Opinión

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Manipuladita y peligrosa vuelta al amarillo

No han resultado del todo convincentes los argumentos de gobierno para regresar Chihuahua sorpresivamente al semáforo epidemiológico amarillo. Da la impresión que fue impuesto un criterio de conveniencia personal

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 16 octubre 2021 | 06:00

-Manipuladita y peligrosa vuelta al amarillo

-Camuflaron operativo para detener a Tocoli

-Andan que dan lástima los polis estatales

-Quieren corregir los diputados panistas

No han resultado del todo convincentes los argumentos de gobierno para regresar Chihuahua sorpresivamente al semáforo epidemiológico amarillo. Da la impresión que fue impuesto un criterio de conveniencia personal.

Entre la comunidad médico-administrativa que opera la Secretaría de Salud ha quedado clara la estrategia sotanera desplegada por la subsecretaria, Mirna Beltrán Arzaga, para mantener su cargo y el de su equipo en esa área.

Ella es la que fue apodada por Javier Corral como la “Comandanta Covid” cuando fue designada para ese cargo, el cual hasta ese momento no existía en el organigrama de la Secretaría de Salud del gobierno chihuahuense.

Con nexos fuertes en la Federación, la doctora Beltrán ha manejado prácticamente de manera unipersonal las decisiones relacionadas con la pandemia. Semáforos, aforos y hasta sanciones.

Los representantes de una actividad económica que consideraron en algún momento mal catalogado su giro para afectos de aforo explicaron con todos los detalles técnicos su situación a Corral; al entonces secretario de Salud, Eduardo “El Higadito” Fernández, y a varios secretarios más.

Esos comerciantes, de esta frontera por cierto, fueron enviados con la “Comandanta Covid”, pero ella jamás tuvo la consideración siquiera de recibirlos. Plantones día tras día por casi 15 días.

Hoy se nota a leguas la mano de ella en el regreso al amarillo con todo y fotos del Consejo Estatal de Salud en reunión y la participación del nuevo secretario del ramo, Felipe Fernando Sandoval Magallanes.

Beltrán Arzaga fue la encargada de hacer el anuncio oficial. Tomó como argumentos los muy relativos indicadores de mayor transmisibilidad y mayor cantidad de contagios aunque la calificación general permitía mantener el verde.

La misma gobernadora, Maru Campos, calificó ayer como “ligeros” los incrementos de los multidichos indicadores.

Paralelamente el Gobierno federal habla de éxito en la vacunación y las autoridades estadunidenses pusieron fin a un año y medio de cierre en su frontera con México y Canadá. No checa entonces este optimismo con la regresión al amarillo.

Y aguas con los célebres abusos de las células Covid.

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Aun ayer siguió en la Ciudad de México el juarense secretario de Educación del Gobierno del Estado, Javier González Mocken. Hay nuevas fotos de él con la titular federal del ramo, Delfina Gómez.

Los temas abordados entre ambos son fundamentales para el buen desarrollo administrativo de la educación en el estado: búsqueda de soluciones a los problemas existentes entre cientos de plazas de docentes, las promociones verticales y horizontales, y las promociones de horas entre los propios maestros. También la infraestructura educativa bastante afectada por el abandono durante la pandemia.

Ojalá Mocken y la administración estatal ahora encabezada por Maru Campos avancen con mayor solidez sobre ese pantanoso terreno de la educación, contralada durante décadas por facciones políticas e ideológicas que solo han traído rezagos y déficits.

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Se supone, y solo se supone, que el exdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Reyes Ramírez, anda buscando regresar por sus fueros a la corporación preventiva aunque sea con la distancia suficiente.

No ha quedado claro si ya superó legalmente aquel señalamiento que lo involucraba en el intento de asesinato contra el exjefe de la Municipal, Julián Leyzaola, registrado cuando este ya no estaba en funciones.

Reyes mantiene lazos fuertes con algunos mandos medios y hasta altos de la Secretaría de Seguridad aunque se presume al interior de la corporación que solo es por amistad.

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Por cierto, la detención del excomandante del grupo de inteligencia de la misma Policía Municipal, Aldo Iván S. T. fue adjudicada completa a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR.

Fue cierto eso solo en parte, quienes en realidad llevaron a cabo los trabajos de inteligencia y quienes decidieron el momento de caer sorpresivamente sobre el exmando policiaco fueron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional camuflados en varias actividades desarrolladas en Juárez por el propio Ejército.

Aun con eso, logró escapar un subordinado de Aldo Iván que jugaba un papel preponderante dentro de ese “grupo de inteligencia” y que fungía como colector del dinero entre las distintas actividades delictivas realizadas.

Los militares y la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada siguen buscando a ese policía e investigando los nexos de todos ellos con su jefe mayor, el exsecretario de Seguridad, Raúl “Matute” Ávila.

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Algo debe hacer urgente el superdelegado, Juan Carlos Loera, para activar varios órganos de gobierno que simplemente dieron la media vuelta y se retiraron de la búsqueda de los 13 migrantes desaparecidos hace tres semanas entre Ojinaga y el Valle de Juárez.

Ayer pudo ser constatada semejante omisión con el hallazgo de 50 migrantes por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado.

Las personas fueron descubiertas en la misma zona más próxima a Guadalupe donde desaparecieron los otros 13. Incluso hubo momentos de gran tensión entre los policías porque el grupo fue vestido por los polleros con ropa camuflada y creyeron inicialmente que pudiera tratarse de sicarios que operan en la región.

Cuando los migrantes desaparecieron hace tres semanas, andaba buscándolos el Ejército, la Guardia Nacional, el Instituto de Migración y otros órganos federales. Hoy solo continúan los policías estatales.

A nivel nacional ha tenido poco eco ese grave hecho, inclusive cuando fue interrogado AMLO en una de las mañaneras dijo desconocerlo.

Quizá por ello las corporaciones federales de plano han optado por la retirada. Loera está obligado a que regresen y participen en las pesquisas e investigaciones conducentes.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado ha concluido que los captores forman parte de grupos delictivos que operan en el Valle de Juárez para el Cártel de Sinaloa así que la suma de la federación en las indagatorias es fundamental.

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Ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública, que dirigen Roberto Fierro y Gilberto Loya, han logrado obtener recursos para los elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Estatal que traen en misiones de alto riesgo.

El despliegue en Guadalupe y Calvo durante esta semana a raíz de cruentos enfrentamientos en el triángulo dorado de las drogas ha sido casi por puro amor al arte de los agentes comisionados, que ni saldo de celular les han depositado.

También han batallado por gasolina y comidas, así como por aditamentos tecnológicos de rastreo que han solicitado los agentes, quienes han llegado incomunicados y debilitados a la profundidad de las barrancas en aquella región.

Los otros que pasan las de Caín son los elementos estatales desplegados precisamente en la búsqueda de los migrantes desaparecidos en el corredor Aldama-Coyame-Ojinaga y otros puntos del desierto.

Andan por las mismas, con apenas 300 pesos de gasolina al día por cada camioneta de ocho cilindros, apenas suficiente para entrar y regresar unos cuantos kilómetros en las zonas de los rastreos. Lo demás tienen que hacerlo a pie por enormes extensiones desérticas.

Comandantes y comisarios han estado presionando a sus jefes el fiscal y el secretario, respectivamente, sin resultados positivos.

El chorro sigue cerrado -les dicen- desde la Secretaría de Hacienda, donde no se autorizan gastos ni siquiera para las emergencias, porque así de crítica es la situación financiera que enfrenta el Gobierno del Estado.

Así que ni piensen en ganar un extra con el esfuerzo que deben hacer, aunque sean jornadas de 12 a 14 horas por día, sin descansos y sin forma de echarse para atrás o rebelarse.

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En la última reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la diputada Georgina Bujanda dio visos de querer corregir la polémica iniciativa del grupo panista que pretende autorizar una intromisión del Ejecutivo en tareas legislativas.

La bancada del PAN que dirige Mario Vázquez propuso una reforma a la Ley Orgánica del Congreso para que las iniciativas de los diputados que involucren asignaciones de recursos públicos, cuenten con el punto de vista, casi a manera de autorización, de la Secretaría de Hacienda del Estado.

Modificar la ley para supeditar el trabajo de los diputados al secretario de Hacienda en turno fue ampliamente criticado por los legisladores. Los de oposición, sobre todo, se indignaron con la pura idea de tener que pedirle permiso a un funcionario del Ejecutivo.

Pues bien, Bujanda Ríos al darle entrada en la comisión a la propuesta, pidió que se incluyera algo similar que ella misma había planteado en la legislatura pasada.

Su iniciativa proponía que en vez de pasar al Ejecutivo, las iniciativas que involucraran recursos públicos, tuvieran la opinión no vinculante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, del propio Congreso del Estado.

Ese aparente viraje resulta mucho más razonable.

Notas de Interés

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