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Opinión

Ley Sabina

A través de esta iniciativa ciudadana se busca que se reconozca la violencia económica como uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres en México

Ixchel Cano
Analista

viernes, 01 julio 2022 | 06:00

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Actualmente se está generando a nivel nacional un movimiento feminista denominado “Ley Sabina”, que surgió en el Estado de Oaxaca, y ahora en la Ciudad de México a través de la iniciativa de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en esa ciudad, a la que pronto  -también se ha dicho- se sumaran los Estados de Morelia, Hidalgo y Baja California.

Esta iniciativa morada lleva el nombre de la niña de 4 años que inspiró a su madre Diana Luz Vásquez para ser la promotora de la ley que lleva su nombre: Sabina; siendo la edad de la niña, el mismo tiempo que lleva sin recibir pensión económica por parte de su padre, quien por ser abogado ha logrado evadir su obligación, aprovechándose de las lagunas legales que existen en la materia.

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A través de esta iniciativa ciudadana se busca que se reconozca la violencia económica como uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres en México, un país en el que se me hace importante resaltar existen 35 millones de mujeres autónomas, que en realidad son 35 millones de hogares donde los padres han abandonado a sus hijas e hijos por el privilegio patriarcal de poder ausentarse sin tener consecuencias legales serias en su vida.

La ley Sabina es un conjunto de reformas en materia civil, penal y administrativa que busca sancionar severamente a los deudores alimentarios y generar mecanismos jurídicos eficientes para el reconocimiento de la paternidad y la fijación de una pensión alimenticia. Entre los puntos más relevantes de dicha propuesta se encuentra la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios que sea operado por el Poder Judicial, pero que sea público y visible, en el que también se incluya a las empresas que los encubren; y a su vez, se les prohíba ser proveedoras del Estado. Solicita además, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso de padres que oculten bienes y propiedades para evitar el pago de pensión. Además, se pretende que sean incluidos en el buró de crédito para que se les niegue cualquier acceso a un beneficio bancario. También se busca que en caso de que el hombre pretenda casarse, se avise a la futura cónyuge que su pareja es deudor alimentario. Por otro lado, se propone que el costo de las pruebas de ADN sea pagado por el padre. Así mismo, se pretende que la pensión parta del 30 por ciento del sueldo del padre y que el recurso se otorgue hasta los 21 años de edad, si es que el hijo continúa estudiando, y se busca también que a los deudores alimentarios se les impida ocupar cargos públicos o de elección popular y que se les niegue la expedición o renovación del pasaporte mexicano. También las mujeres que sufren abandono durante el embarazo, son parte importante de esta iniciativa, pues no deberán estar esperando a que su bebé nazca para poder comenzar a exigir justicia y el apoyo económico necesario, siendo estos algunos de los aspectos relevantes que contempla esta reforma.

Por lo que esperamos que esta propuesta también se replique en Chihuahua, pues si bien es cierto la violencia sistemática que se ejerce en contra de las mujeres en nuestro país, es producto del arraigado machismo que prevalece en nuestra sociedad; también lo es, que es la percepción de impunidad que existe, la que genera que un caso de violencia económica pueda escalar a violencia feminicida, como lo fue el de la activista social de Puebla Cecilia Monzón a quien presuntamente la mandó matar el padre de su hijo (ex candidato a Gobernador por el PRI en ese Estado) para evadir el pago de la pensión alimenticia, pues cuando al agresor se le manda el mensaje que al Estado no le importan sus mujeres, virtud a la tibia respuesta que históricamente se ha tenido frente a violaciones a derechos fundamentales de las mujeres y sus hijos, la violencia que se ejerce en su contra empieza a escalar incrementando la vulnerabilidad de estas categorías sospechosas, ya que las vuelve propensas a ser víctimas de delitos más graves, pues no es casualidad que México ocupe el deshonroso primer lugar en contenidos de pornografía infantil y el segundo en abuso sexual después de Tailandia, según datos de la OCDE.

Por lo que se requiere de un marco jurídico que envié un claro mensaje: Cero tolerancia a la violencia contra la mujeres y sus hijos, incluida su variante de violencia económica!

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