Lucran sobre las tumbas de los muertos

• Lucran sobre las tumbas de los muertos

• Ahora son víctimas los gasolineros

• Desechan a priori desafuero de Peniche

• Hacen enojar al auditor en el Congreso

Queda en el rango de lo innegable que algún funcionario federal de esos carentes de escrúpulos quiso quedar bien con los jefes el domingo. 

Se llevó a cabo ese día en la Ciudad de México la marcha nacional contra Andrés Manuel López Obrador y el propio AMLO se apersonó en el Zócalo ante miles de fieles para conmemorar su primer año de arribo a la Presidencia de la República.

Nada mejor que un buen regalo desde la Fiscalía General de la República (FGR) aunque se tratara de un obsequio muy caliente: la detención del supuesto autor principal en la masacre de seis niños y tres mujeres LeBaron-Langford ocurrida hace justo un mes en los límites de Chihuahua y Sonora. 

Héctor Mario Hernández Herrera, alias “El Mayo”, el detenido; supuesto jefe de la Línea-Cártel de Juárez en la región de Janos.

Es obvio que los funcionarios de FGR actuaron más en busca de lucro político que de justicia. Giraron el boletín unos minutos antes que concluyera la marcha antiAMLO, donde participaron familiares de las víctimas del multihomicidio, y horas antes que los representantes de esas familias sostuvieran un encuentro con López Obrador en Presidencia de la República.

Esos detalles y otros colocan en entredicho la verdad atrás de la detención. No hubo presentación del o más detenidos; hasta ayer por la noche fue mantenido el silencio al respecto y desde el lunes a primera hora salieron sus familiares a señalar que se trata de un chivo expiatorio. 

La primera pregunta que salta, obvia: ¿un capo responsable de una masacre con repercusiones mundiales esperaría en su domicilio pasar desapercibido prácticamente en la escena del crimen? Janos forma parte de la misma zona donde ocurrió el tremendo acto de terror contra mujeres y niños.

Los mismos LeBaron se sumaron ayer al rechazo de “chivos expiatorios... no pueden pagar justos por pecadores... no puede haber tortura... todo tiene que ser transparente”, exigieron.

No será la Fiscalía General de la República, ni la de Secretaría de Seguridad, ni la de Gobernación, la que garantice confianza en el seguimiento de las indagatorias. Eso ha quedado claro desde el boletín del domingo, entonces deberá ser el propio presidente quien cargue ahora con la responsabilidad de generar la certidumbre obligada para este caso que ha tenido extraordinarias implicaciones emotivas, sociales y políticas en nuestro país y fuera de él.

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La historia es de una pipa con doble remolque transitando en una de las múltiples carreteras del estado. Iba de un punto de abastecimiento de gasolina en la frontera hacia el interior de la entidad. Sus razones sociales bien identificadas.

El conductor del gigantón vehículo fue detenido por agentes de la Policía Estatal. Fue sometido a un intenso interrogatorio y detenido durante varias horas para “la comprobación de los papeles”.

Hubo después “comunicación” de los policías con los dueños del combustible para señalar algunas supuestas irregularidades que podrían ser subsanadas mediante un “arreglo”, incluida futura protección en los trayectos. Al “estilo” de las actuales circunstancias fue solucionado todo con menos de 20 mil de los 100 mil exigidos.

Sabían los policías que aquéllo se les podía escapar de las manos hasta con una llamada a los medios de comunicación. Se cotizaron muy abajo porque irregularidades serias no había en la unidad.

Como ese caso suman decenas y hasta centenas en el estado e indudablemente en el país con policías federales, estatales y municipales. Chihuahua es la locura de corrupción en ese terreno de los combustibles.

El caso que tenemos como ejemplo fue presentado en boletín informativo por la Fiscalía General del Estado como un posible asunto de “huachicoleo”. Así han sido presentados múltiples casos desde hace más de un año que empezó a ser manejado con intensidad y frecuencia el tema por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ninguno de todos los casos la Fiscalía ha informado sobre el desenlace de cada una de las “detenciones” aunque se trate de vehículos grandes como pipas. La razón: hablar de que trabajan contra el huachicoleo pero sin aclarar al término de “las investigaciones” que debieron liberar combustible, vehículos y conductores porque no había delito qué perseguir.

Es posible que entre los empresarios gasolineros no haya santos, incluidos aquéllos que venden 900 mililitros por un litro, o sumadas las “vacunas” con h2o, pero su negocio ahora está siendo severamente vulnerado por la delincuencia organizada ya sea con huachicol o robo de combustible a sus propios camiones; desde hace tiempo también con la extorsión de los policías.

En el caso de Chihuahua el problema se ha agudizado con los policías estatales desde que dejó Asuntos Internos Erika Jasso y fue cedida el área a un incondicional del menos probo en la Fiscalía General, Óscar Aparicio Avendaño.

El negocio de los combustibles en la entidad significa una alucinante mina de oro que “merece” semejante disputa: algo así como mil 600 millones de pesos mensuales sólo en esta frontera y otro tanto en el resto de la entidad.

Son los gasolineros, por lo tanto, blanco atractivo de delincuentes comunes y de delincuentes con placa. Sienten éstos que se les acaba el tiempo de aquí al 2021 y le meten velocidad a los atracos.

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En la multicolor Comisión Jurisdiccional del Congreso no hubo un solo legislador con interés de defender la demanda de desafuero contra el fiscal César Augusto Peniche, presentada por el abogado Héctor Villasana, defensor del exsecretario duartista Marcelo González Tachiquín.

No es que el fiscal general sea santo de la devoción de alguno de los ocho integrantes de la comisión que, por cierto, sólo en una ocasión ha sesionado desde su instalación en marzo de este año.

Resulta que en el escrito que le dejaron al diputado presidente René Frías –también integrante de la Jurisdiccional que encabeza la panista Georgina Bujanda– los alegatos son contra los criterios de oportunidad aplicados o autorizados por Peniche Espejel.

El reclamo central no es siquiera le extorsión que denunció pública y penalmente González Tachiquín, sino el hecho de que haya testigos con privilegios legales que como él deberían ser indiciados.

Pero los lineamientos de dichos criterios de oportunidad salieron del propio Poder Legislativo en septiembre de 2017, luego de meses de discusiones sobre la necesaria especificidad que le faltaba a dicha figura jurídica contemplada en los códigos penales.

Por eso los integrantes de la casi siempre inactiva comisión –donde también participan la coordinadora priista Rosy Gaytán, el panista Fernando Álvarez, el verde Alejandro Gloria y otros– prácticamente desecharon a priori la demanda con el desinterés mostrado en atenderla.

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No llegó de buen humor ayer el auditor superior del Estado Héctor Acosta Félix al Congreso del Estado para sostener una reunión con los miembros de la Comisión de Fiscalización. Quiso regañar a asesores y otros funcionarios del órgano legislativo.

Quizá la primera razón de la mortificación fue porque no acudió por voluntad propia. Lo mandaron llamar para que explicara sus dichos sobre la “blanqueada” de cuentas a 18 municipios por parte de los propios legisladores.

Según diputados de oposición, el auditor poco a poco ha ido sacando el corralismo que lo impulsó para alcanzar la Auditoría y por lo tanto es cada vez menos tolerante a las críticas.

Mucho trabajo de comunicación corresponderá en el futuro desarrollar a ambas partes, auditor-diputados. Para el año próximo será Acosta plenamente autónomo y podrá evitarse este tipo de encuentros incómodos con los legisladores porque desde su cancha podrá iniciar procedimientos de sanción ante las instancias correspondientes.

Sin duda es requerida mayor sensibilidad por parte de la Auditoría. Si bien llegará esa etapa de emancipación en unas semanas no es recomendable para nadie que tenga encima ni a los diputados ni a nadie.