Las tres muertes de Marisela Escobedo (I)

El miércoles pasado, Netflix lanzó un documental sobre la muerte de Marisela Escobedo. El documental, si bien emotivo en muchas partes del mismo, contiene mitad información verídica y tangible y mitad propaganda y especulaciones que promueven una agenda política confusa, tal como se mencionó en el medio electrónico La Opción.

En relación con el documental y los testimonios que ahí se muestran, estimamos que los actores del mismo ofrecen una visión parcial. El hecho de ser originario de este Estado, nos da la posibilidad de conocer a detalle las motivaciones de muchos de ellos, quienes por años, han lucrado política y económicamente con causas que no necesariamente comparten.

El hecho de que se ejerza una crítica en contra de la producción, no implica desdén para la memoria, y especialmente para la lucha que por años encabezó la activista Marisela Escobedo. Marisela le dio al mundo una lección de tenacidad y perseverancia, al haber luchado hasta la muerte contra todo tipo de adversidades del crimen y del Estado: desde la dolorosa búsqueda del cuerpo de su hija Rubí, la localización de Sergio Barraza, su yerno y asesino de Rubí en Zacatecas, hasta la coadyuvancia (y más que coadyuvancia, con el liderazgo) en la investigación para procesarlo.

Marisela fue asesinada por exigir justicia para su hija, convirtiéndose así en mártir de un Estado cada vez más fallido. A pesar de todo esto, es importante recordar el contexto en que se dieron aquellas cosas.

A partir de 2007, Chihuahua (y especialmente Ciudad Juárez) se convirtió en una de las entidades más violentas no sólo del país, sino del mundo. Esto a raíz de la guerra contra el narcotráfico, emprendida desde el Gobierno federal. Era procuradora del Estado Patricia González, a quien siempre se le atribuyeron vínculos con el crimen organizado, situación que explicaría quizá los niveles de desbordada violencia que se vivieron en Chihuahua durante su gestión. Quizá la trágica muerte de su hermano, después del video difundido por grupos criminales donde la señalaba de tener vínculos con el crimen, pudiera ser un indicio de que efectivamente lo que se decía era cierto.

Después de la captura de Sergio Barraza en Zacatecas (entre 2009 y 2010), misma que fue encabezada por Marisela, se le sometió a juicio. Si mal no recuerdo, el juicio abreviado era una posibilidad para Barraza, pero Marisela se opuso, pues quería que sobre el asesino de su hija cayera todo el peso de la ley con la pena máxima. Al someter a Sergio Barraza a juicio por el homicidio de Rubí, el tribunal de enjuiciamiento decidió absolverlo, por insuficiencia de las pruebas aportadas al juicio.

La opinión pública se lanzó sobre los jueces. Nuevamente, como he sostenido en varias opiniones aquí publicadas, la gente cree que los jueces son los vengadores de las fobias sociales. En el caso particular, sin conocer a detalle el juicio, es un hecho (y es así aceptado en el documental) que no existían pruebas suficientes que incriminaran a Barraza. Su confesión no era un elemento suficiente para condenarlo, en virtud que la confesión (por el exceso de torturas en el pasado) ha dejado de ser la prueba madre en estos casos.

Aquí, la responsabilidad de haber integrado mal la carpeta de investigación debe recaer en el agente del Ministerio Público, institución que en ese momento encabezaba precisamente Patricia González.

Es de un profundo cinismo que, tanto la exprocuradora, como el agente del Ministerio Público encargado del caso, salgan todavía en el documental a repartir culpas, cuando fue precisamente su ineptitud la que provocó que el tribunal tuviera que absolver a Barraza. Si hubieran integrado una carpeta de forma adecuada, Barraza seguiría todavía en prisión y Marisela estaría viva, complacida de que por fin se le hizo justicia a la memoria de Rubí.

Al darse la liberación de Barraza, los jueces del caso fueron objeto de toda clase de señalamientos y acusaciones, como siempre sucede en los casos judiciales que se politizan. A pesar de ello, debo insistir que la responsabilidad de la liberación de Barraza correspondía a la Procuraduría.

Posteriormente, y una vez que el caso fue manoseado por el gobierno saliente de Reyes Baeza, el tribunal de alzada determinó que Barraza era responsable, y ordenó su captura. Para ese momento, Barraza ya se encontraba en Zacatecas vinculándose con grupos criminales.