Méritos de captura

La semana pasada, autoridades federales en coordinación con autoridades locales, detuvieron a José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Esta organización criminal llevaba años operando en determinadas zonas del Estado de Guanajuato y lugares circunvecinos, dedicándose al trasiego de drogas (narcotráfico), robo de hidrocarburos (huachicoleo), extorsión, entre otras diversas actividades criminales.

Según cita en su columna el periodista Raymundo Riva Palacio, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, entorpeció por meses la captura del líder criminal, a través de su fiscal y su secretario de Seguridad Pública. Al final, al momento de la detención de “El Marro”, tanto Rodríguez como Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Federal, disputaron para sus gobiernos, el mérito de haber capturado a Yépez.

Esta disputa de méritos, viene a reflejar que en realidad, los gobernantes no tienen la intención de acabar con los males que laceran a una sociedad, sino que simplemente buscan el rédito político, a partir de la apariencia de combate a la impunidad.

Todos recordamos la primera vez que fue capturado Joaquín Guzmán Loera, en Guatemala, en 1993. Si bien fue detenido por autoridades guatemaltecas, fue el gobierno de Carlos Salinas quien en su momento logró dicha detención. Quizá porque eran otros tiempos, pero no hubo disputa respecto a quien habría logrado poner a Guzmán tras las rejas. Ya en tiempos de Fox, Guzmán escapó de prisión, logrando eludir ser capturado durante ese gobierno y el de Calderón (presuntamente por su vínculo con Genaro García Luna). Nuevamente fue puesto tras las rejas (en dos ocasiones) y extraditado por el gobierno de Enrique Peña. En este caso, poco se reconoció este logro al gobierno de Peña. Hubo voces a favor de la detención, atribuyéndola al gobierno de Peña, y varios que criticaron pues consideraban que Peña no era digno de dicho mérito. Nuevamente, la politización de una detención.

En el caso de su hijo Ovidio, el gobierno de López Obrador lo detuvo, pero lo tuvo que soltar por las presiones ejercidas por la organización a la que pertenece. A pesar de ello, los apologistas del gobierno buscaban no solo que no se criticara al gobierno por haber capitulado ante el crimen, sino que además querían que se le reconociera su “humanismo” por haber salvado más vidas al haber liberado a Ovidio. Irónico que esperaran aplausos por el hecho de haber sido vencidos.

Ahora, a partir de la detención de “El Marro”, volvemos a ser testigos de este diálogo de sordos, en el que los apologistas del Gobierno federal aplauden la detención, mientras los críticos de este gobierno, prefieren reconocerle el mérito a otro gobierno. Situación parecida a la que se dio con la detención del exgobernador César Duarte, donde morenistas y panistas se disputaban el mérito de la detención.

Las detenciones de presuntos delincuentes no deben ser trofeos que presuman los gobiernos. Primero, porque los mismos todavía no han sido juzgados, poniéndose en riesgo el debido proceso, con el consabido riesgo de que al final puedan ser liberados. Estos golpes espectaculares, puede que generen uno o dos puntos en simpatía, pero difunden en la opinión pública una creencia de que el detenido es ya culpable, por lo que al resultar muchos de ellos liberados, se causa una decepción social que se traduce en desconfianza en las instituciones. La gente cree que los acusados son, por el hecho de serlo, penalmente responsables de lo que se les acusa, cuando muchas veces no lo son. Como ya he expresado en diversas ocasiones en este mismo espacio, ministerio público y jueces no son vengadores sociales, sino procuradores e impartidores de justicia. Las fobias que la sociedad quiera rumiar colectivamente, no inciden ni deben incidir en la justicia.

El ver a los gobiernos (y a sus respectivos seguidores) celebrar y aplaudir una detención, cual trofeo de caza, es signo inequívoco de que nos sigue gustando el circo romano. La sociedad tiene que evolucionar a un estado en el cual se combata la impunidad, como deber gubernamental, y que no se considere un “logro” de tal o cual gobierno, pues la procuración e impartición de justicia deben estar desprovistas del ingrediente político.

La experiencia nos ha dicho que la captura de líderes criminales, si bien necesaria, no se ha traducido en una disminución de los índices de criminalidad. Calderón inició hace 14 años con su lucha contra la impunidad, y hoy a la fecha, estamos peor que en ese entonces. Si los gobiernos hubieran acompañado estrategias educativas a la estrategia del “garrote”, quizá ya empezaríamos a ver frutos.