaban la falta de bolsas de orina que debían ser reemplazadas por bolsas comunes de plástico. Desde el 20 de julio era señalada la carencia de insumos generales, hasta cloro y jabón para limpieza de pisos y utensilios para alimentos.

3. Desde principios de octubre y casi hasta diciembre del año pasado hubo protestas de personal médico y administrativo al continuar la falta de insumos en hospitales y centros de salud de Ciudad Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Gómez Farías, Cuauhtémoc, Parral, Ojinaga, Camargo, Jiménez, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo...

Privaba y sigue privando la desorganización en el Gobierno del Estado. En mayo del 2017 fueron reportadas las muertes de tres niños en el hospital de Guadalupe y Calvo por infecciones hospitalarias. Hoy mismo siguen las denuncias por falta de medicamentos para niños con cáncer en los hospitales infantiles de Chihuahua y Juárez.

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En salud ha sido catastrófico el manejo por parte del Gobierno del Estado. Hay desinterés y malversación inocultables e impunes.

Para ocupar el cargo de secretario de Salud fue designado en principio el anestesiólogo Ernesto Ávila, con fuertes ligas e intereses en el sector privado, particularmente con un grupo empresarial asentado en la ciudad de Chihuahua, bajo el padrinazgo del exgobernador Francisco Barrio, que colocaba adecuadamente sus fichas.

Los rumores de privilegios cuando menos a un hospital con subrogaciones fueron el pan de cada día en los pasillos de clínicas y hospitales de mayor tradición que fueron desplazados en el envío caprichoso de pacientes.

Sólo era y es un servicio para privilegiados en el nuevo amanecer, empezando por la nomenclatura de funcionarios de primer y segundo nivel. 

Si antes los servicios eran malos, con el nuevo régimen se convirtieron en pésimos. El abasto de medicamento ha sido desastroso. No ha podido resolverse por más que se hable de compras consolidadas con el Gobierno federal, que en realidad no fluyen con la celeridad debida. 

Sigue el negocio de primer, segundo y tercer nivel. Las empresas favorecidas con los contratos multimillonarios de abasto caen en el incumplimiento del 60, 70 u ochenta por ciento de las claves de medicamento, sólo para que otras empresas hagan su agosto con medicamentos al 200 ó 300 por ciento de su valor, y eso cuando los hay. Negocio pingüe.

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Los informes rendidos por el Régimen Nacional de Protección en Salud para los primeros semestres de 2017 y 2019 no dejan lugar a dudas de un pésimo ejercicio.

A mitad de 2017 Chihuahua destacaba entre los estados del país que tenían la menor afiliación, con un 99.3 por ciento. 

Estamos hablando en ese entonces de un millón 200 mil habitantes beneficiarios del Seguro Popular. Esas décimas porcentuales se convierten en decenas de miles de personas sin acceso al servicio médico. Desafortunadamente las que menos tienen y menos pueden.

Pero no es nada. Tres años después, en el semestre enero-junio de 2019, el dato cayó a 87.3 de afiliación registrada. El retroceso es evidente.

En cuanto a canalización a institutos nacionales de salud mediante el sistema de compensación federal hacia las entidades federativas, Chihuahua apenas registró dos casos, por los cuales obtuvo una retribución financiera por 47 mil pesos, cuando otras entidades canalizan cientos de pacientes para brindarles un mejor servicio. 

Para 2019, en el primer semestre –aún más alarmante–, sólo un caso fue turnado, por el cual se obtuvieron recursos por cinco mil 576 pesos.

Los servicios de atención médica del extinto Seguro Popular eran prestados por unidades médicas que debían acreditarse mediante certificaciones rigurosas de procesos y personal. En 2017 estaban acreditadas para aplicar Cauces un total de 226 unidades, pero para 2018 fueron sólo 51 y en mayo de 2019 fueron 53.

Más grave aun. Consta en el informe correspondiente a junio de 2019 el uso de recursos provenientes del Seguro Popular para el pago de personal de unidades médicas no acreditadas, que en 2018 ascendió al 43 por ciento de los recursos, una cifra nada despreciable calculada en 203 millones de pesos.

Una anomalía financiera que se repitió de nuevo en 2019, pero ahora por la cantidad de 11 millones de pesos, el 10 por ciento de los recursos destinados para tal efecto el primer semestre.

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Si ha sido pésimo el manejo del Seguro Popular, ¿cómo se va a ser eficiente en el manejo no adherido del Instituto de Salud para el Bienestar?, donde todo va a continuar igual para seguir peor.

En realidad, Chihuahua busca desesperadamente preservar para el 2020 los tres mil novecientos millones de pesos de Servicios de Salud y los mil 624 millones del Instituto Chihuahuense de Salud. 

Servicios de Salud e Ichisal tienen presencia en todos los municipios de la entidad. El primero en la zona rural y el segundo en la zona urbana. Después de la Secretaría de Educación estatal incluyendo el sistema federalizado, Salud maneja la mayor cantidad de personal. Son operadores políticos.

Se busca que las licitaciones sigan convenientemente corriendo por cuenta del Estado por más que se hable de compras consolidadas. Que sigan fluyendo los mil 200 millones de pesos o más vía la coordinación fiscal del Insabi, aunque los chihuahuenses paguen con su vida y el sufrimiento de sus familiares el costo de la ineficiencia e irresponsabilidad en la prestación de servicios de salud, con tintes claros y evidentes de auténtico sabotaje a la Cuarta Transformación.