Más caro el caldo que las albóndigas

Esta frase encaja perfectamente en la situación del juicio del exsecretario general adjunto del CEN del PRI

Sixto Duarte
Analista
martes, 14 mayo 2019 | 06:00

Esta frase encaja perfectamente en la situación del juicio del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez “La Coneja”.

Como recordamos, a Gutiérrez le formularon dos acusaciones penales por parte del Gobierno de Javier Corral; en la primera, por el presunto desvío de más de 250 millones de pesos para campañas políticas, y en la segunda, por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos para su empresa particular.

En el caso de los 250 millones, el caso fue atraído por la Federación, en virtud que el supuesto dinero triangulado vendría de fondos federales. Al Gobierno de Corral no le pareció esa decisión, y sigue pataleando para atraer el asunto por vías que evidentemente no prosperarán.

Al caerse la carpeta anteriormente referida, al Gobierno de Chihuahua solamente le quedó el caso del presunto desvío de 1.7 millones de pesos. Con ese expediente, Javier Corral pretendía mantener en prisión a Gutiérrez.

La Coneja le fue originalmente negada la libertad caucional, a pesar de haber ofrecido garantizar la cantidad supuestamente desviada (situación que fue el argumento para negar la libertad en otros casos de presuntos desvíos). Gutiérrez tuvo que promover diversos medios medios de defensa para que le permitieran gozar de un derecho que todo acusado debe obtener como regla general, que es precisamente enfrentar su juicio en libertad.

Es evidente que, como ya habíamos comentado, el Gobierno de Javier Corral utiliza la prisión preventiva como un medio de tortura. Las razones por las cuales los jueces de consigna han negado la libertad caucional a los presuntos responsables son bastante ridículas.

En este sentido, si tomamos en consideración las horas-hombre invertidas en la investigación en contra de Gutiérrez, los traslados del reo, la manutención en el Cereso de Aquiles Serdán, los comunicados, y además, los pagos a medios de comunicación disfrazados como “publicidad” para que publiquen notas de Gutiérrez, entre otros, se superará por mucho la cantidad de la que acusan a Gutiérrez de haber desviado.

Yo entiendo que la justicia no debe procurarse con base en criterios de costos; sin embargo, en un caso donde el Gobierno ha presumido que se busca recuperar todo lo robado, simplemente no hace ningún sentido gastar veinte millones de pesos para recuperar menos de dos. Las matemáticas simplemente no cuadran, en especial porque Gutiérrez ofreció un acuerdo reparatorio para entregar la cantidad de 1.7 millones de pesos, mismo que fue rechazado por el Gobierno de Corral. Entonces, ¿buscan recuperar lo robado o perseguir enemigos políticos?

Un caso similar es el de Jesús Luna, exsecretario privado de César Duarte. El joven fue acusado de un supuesto desvío de $400 mil pesos por el uso de una aeronave. Sin entrar a detalles de la acusación (que es la más ridícula e infundada, pues carecía de facultades para disponer de recursos), podemos analizar el asunto desde la óptica económica. Por esa cantidad, el Gobierno movió todo su aparato para recluirlo (y negarle la libertad caucional), gastando más en su reclusión que en la reparación del presunto desfalco cometido. Si de verdad querían procurar justicia, ¿por qué no permitirle enfrentar el juicio en libertad? De esa manera, lo llevarían a juicio y le ahorrarían al Estado miles de pesos en la manutención del recluso. Fungió la prisión preventiva nuevamente como tortura, y el joven Luna terminó culpándose para poder salir.

Ahora, La Coneja fue declarado culpable. Hasta el momento de estar escribiendo estas líneas, la representación social pidió una condena de nueve años contra Gutiérrez. Evidentemente se defenderá en los tribunales federales, mismos que seguramente lo ampararán, anulando la sentencia avalada por las juzgadoras Hortensia García Rodríguez y Juana Gabriela Córdova Ortiz.

Estimo que no hay caudal probatorio suficiente para condenar a Gutiérrez. Sin embargo, fue condenado. Sirva recordar a estas juzgadoras que por seguir designios y cuidar su chambita, pueden ser sancionadas en las vías civil, administrativa, y penal. Cuando Corral termine su mandato, seguramente continuará su carrera política en el Legislativo, o en alguna otra trinchera, pero su manto no alcanzará a cubrir a estas juzgadoras de alquiler. Creo que deben empezar a blindarse contra la aplicación del artículo 285, fracción I del Código Penal de Chihuahua, en caso que a Gutiérrez le sea concedido el amparo contra la sentencia dictada. A ver si Corral también les ayuda cuando ese momento llegue.