Opinión

Los charales escapan y Alí Babá no aparece

Los expedientes que en su conjunto se denominan 'Operación Justicia para Chihuahua' amenazan convertirse en una moderna versión de la napoleónica Waterloo

LA COLUMNA
de El Diario
domingo, 17 marzo 2019 | 06:00

La molestia de Javier Corral es comprensible, los expedientes que en su conjunto se denominan “Operación Justicia para Chihuahua” amenazan con convertirse en una moderna versión de la napoleónica Waterloo, aquella estrepitosa derrota fundada en soberbia y ceguera.

La obcecación impúdica y que se grita a los cuatro vientos, para construir procesos penales sobre las rodillas, alcanzó niveles de esquizofrenia con la liberación de Alejandro Villarreal, exdirigente de la Sección Octava del SNTE y miembro del lobby más íntimo del pasado régimen estatal. 

Emulaba el exlíder sindical en las inagotables tertulias cesaristas a Juan Gabriel con más sentimiento que el propio ‘Divo de Juárez’. Es muy bueno para la cantada; a eso nos referimos.

Nos dicen que su liberación ha producido a Corral mayor furia no comparada con la ocasionada por la salida de prisión de Alejandro Gutiérrez.

Peor aun, Palacio tronó desde sus cimientos con la cesión de libertad condicional otorgada a Sergio Medina Ibarra, operador eficiente del entramado de corrupción duartista develado por el nuevo amanecer, y cuya decisión pasó sin generar mayor atención mediática, cuando se trata de un golpe contundente al corazón de las hipótesis de delincuencia organizada en el pasado sexenio. 

Medina es la cabeza de manipulación del Comité Central de Compras, interfase entre Carlos Hermosillo, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, personajes centrales en el irregular manejo multimillonario. Lo sabe el inquilino de Palacio, sólo que hace como que la virgen le habla.

Y es que Corral encabeza con investigadores y agentes del Ministerio Público una lucha centímetro a centímetro en materia de corrupción, que tiene a una decena de personas en libertad condicional o aún presos, los más doblegados por la carga de la reclusión, que han vendido hasta la camisa para comprar una caución, y tal vez anticipar un futuro arreglo por criterios de oportunidad.

Los menos soportan en prisión las acusaciones, intentando amparos a diestra y siniestra, buscando acreditar el camino del debido proceso, en una desigual lucha contra todo el poder del Estado (hasta ahora), que utiliza a sus testigos VIP como arietes de gran fuerza y estridencia, pero débiles a la luz del principio de adecuada defensa de los imputados.

Tiene puros charales bajo arresto o con brazalete electrónico. El pez gordo se le escapa de las manos, aun  cuando está a tiro de piedra, aquí sólo brincando el río.


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Los expedientes ‘X’ representan el principal eje de desarrollo en el programa de la administración pública estatal. Desde la campaña y durante el primer tramo ocuparon el espacio estelar de las decisiones pero algo ocurrió, porque en el segundo informe corralista el tema se desinfló.

Fuera del apartado histriónico del fiscal César Peniche y del comisionado Óscar Aparicio, con aquello del no pacto con delincuentes ni con corruptos, no hubo más.

Javier Corral enfrenta los demonios de la mitad del quinquenio con serias dudas y mucha molestia, porque las victorias en los juzgados han sido pírricas.

Los anuncios en millones recuperados no son nada frente al cálculo del supuesto desfalco provocado en la anterior administración.

Va el gobernador sobre pipitilla. No ha encontrado el filón del desvío de recursos, que se le escapa entre las manos.

No hay cuentas bancarias millonarias embargadas o intervenidas: va por un rancho aquí y otro allá, la devolución de un terreno y unos cuantos pesos por acá. Pero de la cueva de Alí Babá ni sus rastros.

Su máximo hallazgo en ese sentido ha sido la famosa lista de la nómina secreta. Firmas de recibido pero cero dinero recuperado. Balazo también al pie, pues estratégicamente los documentos “descubiertos” contienen nombres de casa blanquiazul.


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Por eso tal vez la gran decepción por la libertad de Alejandro Villarreal, con quien existe una especial aversión que, nos dicen, es muy emocional.

El dirigente de la Sección Octava del magisterio federal fue imputado por el desvío de más de 12 millones de pesos. Primero cinco, luego tres y después el resto.

De un vestir impecable siempre, líder fifí, protegido predilecto de la maestra Elba Esther Gordillo, Villarreal tuvo una meteórica carrera. Muy joven se empoderó sin mucho mérito más que la gracia del poder.

En esa cúspide se confió y fue arrestado. El SNTE salió en su defensa y apoquinó sin más cinco millones de pesos. Él juntó otros dos y pugnó por la libertad.

Los argumentos de su enfermedad por ansiedad, que lo desvaneció en plena audiencia, fueron insuficientes. El juez no quería ceder.

Hubo que tocar las puertas del amparo para ablandar al juez, que al final debió dar su brazo a torcer y expedir el famoso oficio 25841/18, a las tres de la mañana, pero que fue atendido por el director del Cereso hasta 12 horas después. Un auténtico abuso de poder.

¿Quién ordenó que se retrasara hasta lo imposible, con pretextos insustanciales, la libertad de un reo que tiene una orden expresa y directa de un juez?

No hubo poder humano que forzara la liberación, ni el acta de un notario que dio fe de la flagrancia legal cometida, ni las amenazas de denuncia penal de la defensa.

En el fondo, nos confían, fue el enojo, verdaderamente estridente de Corral Jurado, el que impidió cumplir inmediatamente con la orden del juez.

Mezcla de impotencia y rabia. No concebía cómo era posible que aquello estuviera ocurriendo. El combate a la corrupción, la madre de todas las batallas, en debacle, derrotada.


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Y si el asunto de Villarreal lo sacó de quicio, cinco meses después sobrevino la liberación de Sergio Medina Ibarra, el responsable del Comité Central de Compras, operado desde el corazón de la Secretaría de Hacienda.

El suceso, acontecido apenas hace un mes, fue una gran lápida sobre la sepultura de los expedientes ‘X’.

No tanto porque con tal acontecimiento se acabe el asunto, ni mucho menos, pero provocó desánimo y gran disgusto.

Medina sucedió a Carlos Hermosillo en el cargo de responsable de las compras millonarias de la totalidad de la administración central.

Hermosillo, fatalmente fallecido meses después en un extraño accidente, había comprado su inmunidad con una diputación federal acremente cuestionada.

Desde ahí Medina no batalló para asumir las funciones de Hermosillo en la operación de la administración Duartista. 

La leyenda negra de su predecesor se fortaleció con él mismo en la discrecionalidad de los negocios, y, luego de su renuncia, se acrecentó con Antonio Tarín, casualmente el suplente de Hermosillo en la diputación federal, que como sabemos nunca pudo pasar del vestíbulo.

Sobre Medina, hoy en libertad, pesa la acusación de haber desviado más de 300 millones de pesos, más lo que se acumule.

Una acusación que cae como castillo de naipes. Hoy en libertad, pero sujetos a proceso, Medina, Villarreal y Gutiérrez, son demostración del fracaso –victoria pírrica si se quiere– de la denominada operación justicia.


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En estos momentos son más de dos decenas los funcionarios altos y medios detenidos; entre ellos, Alejandro Gutiérrez, Eduardo Esperón, Alejandro Villarreal, Sergio Medina, vinculados, pero en libertad condicional, sin sentencia.

Javier Garfio, Ricardo Yáñez, Karla Jurado, Fernando Reyes y Germán Lezama, sentenciados mediante juicios abreviados; doblegados por las amenazas y presión de la Fiscalía. De ellos Garfio y Reyes gozan de la libertad. Los otros duermen aún en la fría celda. 

Su colaboración, aunque preparada y ya lista, al final no fue premiada con los famosos criterios de oportunidad, que son dispuestos de manera discrecional.

Otros siguen atrincherados, sin dar su brazo a torcer, como Gerardo Villegas y Antonio Tarín. No aceptan arreglo alguno.

Estos son sólo algunos nombres. Todos ellos en mayor o menor medida tienen la atención principal de Palacio, con particularidades que nos llevan a pensar en la personalización indebida del pleito jurídico anticorrupción y por lo tanto débiles ante la objetividad y apego estricto a la justicia en los juzgados federales.

Entre más se acaba el tiempo de Corral más el duartismo huele la libertad. Los jueces recobran la confianza y la autoridad. Empiezan a decidir más en función del estricto proceso objetivo que de la presión ya de Corral, ya de Peniche, ya del expoderoso consejero de la Judicatura Jáuregui.

Atendieron los casos bajo la premisa de la venganza y la sinrazón más que con la ley en la mano. Ahí están ahora las consecuencias.

Aunado lo anterior a que los verdaderos conocedores de los expedientes, los ministerios públicos responsables de las consignaciones, leyeron bien que el gobernador ni sus asesores fifí dedicarían tiempo a revisar documentos, así que dejaron los huecos y las lagunas suficientes para que escaparan por ahí quienes ahora están siendo liberados y quienes le seguirán por la misma puerta en breve. Por supuesto, a cambio de generosas sumas que les han cambiado por completo su estilo de vida. A la incompetencia, la pereza y los deseos de venganza, le podemos agregar la ingenuidad, por llamarla de la manera más amable.