Magistrados y Jueces ilegítimos

En el lejano año de 1997, hace ya 22 años, cuando El Diario me brindó la oportunidad para participar en la sección Opinión, con motivo de la infame sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la contrarreforma electoral que fuera aprobada con el mayoriteo del grupo parlamentario priista, señale que:

A partir de hoy, reitero mi firme propósito para erradicar en nuestro país las amargas palabras del diputado constituyente Rafael Martínez de Escobar, cuando afirma: “Suprema Corte de Justicia, que entre nosotros es un doloroso sarcasmo, una amarga irrisión que no debemos, que no podemos a conciencia llamarle Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que a través de nuestra historia sólo ha sido una corte de abyección y servilismo. Esto es una verdad”.

Por desgracia, estas mismas palabras resultan aplicables al sistema de justicia del Estado de Chihuahua. Desde el 2009, en mi calidad de víctima del delito, inicie una cruzada personal y profesional para combatir y denunciar la corrupción judicial que caracteriza al Poder Judicial del Estado. 

A pesar de que infinidad de actos de corrupción se cometen día tras día, los últimos presidentes del TSJ han sido omisos en tomar cartas en el asunto; convirtiéndose de esta manera, en cómplices ‘por omisión’, sin importarles el daño irreparable que sufre la sociedad chihuahuense.

Uno de ellos, quizá el más añejo de todos, es el de los ‘Judas’ judiciales (ministros notificadores o actuarios) quienes en la práctica forense se ‘venden’ a cualquier litigante que les ofrece ’30 monedas’ para dar fe de actuaciones judiciales ficticias e ilícitas. Las más recurrentes son los emplazamientos y notificaciones al demandado, en el despacho del litigante beneficiado.

Otros actos de corrupción, muchos más graves, consisten en la manera en que ingresan al Poder Judicial abogados sin los méritos necesarios. Citemos, por orden cronológico, algunos casos que son emblemáticos de la corrupción judicial en Chihuahua:

Primero: en el mandato de Reyes Baeza, con la implementación del injerto del ‘Nuevo Sistema de Justicia Penal’, se realizaron ‘cursos de capacitación’ para los nuevos jueces del sistema oral; abogados sin la suficiente experiencia forense que fomentaron aún más los índices de criminalidad.

Segundo: al final del sexenio del ‘vulgar ladrón’, la designación -convalidada por el grupo parlamentario del PAN- de los ‘magistrados oxigenadores’ del TSJ demostró que el gobernador en turno es quien decide -impúdicamente- quienes serán los integrantes del Pleno del Tribunal.  

Tercero: con la designación de ‘Lucha’ Castro como consejera del Consejo de la Judicatura del TSJ –por parte de Javier Corral (a) “El inútil”– no queda duda alguna de que la designación de los magistrados, jueces y altos funcionarios judiciales locales, es una facultad metapolítica del gobernador en turno; por más arbitraria que esta sea.

Hoy en día, la polémica designación de decenas de jueces civiles, familiares y penales acreditó, una vez más, que la aplicación de los principios que rigen la carrera judicial es solo una utopía; ya que en realidad lo que importa es garantizar la ‘reciprocidad política’ de los beneficiarios, dejando a un lado el profesionalismo y excelencia de la función jurisdiccional. 

Por otra parte, desde siempre existe una perversa práctica de incorporar al TSJ –como secretarios proyectistas de Sala– litigantes sin la experiencia y méritos suficientes. El actual Presidente del TSJ, Pablo González, es un ejemplo de está añeja corruptela judicial.

Desde hace algunos años, el TEE ha sido semillero de funcionarios judiciales. Como el caso del expresidente José Miguel Salcido. A principios de este año, fueron nombrados como secretarios de Sala, entre otros, el exsecretario general del TEE y algunos exfuncionarios duartistas. 

Y todavía hay gente que se pregunta ¿hasta cuándo se acabará la corrupción judicial? La respuesta es obvia: ¡Nunca…!