Motín, muertos e incendios... control de reos

-Motín, muertos e incendios... control de reos

-Solo nueve millones para medicamentos

-No moverán a jueces cada cinco años

-La sacudida en Obras Públicas

Todos los caminos de la violencia de gran impacto llevan a los tres principales Ceresos del Estado. Son un polvorín permanente el tres de Juárez, que ayer registró el enésimo motín de sangre y muerte; el uno, de Aquiles Serdán, ubicado en la zona conurbada de la ciudad de Chihuahua; y la llamada Unidad de Bajo Riesgo, mejor conocida como la Penitenciaría, también localizada en la capital del estado.

En tiempos de José Reyes Baeza como gobernador fueron gigantescas y de resonancia internacional las confrontaciones en los Ceresos de Chihuahua. Murieron decenas al interior de los mismos. También fueron consecuencia de la guerra al narco declarada por Felipe Calderón.

Con César Duarte y Javier Corral disminuyeron los asesinatos, pero quedó el autocontrol de los reclusorios por parte de los presos. Esta conclusión aparece repetida en todos los estudios llevados a cabo por órganos derechos humanistas oficiales.

Esos son diagnósticos importantes, los de las comisiones de derechos humanos, pero los llevados a cabo por órganos de investigación e inteligencia tanto del Estado como de la Federación han sido alarmantes y presentados muchas veces.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Fiscalía General de la República e inteligencia militar, han presentado radiografías completas sobre el desarrollo delictivo tanto adentro como afuera de los penales.

“Sorpresivamente” hay noticias sobre los traslados de reos a otros reclusorios cuando la olla parece a punto de estallar, pero el autocontrol interno no ha sufrido mella. De ahí motines como el de ayer con saldo de tres muertos, varios heridos. Afuera los incendios intencionales en tiendas de conveniencia y balaceras diversas.

Por temor o por complicidad, los directivos de los penales rechazan toda incursión “ajena” a sus instalaciones. Inclusive para los policías de investigación, federales o estatales, es una odisea lograr acceso a los internos por trabas y sabotajes de custodios, jefes de custodios, etc.

La pelea ocurrida ayer inició antes de las diez de la mañana; a la una de la tarde no eran convocados los elementos ministeriales ni los estatales. Fueron requeridos hasta que aquello quedó convertido en motín sin control y había qué dar fe de los cadáveres.

Es innegable que las pandillas pertenecientes a los grandes grupos delictivos operaron de manera sincronizada adentro y afuera del Cereso aún después de la revuelta.

Vendrán más operativos de traslados y posible calma por conveniencia algún corto tiempo, pero luego serán repetidos más episodios semejantes o peores al de ayer si no son implementadas las urgentes acciones que lleven a la recuperación de los Ceresos por parte del gobierno.

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En el caminito de hurgar en el ejercicio del presupuesto federal para el estado de Chihuahua, nos encontramos con un par de datos en verdad interesantes.

Advertimos que se trata de datos oficiales, bajados en excel de la página oficial respectiva, denominada transparencia presupuestaria, observatorio del gasto, elaborado por la Secretaría de Hacienda.

En el rubro de salud encontramos, por ejemplo, que son tres los grandes capítulos de gasto, el 2000, el 3000 y el 4000, destinados cada uno de ellos, respectivamente, a materiales y suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

En el primero, hay un rubro dedicado a medicinas y productos farmacéuticos, que no tenía recursos presupuestados, pero al cual posteriormente le fueron asignados algo así como nueve millones de pesos. Ambas situaciones ridículas y a bote pronto inexplicables.

De acuerdo con el reporte indicado, de esa cantidad solo se han ejercido cerca de dos millones de pesos. De por sí los nueve millones no son nada, dos millones lo son menos, ejercidos todos por el Instituto del Bienestar.

Otro asunto. En el capítulo denominado 4000, las transferencias realizadas a la fecha son del orden de 690 millones al segundo trimestre, la mitad de lo presupuestado en el año, que son mil 300 millones de pesos.

Aquí lo delicado es que esos mil 300 millones no aparecían en el monto inicial aprobado –así dice el excel-, sino que surgieron de una necesaria y correcta modificación posterior.

Alguna razón habrá en este manejo presupuestal, que tenía en ceros ese capítulo. Nunca es tarde para rectificar, máxime en materia de salud.

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Pueden los jueces y magistrados federales de todo el país ir desempacando las maletas, porque no prosperó la ocurrencia de moverlos cada cinco años, con tómbola como si de lotería se tratara.

Estaba más que muerta la iniciativa desde su presentación, cuando levantó todo tipo de reclamos de la misma judicatura, por el absurdo pretendido.

La vagancia es del diputado Hamlet García Almaguer, del grupo parlamentario de Morena, quien desde el año pasado, para ser exactos el 15 de octubre, pretendió modificar el artículo 97 constitucional para impulsar que “en los juzgados y tribunales no exista corrupción, a causa del clientelismo o la socialización”.

Trató el diputado -abogado por cierto y con tres posgrados en derecho, pero una muy pobre producción legislativa, con tres iniciativas en casi un año- de fortalecer las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, proponiendo la grandiosa idea de la movilidad de jueces y magistrados.

Hubo mil argumentos en contra, uno de ellos probablemente desde el punto de vista jurídico, el más fuerte, en el sentido de que se rompía el principio de inamovilidad de los jueces e y magistrados de los tribunales.

Pero la razón de fondo es la inviabilidad práctica. Aquí en Juárez tenemos dos tribunales colegiados, con tres magistrados cada uno; Héctor Guzmán Castillo, Julio Ramos Salas, María Teresa Zambrano Calero, en el primer Tribunal, y Roberto Blanco Gómez, Ricardo Martínez Carbajal, y José Elías Gallegos Benítez, en el Segundo Tribunal Colegiado del XVII Circuito.

Están también los integrantes del Centro de Justicia Penal Federal con jueces de distrito especializados y los titulares de Juzgados de Distrito que son cinco.

Ellos han concursado para obtener los cargos, han echado sus raíces en Juárez, consolidado sus familias, construido un patrimonio, y ahora resulta que se les quería mover a Chiapas o Guerrero, donde la tómbola dijera.

A principios de agosto fue desechada la propuesta, por increíble que parezca, todo por un tecnicismo jurídico, al no haber sido dictaminada dentro del periodo legislativo en que fue propuesta.

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Como mensaje previo al informe del primer año de labores, la Dirección de Obras Públicas Municipales recibió una sacudida presumiblemente ordenada por el mismo alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien se ha enfocado en que salga a pedir de boca el acto de rendición de cuentas programado para septiembre.

Versiones sobran alrededor de lo ocurrido, pero el hecho es que de manera sorpresiva fue “renunciado” Mario Román, director de Urbanización de la dependencia a cargo de Daniel González García, sobre el que pesan los proyectos de infraestructura de la ciudad proyectados por la administración de Pérez Cuéllar.

En las oficinas de Obras Públicas hablan de fallos en el programa de bacheo, en algunas adquisiciones y sobre todo falta de resultados del área que tenía encargada el funcionario; además, hay suposiciones de posibles causas políticas detrás de la renuncia, tras pasar las polémicas elecciones internas de Morena.

Pero también fue interpretada su salida como la señal más seria de que vienen cambios importantes al concluir el primer año de gestión del morenista Pérez Cuéllar, quien ha revelado a varios de sus allegados la intención de ajustar tuercas porque sabe muy bien que donde aprieta no chorrea.

Así que de aquí al mes próximo podrían verse movimientos entre el primer y segundo niveles de la administración juarense, según la interpretación que le dieron dentro del Gobierno municipal a esa salida y otras de las que ya se habla con mucha insistencia.