Opinión

Libertad de expresión, censura y publicidad

En las redes sociales la ciudadanía puede autorregularse, en las elecciones ser protagonista y distinguir entre las opciones que se le presentan

Sergio Pacheco González
Analista

martes, 09 febrero 2021 | 06:00

En el portal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se puede leer esta descripción: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.”

El Artículo 7o constitucional señala: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

Una revisión a las diversas plataformas electrónicas a que puede acceder cualquier persona pareciera confirmar la vigencia de este derecho.

Incluso se pudiera decir que su ejercicio, en algunas de sus expresiones, afecta los derechos de quienes son objeto de información falsa, injurias o calumnias. Afecta también, cuando se incita al odio o se hace apología de la violencia.

En este sentido, indican Pedro Salazar Ugarte y Rodrigo Gutiérrez Rivas en El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación, se reconoce que “la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio”. (UNAM-CONAPRED, 2008, p. 94).

Esto viene a cuento por las reacciones que se han producido a nivel internacional a partir de los actos de censura que realizaron medios televisivos y redes sociales en los Estados Unidos de América, nada más y nada menos que a mensajes y cuentas del entonces presidente constitucional de ese país.

Preocupa a jefas y jefes de Estado que empresas particulares como Twitter, Facebook y Snapchat se arrogan la capacidad de restringir y aun impedir el ejercicio de la libertad de expresión de un ciudadano que era, además, el político con mayor jerarquía de la aún primera potencia mundial.

En México, el Artículo 6º constitucional establece, en su primer párrafo, que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Resulta relevante, para valorar las acciones de Twitter, lo que establece nuestra legislación en el segundo párrafo del Artículo 7º: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Desde esta perspectiva, la suspensión o cancelación de cuentas realizadas por Twitter en nuestro país se han ejercido en contra de ciudadanas y ciudadanos que cuentan con diversos perfiles públicos, dejando sin mella cuentas que alimentan la llamada infodemia y peor aún la desinformación, aderezadas con insultos, descalificaciones y discursos discriminadores. ¿Se atreverá Twitter a violentar la ley?

En el ámbito local, sin violentar la ley, sino aprovechando sus vacíos, candidatos a la Presidencia han hecho uso de espectaculares y bardas para promocionarse, sin aludir de manera directa al proceso electoral ahora en marcha.

Estos usos, como los espectaculares que publicitan portadas de revista en las que “casualmente” potenciales candidatos son objeto de repentina atención y relevancia tal que motivan a las casas editoras a difundir sus ediciones en vísperas de los procesos electorales y no en otros tiempos, son tan recurrentes que no engañan a nadie. 

Lo que dejan ver, es que competir por cargos públicos requiere más de recursos económicos y campañas mediáticas que de ideologías o partidos, si no fuera porque éstos posibilitan el acceso a ambos requerimientos. 

En las redes sociales la ciudadanía puede autorregularse, en las elecciones ser protagonista y distinguir entre las opciones que se le presentan.