Opinión

Los salarios burocráticos 2022

Cuando un trabajador asalariado, empleado de confianza o trabajador eventual se queda sin trabajo, lo primero que hace es eliminar los gastos no prioritarios

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 03 enero 2022 | 06:00

Cuando me preguntan por qué –a pesar de la crisis financiera que padece el Gobierno del Estado– no se toman medidas drásticas para reducir los sueldos de los altos funcionarios, mi respuesta es siempre la reseña del siguiente caso hipotético:

Cuando un trabajador asalariado, empleado de confianza o trabajador eventual se queda sin trabajo, lo primero que hace es eliminar los gastos no prioritarios (diversiones familiares, paseos en vehículo, viajes, etc.) con el único propósito de optimizar los escasos recursos que están a su alcance.

En esa etapa de crisis económica, los miembros de la familia deberán ajustarse a los escasos ingresos del padre o madre de familia, en tanto logra obtener un nuevo empleo que le permita dar sustento a la familia. En cambio, en la ‘familia burocrática’ acontece todo lo contrario: el padre de familia (gobernante en turno) jamás asume medidas de austeridad que le permitan reducir el déficit presupuestario.

Recordemos que, de manera por demás irresponsable, los dos últimos gobernantes (César ’El vulgar ladrón’ Duarte y Javier ‘El Inútil’ Corral) emitieron sendos planes de austeridad que no pasaron de ser simples acuerdos mediáticos y una burda mentira política.

De igual manera, el multimillonario adeudo a Pensiones Civiles del Estado es un claro ejemplo del descarado desvío de recursos públicos cometido por esos dos gobernantes (uno del PRI y el otro del PAN) que, al día de hoy, no ha sido esclarecido por la inepta titular de la Función Pública estatal.

Asimismo, en el actual Gobierno estatal podría afirmarse que no existe política salarial tendiente a reducir las injustas e inmerecidas remuneraciones que recibe la alta burocracia estatal, para efecto de generar ahorros considerables para que sean aplicados a programas sociales que impulsen el desarrollo del Estado.

Así, por ejemplo, en el ámbito federal, la llamada ‘Austeridad Republicana’ se sustenta en una “reducción de la brecha salarial en el sector público, ya que, mientras los puestos de los altos mandos tienen reducciones salariales de hasta 40 por ciento, los servidores públicos de mando y enlace que menos ganan (subdirecciones, jefaturas de departamento) tendrán, en algunos casos, aumentos en sus ingresos”.

 “Es decir, se reduce la desigualdad de ingresos entre los altos funcionarios y los servidores públicos que habían visto estancados sus ingresos, situación que se agudizó durante las administraciones anteriores... A través de esta medida, se pretende hacer realidad un Gobierno austero, honesto y profesional”.

Al comparar los Presupuestos de Egresos del Estado 2020, 2021 y 2022, corroboramos que los sueldos de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo no han sufrido reducción alguna sino al contrario: se han incrementado paulatinamente.

En efecto, en el año 2020, el sueldo base del gobernador era de 56,903.00 pesos; en el año 2021, aumentó a 59,179.00 pesos; y para el año 2022, será de 61,546.00 pesos. El sueldo base del secretario general de Gobierno en el 2020 era de 36,582.00 pesos; en el 2021, se incrementó a 38,045.00 pesos; para el 2022, será de 39,587.00 pesos.

El sueldo base que perciben el secretario particular del gobernador y los secretarios de Gobierno es igual al del secretario general de Gobierno, y sus incrementos salariales han sido en la misma proporción. 

Ahora bien, al sueldo base de los altos funcionarios de Gobierno hay que agregarle los ingresos que perciben por concepto de compensación, aguinaldo, prima vacacional, despensa y el bono por productividad (¿?); por los que sus ingresos brutos superan, fácilmente, los cien mil pesos mensuales.

Mientras tanto, cientos de servidores públicos –de segundo y tercer nivel–, cuando mucho, ganan entre dos y tres salarios mínimos diarios. Lo cual genera no sólo la añeja brecha salarial burocrática, sino además una perenne injusticia laboral a la que, cada sexenio, se pretende erradicar mediante falsos planes de austeridad.

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