Opinión

OPINIÓN

Los pecados de los jueces que cayeron

La semana pasada cayeron dos jueces penales de los llamados provisionales, prohijados durante el corralato. Fue rechazada la propuesta de ratificación por la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 26 octubre 2021 | 06:00

-Los pecados de los jueces que cayeron

-Convocatoria judicial a una guerra

-Abandonan el edificio fifí de Morena

-Salió flojonazo y hostigador de panistas

La semana pasada cayeron dos jueces penales de los llamados provisionales, prohijados durante el corralato. Fue rechazada la propuesta de ratificación por la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.

Ellos son los jueces Luis Carlos Flores Morales y Silvia Uranga Mendoza. Cargaban con pecados capitales tanto de carácter legal como político. Durante la misma sesión que negó la ratificación, el magistrado Gabriel Ruiz pidió diversas constancias antes de confirmar a los juzgadores “con la finalidad de (evitar) aquel estigma que tenemos en la sociedad de jueces o juezas de consigna”.

En efecto, la justificación de la mayoría para no ratificar a los susodichos fue fundada en los tiempos que llevan como provisionales y hasta en la falta de más información por cada caso, como esgrimió el recientísimo integrante de la Judicatura, el juarense Luis Abelardo Valenzuela.

Sin embargo, aquí viene lo sabroso, el nombre de Flores aparece como juzgador en el caso del empresario parralense duartista, Otto Valles, quien ha pasado por un largo proceso penal que incluyó cárcel. Este mantiene demandado al juez por varias razones.

La jueza Uranga Mendoza aparece en otro caso emblemático del corralato, el proceso seguido al empresario, exsecretario general del PRI en el país, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Tanto Flores como Uranga forman parte del medio centenar de jueces y juezas provisionales que llegaron durante la administración pasada tras un largo proceso de exámenes y evaluaciones perfectamente controladas por la exconsejera de la Judicatura corralista, Luz Estela “Lucha” Castro.

Casos como los jueces no ratificados fueron “usados” en asuntos político-judiciales como los mencionados. Hoy todos han sido puestos en capilla con la llegada a la gubernatura de Maru Campos. Sus aliados en el Poder Judicial han empezado a trabajar los “contrapesos”.

Es el comienzo.

***

Ayer se desataría la tercera guerra mundial en el pleno del Tribunal Superior de Justicia como consecuencia de la no ratificación de Flores y Uranga y la espada sobre el cuello de la otra media centena de jueces provisionales.

Hubo sorpresiva convocatoria para sesión del pleno, conformado este por 31 magistrados y magistradas que jerárquicamente aparecen por encima del Consejo de la Judicatura, conformado solo por cinco miembros, tres magistrados y dos profesionales del derecho propuestos por el gobernador en turno.

La sesión del pleno tenía como propósito destituir al magistrado miembro del Consejo de la Judicatura, Gabriel Armando Ruiz Uranga, el que en sesión para la no ratificación de los jueces mencionados antes pidió evitar crear fama de juzgadores de “consigna”.

Todo indica que los magistrados partidarios de la ratificación pararon antenas y presionaron a la presidencia para citar a la sesión del pleno, parar en seco a Ruiz, quitarlo de la Judicatura e impedir la no ratificación de la media centena de jueces.

Obviamente hubo operación política posiblemente de Palacio de Gobierno y difirieron la sesión que estaba convocada a la una de la tarde de ayer para las nueve de la mañana de este martes.

En el lado de quienes buscan ratificar aparece a la cabeza el magistrado Roberto Siqueiros Granados, operador en su momento de Javier Corral, aparentemente con 16 magistrados más a su lado; por la negativa presumiblemente aparecen 11. Son en total 31 pero tres o andan incapacitados o con permisos.

Esos eran los números extraoficiales ayer, pero es imposible que así continúen hoy por la mañana. Debió haber durante tarde y noche operación intensa de Palacio de Gobierno que no solo conoce al dedillo la forma irregular en la que fueron designados los provisionales, sino que sus ahora ocupantes fueron víctimas de varios de ellos antes de alcanzar  la gubernatura.

La lógica dice que no habrá ratificación en términos generales, ni tampoco destitución de Ruiz, pero no faltan los pirómanos de la política que también suelen salirse con la suya. Hoy sabremos quién es quién.

***

A dos años de la cuestionable adquisición de un nuevo inmueble, Morena no ha podido cambiarse de sede estatal en la capital del estado. Mientras, sus instalaciones en el resto de la entidad, municipio por municipio, siguen dando lástima.

El abandonado edificio comprado en 12 millones de pesos en noviembre de 2019 sigue igual que como lo dejó el banco BBVA cuando cerró una de sus sucursales en la transitada avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Chihuahua.

Ni el dirigente estatal Martín Chaparro ni la beneficiaria de la oscura operación, Martha Laguette, secretaria de Finanzas y excandidata derrotada en las pasadas elecciones, le han metido mano.

Chaparro se quiso hacer el occiso con la compra del inmueble y acusó a Laguette Lardizábal de haber realizado todo sin su autorización, en aquellos tiempos de bonanza cuando la dirigente nacional era Yeidckol Polevnsky.

Pero a la vuelta de los meses quedó en evidencia que la transa no fue sólo de la responsable de las finanzas, sino que hubo varios beneficiarios de la cúpula morenista de la entidad. El sobreprecio daba para aventar y repartir.

Lo peor es que el proyecto de un cambio de sede se encuentra abandonado a estas alturas, después de pagar una millonada por el inmueble y repartirse las respectivas comisiones.

A los morenos les urge una sesión del Consejo Estatal para pedir cuentas, porque hasta la fecha no se han dado más que excusas sobre la transa realizada. Igualito que del fracaso electoral padecido en casi toda la entidad.

***

En todo el territorio del estado salvo Chihuahua y Juárez, lo que antes era la Secretaría de Desarrollo Municipal, ahora rebajada a una coordinación, tiene gran influencia política y administrativa.

Por esa vía que hoy depende de la Secretaría de Coordinación del Gabinete, a cargo de Luis Serrato, pasan programas importantes para los 65 ayuntamientos restantes de la entidad, que bien cuidados y sin caer en irregularidades, pueden aprovecharse tanto para el desarrollo como para lucir la gestión estatal.

El peso político del área es tal que concentraba a buena cantidad de panistas desde la pasada administración. Algo raro, pues el de Javier Corral no se consideraba un gobierno del PAN dado que los excluyó a casi todos.

Ahora, cuando dicha dependencia se ha reducido, su nuevo titular, el exdiputado Jorge Soto, ha emprendido una limpia. Hostigando a panistas y corriéndolos abiertamente. Ya le cuentan alrededor de 15 víctimas.

Soto Prieto ha corrido a panistas para meter a su gente, externos todos, no identificados con el PAN, lo que va en contra de la política de inclusión que se promueve desde el Palacio de Gobierno.

El exdiputado que gusta de estirar la liga, se recordará, fue designado por la gobernadora Maru Campos como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, pero apenas aguantó una semana en el cargo.

Decepcionó porque dejó en evidencia que lo suyo no era el trabajo. Así se lo hizo saber prácticamente a todo su equipo, dado que se asustó de la cantidad de labores y tareas que implicaba una de las áreas más importantes de la administración estatal.

Así, por ser un flojonazo de primera le dieron una dependencia más ligera, y en esa en vez de demostrar capacidad política y operativa comenzó a dar muestras de lo contrario, volviéndose hostigador de los propios panistas.

***

Transcurrió un mes completo de que desaparecieron 13 migrantes en su trayecto de Ojinaga hacia el Valle de Juárez.

No hay más señal de ellos que fueron arrebatados por un grupo delictivo a otro mientras buscaban un cruce hacia los Estados Unidos. Este es el dato más próximo en manos tanto de las autoridades federales como de las estatales.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro, estuvo hablando sobre el desarrollo de las investigaciones solo unos días después de reportada la desaparición pero luego guardó silencio total bajo el argumento de la “secrecía” que lleva la indagatoria.

La realidad es que ha transcurrido un mes y parece, solo parece, que únicamente la propia Fiscalía continúa la búsqueda. Muy pronto se desentendieron por completo las distintas corporaciones del gobierno federal, incluido en primer orden el Instituto Nacional de Migración (INM).

Solo queda, por lo que se ve, la esperanza de un milagro para los desaparecidos y sus familias.

close
search