Los LeBaron

La reciente masacre ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora, donde murieron varios integrantes de la familia LeBaron

Sixto Duarte
Analista
martes, 03 diciembre 2019 | 06:00

La reciente masacre ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora, donde murieron varios integrantes de la familia LeBaron, trajo diversas consecuencias que se analizan desde diferentes ópticas. En primer término, vino a confirmarnos (y a exponer al mundo) el enorme grado de impunidad, y de falta de imperio de la ley que tenemos en México. Lo anterior, pues evidencia entre otras cosas el tráfico de armas a México, la falta de Estado en ciertos territorios del país, la ineptitud del gobierno para dar con los responsables, así como una pésima estrategia de comunicación.

En segundo término, trajo como consecuencia una relación más tensa con los Estados Unidos, como se ha venido evidenciando estos días. La amenaza de Trump de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas (con todas las consecuencias que ello implica), justo en la víspera de aprobar un nuevo tratado de libre comercio para América del Norte, precisamente en año electoral, reflejan la tensión del momento. Como dijo Joaquín López-Dóriga, Trump agarrará de piñata a México de aquí al día de la elección, en once meses.

En tercer término vino a reflejar la profunda xenofobia y fanatismo arraigados en México, mismos que creeríamos existen en otros países, no en el nuestro. A partir de la petición realizada por la familia LeBaron al Gobierno norteamericano para su intervención a partir de la masacre citada, diversas voces –tanto a favor como en contra– han hablado de solicitar el apoyo al Gobierno norteamericano para erradicar la violencia en el país. Los calificativos han ido de un lado para el otro. Los promotores de la medida, acusan a los que no están a favor de la misma de defender a los cárteles de la droga. A su vez, los críticos de la medida, sostienen que los promotores de la misma son entreguistas al Gobierno americano. Como siempre, creo las posiciones políticas no pueden analizarse desde una óptica de blanco y negro.

Desde la perspectiva del profundo dolor familiar, junto con la impotencia de no ver resultados, entiendo que la familia LeBaron solicite intervención de un Gobierno extranjero para resolver lo que el Gobierno mexicano, parece no puede resolver. Sin embargo, a pesar de ello, no coincido con ellos desde la postura constitucional. Las víctimas eran ciudadanos mexicanos (con doble nacionalidad), asesinados aparentemente por ciudadanos mexicanos, en territorio mexicano. ¿Por qué habría de intervenir un gobierno extranjero? Únicamente en este tema, coincido con la postura expresada por muchos (incluido el jesuita Alejandro Solalinde) de que una intervención norteamericana es inaceptable.

El hecho de que los integrantes de la comunidad mormona hayan pedido intervención americana para este asunto, no los hace menos mexicanos, ni enemigos del Estado, como lo han querido hacer ver diversos miembros de la Cuarta Transformación. El “emplazamiento” realizado por el padre Alejandro Solalinde a la familia LeBaron, respecto a que tienen que decidir de qué lado están, pudiera justificarse desde una perspectiva ranciamente nacionalista, no desde la perspectiva de un “vicario de Cristo”, si es que ese término se puede aplicar. Solalinde debería de tratar de ser empático con la comunidad que se encuentra de luto, y no promover el lucro político con una desgracia de esta magnitud.

En el mismo tenor, muchísimas reacciones se dieron en las redes sociales a partir de lo mismo. Es evidente que el Gobierno federal movilizó sus estructuras cibernéticas (bots) para posicionar el hashtag #LeBarónTraidoresDeLaPatria. Si es gravísimo que existan esta clase de razonamientos en la ciudadanía, es aun más grave que los mismos se promuevan desde el poder. Este gobierno ha reflejado que, lejos de tener interés en resolver problemas, lo único que les interesa es la salvaguarda de la popularidad del presidente.


Operación Justicia para Chihuahua

Trascendió en días recientes la denuncia por extorsión realizada por el exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín. Tachiquín refiere que fue objeto de extorsión por parte de funcionarios del Estado, para hacer a un lado las investigaciones enderezadas en su contra. No es a la primera persona a la que esto le sucede. En colusión con despachos de abogados, funcionarios de la actual administración han hecho una mina de oro con estas extorsiones veladas. En otra ocasión se tocará este tema con mayor detalle. Quizá el gobierno de Chihuahua debería investigar estas conductas, si es que el interés genuino de su operación es la procuración de justicia. De esa forma se destaparía la cloaca existente entre funcionarios y despachos de abogados.