Opinión

Los jueces y su selección

La ratificación en su conjunto de los nombramientos es una decisión que se tenía que tomar dada la premura y la falta de información sobre los antecedentes de los juzgadores, tal como lo señaló la propia presidenta del Poder Judicial

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 15 enero 2022 | 06:00

La ratificación en el estado de Chihuahua de 28 jueces penales de distintos distritos judiciales que habían sido seleccionados en la convocatoria de 2018 extiende la polémica sobre la composición del Poder Judicial en la entidad y pone de nueva cuenta la mirada pública en la necesidad de discutir y en su caso, reformar, la manera en que nuestros jueces y magistrados son seleccionados.

La ratificación en su conjunto de los nombramientos es una decisión que se tenía que tomar dada la premura y la falta de información sobre los antecedentes de los juzgadores, tal como lo señaló la propia presidenta del Poder Judicial.

Pero aquí lo importante ya no es la “inamovilidad”, siempre relativa, que alcanzan los jueces ratificados, sino entender de una vez por todas que lo que requieren los poderes judiciales de las entidades federativas es una revisión de todo su andamiaje orgánico. Es muy difícil que las directrices axiológicas de independencia, autonomía y mínima imparcialidad se alcancen si se siguen manteniendo las mismas formas en sus procesos de selección. Los continuos reproches a la injerencia del Poder Ejecutivo en la labor de los juzgadores de primeras y segundas instancias seguirán mientras no se opte por un cambio de raíz en el que sin atavismos ni prejuicios se discutan, en vía legislativa, nuevos mecanismos para aminorar la dependencia de un poder sobre el otro.

Y en este proceso deliberativo todo se tiene que discutir, inclusive, por supuesto, el papel que los Consejos de la Judicatura estatales juegan en el entramado del Poder Judicial, empezando por el nombramiento de sus miembros, así como la noción misma de “carrera judicial”, usanza atrincherada en la loa a la “experiencia” y a los años, pero con insuficiente énfasis en las cualidades epistémicas y axiológicas de los jueces.

Una sociedad democrática requiere buenos juzgadores y para ello se tiene que garantizar que la pretensión de interferencia del Poder Ejecutivo y los poderes fácticos en su trabajo cotidiano sea mínima, es decir, que esos poderes sepan que el Poder Judicial cuenta con el blindaje, herramientas y protección necesarias para juzgar con independencia. Ese blindaje se conforma con base en los mecanismos de nombramiento que deben tener como objetivo principal aislar al operador judicial de las presiones políticas, sobre todo, las de corto plazo, que son las que más alteran la buena marcha del quehacer judicial cotidiano. Presiones de tres, cinco o seis años que se difuminan con el paso del tiempo solo para renovarse en el siguiente período administrativo, pero que pueden dejar un lastre permanente para la comunidad.

Así, la consecución de una rama judicial fuerte tiene poco que ver con las “buenas intenciones” de los gobernantes en turno o de una predisposición emocional o volitiva de ellos, tampoco de las “ganas” o el valor individual de nuestros jueces. Tampoco tiene que ver mucho con el cambio de la cabeza de un Poder Judicial estatal. Es algo mucho más complejo que tiene su cimiento en la composición y engranaje de las fuerzas políticas de un país, en su sustrato económico y en la estructura constitucional.

Tras lo que acontece en nuestra entidad, no han faltado las voces de quienes piensan que es tiempo de discutir y revisar la posibilidad una elección popular en el nombramiento de los jueces. Un tema añejo, por cierto, que resucita de vez en cuando; sin embargo, dejar al mero pulso mayoritario una decisión en la que se involucran infinidad de elementos objetivos y no meramente subjetivos, implica un cúmulo de riesgos. Los mejores caminos parecieran ser los que nos aproximan a fórmulas mixtas o híbridas, con alta transparencia, alejados de los mecanismos de nombramiento de órgano único en que los jueces de primera instancia son nombrados y ratificados por miembros del propio Poder Judicial.

Los mecanismos mixtos suelen caracterizarse por una mayor apertura y flexibilidad dialógica y combinarse de manera creativa. En ese sentido, para su diseño, una buena parte de la pelota está en la cancha de los poderes legislativos estatales. ¿Chihuahua? Ya es tiempo.

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