Los decapitados que detonaron la amenaza

-Los decapitados que detonaron la amenaza

Nadie en Palacio de Gobierno ha recibido una explicación sobre la nueva organización para custodiar a Javier Corral, que sorpresivamente incluye a militares subordinados a la Presidencia de la República.

No es de manera alguna un mero formalismo o interés por el morbo este tema que, de forma paralela, ha implicado el desplazamiento de los escoltas responsables de vigilar al gobernador.

Esos agentes son comandados por el capitán Juan Manuel Escamilla, el llamado firulais de Palacio cuyo mayor mérito en esas encomiendas es arrebatar y robar teléfonos celulares a los periodistas.

El agrupamiento de escoltas del Gobierno del Estado es conformado por agentes policiacos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado.

Su función como custodios del gobernador en turno es antigua y nunca ha tenido modificación sustancial alguna en su estructura, ni siquiera cuando sufrió Patricio Martínez el atentado en plenas escaleras de Palacio; por cierto, era jefe el mismo Escamilla de ahora, igual de lento, igual de descuidado. Muchos kilos de más, la única diferencia actualmente.

Es entonces histórica la incursión de militares en esos menesteres que ocurre en dos momentos muy importantes aunque uno de ellos es el que sobresale y motiva mayor preocupación de la ya existente entre los chihuahuenses.

Sostiene el Estado una ruidosa confrontación contra la Presidencia de la República por decisión personal del gobernador, igual o más intensa de la que mantuvo contra la administración federal peñista por dos años.

Son diversos temas metidos en la polémica, el de mayor trascendencia ha sido justo el de seguridad pública. Mientras el Gobierno estatal pelea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la jefatura para convocar y dirigir las reuniones de las diversas corporaciones policiacas y militares, el gobernador estuvo en la Ciudad de México solicitando auxilio a la propia Federación para su vigilancia personal.

No ha dicho Corral una sola palabra sobre el tema. Es conocido el refuerzo en las escoltas porque son militares los que andan también ahora con él y porque los datos fueron confirmados por la Secretaría General de Gobierno. Inclusive los voceros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General de Justicia han dicho desconocer el cambio.

Pudo más entonces la necesidad evidentemente urgente de solicitar ayuda de la Federación y reforzar su seguridad con elementos castrenses que el obvio orgullo por definir quién debe comandar los encuentros para la coordinación de seguridad.

Eso nos lleva a una primera conclusión sobre el segundo momento. Algo debió ocurrir durante los últimos días que llevó a Corral Jurado a dejar de tener confianza en los policías estatales que lo cuidan. La obviedad es innegable.

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Descuidó el gobernador a lo largo de su régimen casi por completo el aspecto de la seguridad en el estado. O no tomó decisiones en muchos casos o las que tomó fueron muy ineficaces y tan desafortunadas que la lumbre de la violencia ha terminado por alcanzarlo también a él.

El 14 de febrero fue la confrontación entre bandos de los cárteles de Juárez y Sinaloa en el municipio de Villa Coronado. El saldo quedó en cinco muertos, tres de ellos decapitados. Más de mil disparos de armas de grueso calibre, según las autoridades policiacas.

Después hubo decomiso de droga y armas en la misma región, aparentemente propiedad de uno de los líderes que operan en Parral y parte de la zona sur del estado, “El 300”, Antonio Leonel Camacho, de Gente Nueva, o Cártel de Sinaloa.

Esos hechos son los más recientes de una seguidilla que se ha prolongado entre los mismos grupos por todo el quinquenio corralista. Desde las rancherías más remotas del estado hasta las grandes poblaciones como Juárez y Chihuahua son escenario de la misma guerra.

A los más de 10 mil homicidios registrados en casi cinco años deben sumarse decenas de miles de vehículos robados, extorsiones, secuestros... y centros de rehabilitación atestados de adictos a todo tipo de drogas.

Ninguno de los tres intentos que hizo Corral para enfrentar a los grupos delictivos tuvo resultado positivo quizá porque no supervisó su cumplimiento o por mera indolencia. Hoy las consecuencias son devastadoras para los chihuahuenses...y de amenaza para el mismo titular del Ejecutivo.

Al inicio de la administración tomó el Gobierno del Estado el control de las policías preventivas de varios municipios que en 2017 empezaron a sufrir rebrotes importantes de violencia: Cuauhtémoc, Madera, Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías, Zaragoza...

Ese plan contempló incluso a las policías municipales de todo el estado, Juárez, Chihuahua, etc., pero no avanzó por el palmario fracaso en aquellos lugares. La inseguridad no solo no disminuyó, se acrecentó y así continúa.

En papel para decretos legislativos fue creada la Fiscalía de la Zona Noroeste con sede en Nuevo Casas Grandes. La aprobada fue hace dos años pero su concreción en los hechos quedó boicoteada por la negligencia y nada remoto que también por la complicidad entre mandos policiacos y la delincuencia.

A finales del 2019, tres años después de iniciada a la administración, concluyó el gobernador que no funcionaba su jefe de la Policía Estatal, Óscar Aparicio Avendaño.

Lo retiró aun con mucha sutileza a pesar del sonado fracaso y las múltiples señales de corrupción generalizada en esa corporación.

Creó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y trajo para dirigirla a otro exmando federal, Emilio García Ruiz, quien permanecía en aquellos momentos en la banca por su cercanía con Genaro García Luna y la limpia de la federal emprendida por Andrés Manuel López Obrador.

Nadie creyó con esa designación en una voluntad seria por cambiar drásticamente el terrible estado de cosas. Y así fue, ceros resultados.

La Secretaría fue dotada con un presupuesto cercano a los 250 millones de pesos. Habla por sí sola la falta de resultados.

En Juárez fue colocado al frente de esa corporación, Ricardo Realivázquez, exsecretario de Seguridad Pública Municipal en esta misma frontera. Su gracia terminó cuando varios de sus agentes de mayor confianza fueron acusados de levantar, asesinar y desaparecer a varios jóvenes.

García Ruiz no pudo poner orden en la policía bajo su mando y optó por hacer lo mismo que su jefe ahora, traer del Estado de México a medio centenar de escoltas que se turnan las 24 horas para cuidarlo.

También convenció a Corral para autorizarle la compra de una camioneta Suburban con el mayor blindaje del mercado (escotilla para disparar) con un costo de siete millones de pesos.

El uso de dicho vehículo se ha reducido al traslado de García de su oficina a su casa y de su casa a los restaurantes Mochomos, La Calesa y la Garufa; en el Distrito Uno; y el Great American, en Paseo Central, de la ciudad de Chihuahua, donde come a diario.

En ese ambiente, bajo todo ese contexto, no es nada raro que Corral Jurado haya sufrido alguna amenaza a su integridad y la esté tomando en serio justo porque la Policía Estatal ha sido convertida en un cedazo y los principales grupos delictivos empoderados como nunca.

Es natural el debilitamiento de los gobernantes al concluir sus administraciones. A Javier Corral le faltan seis meses para irse, pero en este caso se torna dramático ese término porque implica más desatención hacia los chihuahuenses y revela mayor vulnerabilidad de las instituciones responsables de velar por su seguridad.

Qué puede esperar la ciudadanía si el gobernador no confía en los policías que lo “cuidan”.