Opinión
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Los hincan y les exigen ‘bajarle de huevos...’

Nos aseguran que terror por indefensión sufrieron el lunes policías viales destacamentados en Ojinaga cuando su pequeño cuartel, u oficina, fue abordada violentamente por un comando del crimen organizado

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 07 enero 2021 | 06:00

-Los hincan y les exigen ‘bajarle de huevos...’

-Gabriel Flores va por Morena... y con Cabada

-Desatados con extorsiones a ‘chuecos’

-Gasto electoral en su nivel máximo

¿Un policía puede sufrir momentos de terror por indefensión? Naturalmente sí por razones inherentes a la naturaleza humana aunque el temple se suponga forjado para enfrentar cualquier situación de peligro, chico, mediano o grande.

Nos aseguran que terror por indefensión sufrieron el lunes policías viales destacamentados en Ojinaga cuando su pequeño cuartel, u oficina, fue abordada violentamente por un comando del crimen organizado.

Alrededor de 15 personas encapuchadas, portando equipo táctico y armas largas, llegaron en cinco ó seis vehículos; descendieron, ingresaron al local, golpearon a varios agentes, los hincaron, preguntaron por el jefe, les advirtieron que le “bajaran de huevos” en la ciudad y les dieron de plazo una semana para dejar Ojinaga.

Los policías viales forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Han sido dispersados por aquellos municipios débiles en materia de seguridad pública (Villa Ahumada es otro).

Pero la Secretaría ha dividido la corporación en varios agrupamientos, casi todos señalados por ligas con el crimen organizado, abusos y actos de corrupción en innumerables casos.

Quienes conocen la dinámica de la violencia en Ojinaga aseguran que dos de esos agrupamientos, el de la Policía Estatal de Caminos y la de “Inteligencia”, son quienes han hecho detenciones y cometidos robos que han desencadenado en “venganzas” del crimen contra los eslabones más débiles, los viales.

Justo en momentos que el destacamento de Ojinaga era tomado por los encapuchados, una persona de aquella ciudad denunciaba de manera anónima que “los de Caminos” (unidad 005) le habían retenido un vehículo traído de los Estados Unidos y no se lo regresaban hasta que autoridades de aquel país confirmaran si el pedimento de internación era “bueno”. Querían mordida por nada.

De Ojinaga a Aldama (a unos kilómetros de la ciudad de Chihuahua) ese tipo de anécdotas son frecuentes. También es claro que la ciudad de Ojinaga sigue dominada por los grupos delictivos. Aquí tenemos el ejemplo.

El grave problema es que en medio de todo queda la población indefensa... y ahora hasta elementos de la propia corporación estatal.

Son bombas de tiempo en aquella región; y por todo el estado.

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De la caja de sorpresas electorales ha salido el nombre de Gabriel Flores Viramontes como inminente candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez.

Desconocemos el impacto popular entre los juarenses que le quede al célebre exdiputado priista y exprecandidato a la alcaldía por el mismo Revolucionario Institucional. Lo que sí sabemos es que sigue gozando de la misma actitud para buscar el triunfo.

Todo indica que no únicamente la jerarquía nacional de Morena dio ya el visto bueno para entronizar a Flores como candidato, sino también, y lo más importante, el independiente alcalde, Armando Cabada.

Por estos días, u horas, andará el presidente de Morena en el país, Mario Delgado, confirmando el hecho.

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El martes por la tarde, los dirigentes de Onappafa, Miguel Campos y Humberto Meza, entregaron una denuncia en el despacho de Javier Corral, luego de decenas de quejas de extorsiones contra propietarios de vehículos “chuecos” en Juárez.

El oficio, cuya copia puede verse en la edición digital de La Columna, acusa a nada más y nada menos que a los mismos agentes estatales de cobrar mordidas por dejar circular esas unidades, de las cuales han sido decomisadas alrededor de dos mil 600 desde septiembre a la fecha, de acuerdo a lo que informó el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava.

Pero como esa cantidad de automóviles decomisados ya tiene llenos los depósitos de la Fiscalía del Estado, ahora los elementos aprovechan para montar sorpresivos retenes no con la intención de decomisar, sino para extorsionar a los conductores.

Lo peor de todo es que los agentes estatales actúan en unidades que aunque sean nacionales no portan placas ni identificación alguna, lo que resulta casi tan chueco como los vehículos que se ponen a cazar. Eso se presta a muchísimos abusos, más allá de la justificada acción legal de la autoridad.

Para rematar, las organizaciones “pafas” serias son contadas. Más allá de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), no hay otra que tenga validez oficial y que no haya tomado los engomados como negocio y vil fraude.

La queja entregada al director de Atención Ciudadana, Pablito Mendoza, cobra relevancia ahora que se encuentra en el Senado de la República una iniciativa morenista para la eventual regularización de unidades importadas de forma irregular al país.

Si los patios de la Fiscalía están llenos de “chuecos”, si sube la cantidad de denuncias de extorsión y si los líderes de las “pafas” son acusados de defraudar a los automovilistas que adquieren unidades ilegales, es obvio que urgen medidas de protección a la población y para cuidar el estado de derecho.

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Los nuevos procedimientos de consulta de la Ley de Participación Ciudadana dispararon el gasto electoral en más del 55 por ciento, en el comparativo entre los años electorales 2016 y el actual. Ni se diga si se compara el presupuesto con procesos anteriores.

Para el año 2010 al Instituto Estatal Electoral le fue aprobado un gasto de 390 millones de pesos; subió a 461 millones y para las elecciones de 2021 se habrá de elevar a 718 millones de pesos. Proporcionalmente no existe dependencia pública con un incremento de esa magnitud durante un quinquenio.

Esa cantidad de recursos aprobados para este año contempla las prerrogativas a los partidos políticos, que se llevan alrededor de 260 millones de pesos.

El resto, más de 450 millones de pesos, será para la institución a cargo de la organización del proceso electoral, con el añadido de que ahora debe contemplar posibles revocaciones, plebiscitos, consultas y demás mecanismos de supuesta participación ciudadana. Supuesta porque en realidad se mueven por razones políticas.

El disparado gasto electoral representa lo que tienen presupuestados a duras penas unos 35 municipios de los marginados; también puede compararse con la reducción sufrida a presupuestos de varios renglones del sector salud, lo que resulta en algo criminal en tiempos de la pandemia.

Da mucho qué pensar el que se haya ubicado el gasto electoral en el máximo de su historia en momentos en los que está en riesgo la misma viabilidad financiera del estado y sus municipios. Y más porque en este rubro no hubo actor político que lo detectara y señalara como una incongruencia de la repartición presupuestal.