Más amenazas a la nómina de los trabajadores

-Más amenazas a la nómina de los trabajadores

-Buscan audios de extorsiones de “Paquito”  

-Minisalario sube “apenas” 10 por ciento

-La falta de Cuauhtémoc en comisiones

La “cobranza proactiva” que aplican algunos bancos –indirecta que usan para el coloquial cobrarse a lo chino- pega ilegalmente a los salarios de los trabajadores, al fin que las autoridades financieras tardan meses en atender las quejas y reclamos de quienes se atreven a defenderse.

Mediante este concepto tramposo, la banca embarga los sueldos que según la Ley Federal del Trabajo son inembargables; con esta figura las instituciones meten mano a la cuenta de nómina para abonar a créditos directos o a tarjetas, al observar cualquier sobregiro o vencimiento de plazos de su cuentahabiente.

A pesar de ser ilegal, la práctica jamás ha sido descontinuada, menos ahora que las instituciones financieras parecen dispuestas a controlar el mercado prácticamente sin competir, pese a que hay medio centenar de bancos con licencia en la actualidad.

Pues bien, como si fuera poca la tolerancia a los abusos financieros, entre los diputados federales de Morena comenzó el cabildeo por parte de uno de los integrantes de la bancada que hasta pareciera estar pagado por la banca, dado que ha sido planteada una nueva propuesta para autorizar la libranza y la cobranza delegada, rechazada hace unos meses.

Estas figuras obligarían a las empresas privadas a ser colaboradoras bancarias, quitándoles directamente el inembargable salario a sus trabajadores cuando tengan activos créditos de nómina, uno de los mayores productos que venden los bancos para financiar el consumo.

Llegar a eso implica reformas a varias leyes, pero sobre todo habría de contraponerse a disposiciones laborales vigentes y hasta constitucionales. Además, iría en contra de directrices del mismo partido impulsor y de la 4T que dice defender a los más pobres, aunque en los hechos daría su bendición a mayores abusos bancarios.

Si bien hay opositores internos en Morena, incluso el presidente López Obrador amenazó con vetar la propuesta similar de marzo de este año, a nivel local es increíble que ni los legisladores ni la dirigencia partidista asuman un papel así de proactivo como la cobranza de los bancos.

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Como si fuera convocatoria a concurso, investigadores estatales andan acelerados para conseguir evidencias, audios específicamente, donde pueda corroborarse que objetivos de la tramposa “Operación Justicia” de Javier Corral eran extorsionados con la amenaza de procesos penales.

Pistas hay muchas soltadas por los exfuncionarios de César Duarte llevados a los tribunales, con las variadas causas penales que les caían en cascada una vez ejecutada la orden de aprehensión y dictada la primera vinculación a proceso.

Era parte de la estrategia del coordinador de la operación, el también exfiscal de Derechos Humanos, Francisco “Paquito” G.A.,  quien se encargaba, oficialmente, de armar expediente tras expediente para tener siempre más causas penales qué imputar a cuantos caían presos.

Pero fuera de lo oficial, el grupo que operaba con recursos ilimitados desde la Casa de Gobierno de la capital, tenía un ala de “servicios previos” a cualquier proceso, sobre todo si los involucrados no levantaban mayores pasiones entre el entonces fiscal General, César Augusto Peniche y el exgobernador Corral.

A esos objetivos secundarios, por llamarlos de alguna manera, la gente de “Paquito” les sacaba jugo, todo el jugo posible, al grado de que se habla de extorsiones no de un solo pago para librar alguna acusación, sino de varias mensualidades que pasaban a recoger los cobradores a nombre de sus jefes.

Si no eran objetivos importantes para los fines políticos, los investigadores de entonces tenían manga ancha para buscarle rendimientos considerables. Ni modo que todo se lo quedara “Paquito”, quien gustaba de presumir su excelente relación con Corral. Hubo intervención también de la Consejería Jurídica en esa “piñata”.

Pues bien, sustentar esa vertiente de las investigaciones requiere conseguir los audios que en algunos momentos incluso han circulado entre agentes y acusados, además de someterlos a los peritajes correspondientes que en su oportunidad no quiso hacer la justicia estatal, sometida al capricho de Palacio de Gobierno.

Sumar el delito de extorsión al de tortura podría ser una interesante estrategia. Similar, sin duda, a las que aplicaba el exfiscal preso.

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Como habíamos anticipado en La Columna, ayer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) concluyó su última sesión tripartita para definir un incremento del 20 por ciento en este renglón, punto en el que convergieron los planteamientos máximos y mínimos (25 y 15 por ciento) que pedían trabajadores y patrones.

El acuerdo oficializado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en esta ocasión no diferenció entre los salarios mínimos del país y los aplicados en la zona libre de la frontera norte, a la que pertenece Juárez, por lo que el aumento será parejo.

El incremento es menor en dos puntos al aplicado durante el año actual, que fue del 22 por ciento; pero es mayor al 15 por ciento de 2021 y al cinco por ciento de 2020, aunque esos aumentos leves se dieron en momentos económicos menos complejos y tras el decretazo de 2019 que elevó un 100 por ciento los salarios.

En la visión del empresariado local, es elevado el incremento que pondrá a los centros laborales en aprietos al comenzar el próximo año, pues los costos laborales son los que absorben gran parte de la rentabilidad de los negocios, que también se verá afectada por la inflación y el mayor costo del crédito para inversión.

Sin embargo, en números fríos el aumento es comido a la mitad por la inflación que, pese a dar señales de moderación, no deja de presionar ni ser excesiva, al menos suficiente para erosionar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y los contractuales.

En términos reales, el incremento al minisalario en la frontera será del 10 por ciento, pues la otra parte habrá de descontarla la inflación.

Visto así, el acuerdo parece bastante moderado. No suficiente, pero sí prudente para evitar que los salarios abonen a las presiones inflacionarias y para no volver imposible la inversión, que luego podría conducir a elevar las cifras de desempleo.  

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Previo a la votación en el pleno del Congreso del Estado que por mayoría autorizó elevar a Secretaría la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas, se convocó a una reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Tenía como propósito la reunión convocada –como finalmente aconteció- discutir y votar el dictamen que planteaba reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero Morena y el PT hicieron el vacío.

Ni Cuauhtémoc Estrada, diputado por el distrito VIII con cabecera en esta ciudad, y líder de los diputados de Morena; ni Deyanira Ozaeta, se presentaron a la reunión. Tenemos la lista de asistencia donde están asentadas esas faltas, que en el caso del primero se entiende justificada por haber enviado oficio.

Quienes sí acudieron fueron un grupo de indígenas para oponerse a la determinación de elevar a Secretaría la comisión señalada, quienes fueron incorporados a la reunión precisamente por petición del coordinador de la fracción morenista, pero los dejó abandonados.

Al día siguiente, el martes 29 ya en el pleno, Cuauhtémoc Estrada rompió sus vestiduras para oponerse a la reforma, argumentando que no había existido una suficiente consulta, y, junto con los legisladores de su partido –excepto Adriana Terrazas quien se abstuvo- terminó votando en contra del dictamen, al cual jamás combatió en comisiones por faltista.

Elevar a un mayor nivel el tema indigenista es apenas el principio. Ahí en la misma comisión se discutieron dos aspectos que deberían atenderse de manera inmediata, que los recursos lleguen directamente a las comunidades indígenas y no a través de los municipios, pero la discusión previa fue abandonada inexplicablemente.