Opinión

LeBaron. La masacre

En julio de 2009, después del secuestro de Erick LeBaron, y de la negativa de la familia de pagar su rescate...

Sixto Duarte
Analista

martes, 12 noviembre 2019 | 06:00

En julio de 2009, después del secuestro de Erick LeBaron, y de la negativa de la familia de pagar su rescate, las organizaciones criminales que operan en el noroeste de Chihuahua asesinaron al agricultor y activista Benjamín LeBaron, y a su cuñado Luis Widmar, en Galeana. Este terrible episodio bien pudiera rememorar la obra “Crónica de una muerte anunciada” del insigne Gabriel García Márquez.

Benjamín había sido un activista en contra de la violencia que tiene asolada a esa región del Estado. A la muerte de Benjamín, su hermano Julián se involucró prácticamente de tiempo completo en abanderar la causa por restablecer el Estado de Derecho, convirtiéndose en legatario de esta lucha. El tiempo pasó, el asunto se “enfrió”, y la conmoción causada en ese entonces pasó a formar parte de la cotidianidad que ha traído consigo indolencia colectiva ante la violencia y la muerte.

La semana pasada, tres mujeres y seis niños, originarios de la misma comunidad mormona, fueron brutalmente asesinados en los límites de Sonora y Chihuahua. Hasta el momento de estar escribiendo esta opinión, no ha sido aclarado el móvil de la masacre, ni mucho menos detenidos los responsables.

A partir de la masacre ocurrida la semana pasada diversas reacciones se dieron a conocer en medios y redes sociales. En primer término, la opinión pública. Todavía no terminamos de superar el vergonzoso episodio de Ovidio Guzmán en Culiacán, y el Estado vuelve a ser señalado como un Estado superado o fallido. La matanza es síntoma inequívoco que el Gobierno no puede seguir haciéndose de la vista gorda para cumplir con la única función que no puede delegar: brindar seguridad. Es evidente que, siendo el tema de la inseguridad uno de tanta gravedad, el Gobierno no puede pretender seguir con su estrategia de “abrazos, no balazos” ni “fuchi, guácala”.

En segundo término, la propuesta norteamericana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció apoyo militar para erradicar a esas células criminales, en virtud que las víctimas contaban también con la nacionalidad estadounidense. Veo con preocupación cómo la sociedad se ha expresado a favor de esta medida. Quienes aplauden esta medida parecen olvidar el criterio soberanista que debe regir toda acción y colaboración oficial. El exdiputado, Alex LeBaron, se expresó en el sentido de que México debería aceptar la ayuda ofrecida por Estados Unidos. En su caso, no podemos juzgarle, pues la tragedia volvió a afectar directamente a su familia, mas pedir esta intervención trastoca los principios constitucionales de México. 

Por su parte, son desinformadas las opiniones vertidas por algunos líderes empresariales expresándose a favor de la medida propuesta por Trump. Bien dijo Benjamin Franklin que “aquellos que, con tal de obtener un poco de seguridad, están dispuestos a sacrificar un poco de libertad, no tendrán ni seguridad, ni libertad”. El pretender una intervención norteamericana en el asunto, es absurdo. Si bien la nacionalidad estadounidense de las víctimas fueron el motivo para activar la propuesta norteamericana, no podemos olvidar que las víctimas también eran ciudadanos mexicanos. Este gobierno es el que debe responder.

En tercer término, vemos que para el gobierno mexicano, en el tema de este terrible capítulo de violencia, es más importante maniobrar política y diplomáticamente con Estados Unidos, que dar con los responsables, y brindar seguridad. Hasta el lugar de los hechos viajó el canciller Marcelo Ebrard, quién conduce directamente la relación con los vecinos del norte. Sin embargo, no se vio en el mismo lugar de la tragedia al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ni siquiera porque él es originario precisamente de Bavispe, Sonora, lugar de los hechos.

En estos lamentables hechos, vemos que muchos actores corrieron con mucha suerte. Javier Corral corrió con suerte que la masacre haya tenido lugar dos kilómetros dentro del territorio de Sonora. Cómodamente podrá decir que no ocurrió en su Estado. Los criminales corrieron con doble suerte: por un lado, si alguno de ellos hubiera trabajado en la administración de César Duarte, ya estarían detenidos por el Gobierno de Javier Corral, que es implacable persiguiendo duartistas, no así persiguiendo criminales. Igualmente, corrieron con suerte los asesinos de no haberle dado efecto fiscal a una factura falsa, si no, se les hubiera acusado de delincuencia organizada por parte del Gobierno federal, y estarían detenidos. Ésas son las prioridades en procuración de justicia de la Federación, y de Chihuahua.

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