Los dos policías muertos por desorden

-Los dos policías muertos por desorden

-Siguen en las calles los efectos del Cereso

-Ni se inmutan por atropello a la vieja guardia

-Todavía no hay telefonazos para gira de AMLO

Entre los elementos que integran la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), particularmente en Juárez, ha sido notoria la disminución de la disciplina durante los últimos meses, a pesar de que el jefe en el estado, Guillermo Arturo Zuany, sigue siendo el mismo y no obstante que antes de esos recientes sucesos el manejo directivo imperante casi tiraba a lo militar, de lo enérgico que era.

El suceso del sábado que terminó en tragedia, en luto para dos familias, para la institución y para la sociedad, por la muerte a tiros entre los propios policías también llamados ministeriales, pudo haber sido evitable, no debió ocurrir.

Esa es la conclusión a la que han llegado los propios policías, pero sucedió porque no fue cubierto un solo protocolo para ese tipo de situaciones en las que, un policía en ejercicio pleno de su función, Pascasio Chaparro, desarrollaba la custodia de una testigo en el hotel Flamingo, de la avenida Paseo Triunfo de la República, en estado de ebriedad y hasta acompañado por una mujer... y tripulando un vehículo, unidad le llaman, que no era oficial.

En otro punto de la ciudad, en la comandancia de la AEI, se preparaba el comandante del turno de la noche, José Eduardo Garza Ríos, para salir a un operativo cuando fue avisado que su subordinado andaba en condiciones de ebriedad. Dejó el pendiente y salió hacia el Flamingo para atender el asunto. Se fue acompañado de una mujer también policía, aparentemente su pareja.

Del movimiento estuvo enterado en todo momento el jefe de la AEI en Juárez, Hermann Adrián Pérez Rico. Lo autorizó porque quizá creyó (creer) que no pasaría a mayores porque, además que el grueso de los integrantes de esa corporación son compañeros, la mayoría son también amigos. Surgieron de la misma academia el grueso de ellos.

No contaron nunca los jefes policíacos con que Pascasio se molestaría por el regaño; y más aún, porque sería desarmado. Baleó al comandante Garza. La mujer que le acompañaba reaccionó y lo mató. Murieron ambos.

Ese no fue un descuido aislado, según los conocedores de ese ambiente, son muchas las omisiones similares recientemente, incluida la incursión hace poco a un domicilio en el que fue golpeada una persona y murió posteriormente en el hospital, caso por cierto al que los jefes de la AEI ya le echaron bastante tierrita.

Pérez Rico ha bajado sustancialmente la guardia en materia disciplinaria. Es comprensible; ya tiene muchos años a la cabeza de la corporación en Juárez y quizá no se acuerde ya de lo que significa eso.

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El dato curioso que se maneja en las mesas de seguridad estatal y municipal apunta que si marzo de 2022 fue de los menos violentos en la frontera en muchos años (con 65 asesinatos), marzo de este año será uno de los meses más violentos en los registros recientes.

Este marzo que todavía no concluye se acerca a duplicar el registro del mismo período del año anterior; además, supera los meses previos de este año: enero (94 casos, incluidos 17 dentro del Cereso 3) y febrero (93 incidencias reportadas oficialmente).

También hay notables diferencias con enero y febrero de 2022, que tuvieron 83 y 87 homicidios violentos, respectivamente, por lo que la lógica de los analistas criminales concluye que aún siguen en las calles los efectos de la masacre y fuga del Centro de Readaptación Social, Cereso 3.

En los escenarios inmediatos no hay posibilidad de una tendencia a la baja de la violencia que ocasionan los cárteles y sus células, quienes mantienen la batalla a muerte por el control de las zonas fronterizas, estratégicas tanto para el tráfico fuera del país como para el consumo interno.

La contención de la Policía Municipal, las corporaciones estatales y federales, ha quedado rebasada en diferentes momentos del año y la estrategia ha tenido que estarse adaptando de manera frecuente, para atender las contingencias o alertas que no dejan de presentarse.

Ante esta realidad, no es descartable que haya un refuerzo en los operativos que realizan los tres niveles de gobierno para paliar el aparente descontrol que se vive desde el primer día del año, cuando la pandilla de “Los Mexicles” irrumpió con escandalosa fuerza en el panorama delictivo.

En las mesas de seguridad, pues, el repliegue para tomar vuelo es todavía la instrucción predominante.

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En la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Alejandro Domínguez, ni se inmutan por el atropello a la vieja guardia tricolor que se vivió la semana pasada, con la forzada renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de los senadores del tricolor.

El PRI nacional de Alejandro “Alito” Moreno quedó como una facción más entre los grupos que coexisten, más a fuerzas que con ganas, dentro del partido que fuera hegemónico durante siete décadas, del cual ya sólo quedan escasos recuerdos.

La sacudida dentro del partido fue brutal a nivel nacional. Impactó tanto al bloque del que fuera poderoso secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, como a todos los enlaces regionales de la alianza opositora a Morena, reducida a una caricatura cada vez más pequeña.

A nivel estatal, sin embargo, los tres o cuatro PRI que existen (en el Congreso del Estado, el partido y en las estructuras de los gobiernos estatal y municipales panistas-aliancistas), apenas sintieron el ventarrón de la capital del país.

Obviamente hubo resentidos. Mejor botón de muestra que el “baecismo” no hay, pues todo el grupo era y es de Osorio Chong; y ni se diga de otros tricolores que ahora ven a “Alito” como lo peorcito que le pudo haber pasado al tricolor desde tiempos de Plutarco Elías Calles.

Pese a todo, el tema fue más cafetero que otra cosa. A nivel estatal, es lo que aseguran los tricolores, siguen firmes los acuerdos para actuar como oposición sólida de la mano de los albiazules.

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Lo que buscaba el delegado del bienestar en Nuevo Casas Grandes, Mario Saldaña, al final lo consiguió por la vía menos esperada, con el auxilio “ilegal” de Brighite Granados, la presidenta estatal de Morena.

Están “destituidos” por declaración periodística de Granados, en estos momentos el comité municipal encabezado por Julián Hernández, y el comité legal que por estatutos encabeza la secretaria general, Daniela Gómez.

Saldaña manipuló de principio a fin a la renunciada presidenta de comité municipal, Indhira Ochoa, quien estaba en una nómina no oficial de la Secretaría del Bienestar, junto con su marido, Miguel Villa.

Indhira no pudo con las presiones del delegado del Bienestar, -quien llegó al grado de ser administrador del grupo de WhatsApp de Morena, a donde metía y sacaba gente a placer, se mofaba y criticaba a sus anchas-, cuando le exigió cinco posiciones del Comité, que para equilibrar a los grupos, a las cuales ninguno de los titulares quiso renunciar.

Por eso el show del fin de semana, con acarreados y golpeadores, puro servidor de la nación, que ni en filas de Morena se encuentran.

La presión para tronar al Comité Legal empezó desde septiembre del año pasado, cuando los nueve mil pesos que eran enviados por Brighite Granados para pago de renta y gastos simplemente dejaron de ser entregados al tesorero del Comité Municipal, cuyos integrantes son quienes se cooperan para sufragar gastos elementales.

Legalmente, el Comité de Daniela Gómez es el único válido. Una de sus primeras acciones tendría que ser una revisión en libros contables, con lupa, por manejos nada claros de Indhira.

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Todavía ayer no llegaban los telefonazos de Presidencia de la República a los despachos particulares de Palacio de Gobierno ni de la alcaldía de Juárez para invitar a la gira de cuatro horas que hará por esta frontera Andrés Manuel López Obrador.

La gobernadora del estado, Maru Campos; y el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, mantienen abiertas sus agendas para el viernes a la una de la tarde por si los convocan para el evento que será llevado a cabo en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, (territorio estatal), por ahí a la una de la tarde.

Esos telefonazos regularmente son hechos dos o tres días antes del evento respectivo; y en ocasiones hasta solo un día antes.

Por mera diplomacia ambos representantes de los gobiernos estatal y municipal deben ser invitados aunque el acto es de correspondencia solo federal, la supervisión en avance de los Bancos del Bienestar.