Opinión

La virtud de enmendar

La calumnia, la difamación, las mentiras y las acusaciones en falso para dañar a alguien, datan desde tiempos remotos

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 03 octubre 2021 | 06:00

La calumnia, la difamación, las mentiras y las acusaciones en falso para dañar a alguien, datan desde tiempos remotos, inmemorables, siempre han constituido una forma de atacar a quienes no son gratos o de plano enemigos de quien las profiere y se basan, casi siempre, en señalamientos carentes de verdad o a través de hechos distorsionados, para producir en los demás una mala imagen de determinada persona o institución.

El muy recurrido chisme o rumor que tantas buenas reputaciones ha arruinado porque, precisamente, uno de sus mayores efectos, al tratarse de infundios, es que no hay manera de defenderse en forma efectiva, oportuna y suficiente, a menos que se recurre a la misma táctica, lo que muy pocos dominan.

Y eso ocurre, tristemente en todos los niveles de la vida, en todos los ámbitos de la actividad humana, no es privativo de algún sector social o clase socio-económica, con sus respectivas variantes, pero finalmente es una conducta recurrente y muy criticable en el ser humano.

Sin embargo, cuando esa práctica no deseable invade ámbitos como el judicial, por ejemplo, adquiere dimensiones de verdadero conflicto y daño grave a las personas, porque se puede convertir en causa de sanciones serias o hasta la prisión inclusive, o, en el mejor de los casos (que puede ser el menos deseable), en un daño importante al buen prestigio, la honra e imagen de las personas, por lo que debe considerarse esta situación con bastante seriedad y urgencia.

Ese tema, el de denuncias judiciales ya sea en materia civil, administrativa o penal que no proceden o que resultaron infundadas, no ha sido adecuada ni suficientemente abordado por nuestros legisladores para que exista la obligatoriedad de resarcir el daño a la imagen de quien resultó falsa o equívocamente acusado de algún delito o infracción a la Ley, una obligación tanto para quien acusa como para la autoridad judicial respectiva.

De lo contrario, seguiremos asistiendo a verdaderos linchamientos sociales y mediáticos, principalmente en contra de personas públicas quienes, en razón de su actividad pública (políticos, artistas, maestros, etcétera), se ven mayormente expuestos a este tipo de acusaciones que, regularmente, tienen origen en estrategias para desacreditar en función de rivalidades, pugnas políticas, competencia comercial y otras muy alejadas del espíritu legal de hacer verdadera justicia.

Un ejemplo muy claro de todo esto que planteo, recién ocurrió en Chihuahua, y sirve perfectamente para ilustrar el tamaño de problema que significa y que puede cobrar aún mayores consecuencias no deseables, si no se aborda ya.

A principios de 2017, la recién llegada administración estatal de Javier Corral, inició con la judicialización de los llamados expedientes X, en los que se pretendía llegar a la verdad jurídica de lo ocurrido durante la gestión del ex gobernador César Duarte, señalado por la comisión de varios ilícitos en complicidad con varios de sus funcionarios más allegados. El fin de los llamados expedientes “X” aún está por verse, aunque por lo que se puede vislumbrar de cómo se han dado los procesos recientemente, el augurio no es nada favorable para el gobernador Corral.

Entre esas investigaciones y denuncias, la FGE presentó ante la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) de la entonces PGR, una denuncia por desvío de fondos públicos a campañas electorales, en la que supuestamente altos funcionarios de la JMAS, tanto en Juárez como en la capital, habrían desviado recursos de la paraestatal al PRI, por lo que también directivos del instituto político resultaron denunciados.

Sin embargo, en menos de un año, la Fepade declinó continuar con la investigación ya que consideró que no se acreditaba la comisión de delito alguno. Desde entonces se dijo, el dinero que la JMAS entregaba al PRI correspondía a salarios devengados por los trabajadores con militancia priísta, quienes también habían consentido de manera voluntaria, mediante carta expresa y firmada, dicha retención para el fin descrito, por lo tanto, no se actualizaba la condición de que fuese “dinero público” y en consecuencia no existió tal desvío.

No obstante lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua decidió continuar con el tema y judicializó el expediente, logrando que un juez de control realizara la audiencia de imputación y posteriormente la de vinculación a proceso, aunque esta última tuvo verificativo apenas el lunes de la semana pasada luego de varias postergaciones en diversos momentos de todo el proceso.

En esa audiencia, la del lunes 27 de septiembre, el juez penal de control Antonio Coss Araujo, resolvió no vincular a procesos a ninguno de los 14 implicados en el caso, porque consideró que no se reunieron todas las circunstancias de tiempo, modo y forma, así como las probanzas necesarias para acreditar la comisión del delito de peculado, por tanto, exoneró a todos y cada uno de los señalados, es decir, totalmente coincidente con lo que consideró la Fepade muchos meses antes.

Aquí el asunto es que, durante meses, mientras duró todo el proceso, tanto los boletines oficiales como las publicaciones en diversos medios de comunicación, daban santo y seña de los acusados quienes, a pesar de operar en su favor la presunción de inocencia, y a que las nuevas disposiciones legales en ese sentido obligan a no ventilar sus nombres completos, menos sus rostros, fueron profusamente exhibidos en su calidad de acusados por ese delito, con rostro y nombres completos.

En plena correspondencia a lo anterior, una vez que un juez los exonera totalmente de la acusación, no existió ni boletín oficial, ni publicaciones señalando que habían sido exonerados. Vaya ni siquiera el consabido “Usted disculpe” con el que solían deslindarse las autoridades en este tipo de casos.

Pero, y a todo esto ¿Quiénes eran los señalados? Señalaré con toda claridad sus nombres porque considero que, en estricta justicia, y en apego a la Ley, ahora sí deben ser ampliamente ventilados para resarcir un poco del daño causado.

Se trata de los expresidentes de la JMAS, Carlos Silveyra Saíto y Antonio Andreu, así como de Héctor Antonio Borunda Franco, directivo del CDE del PRI, y Mayra Chávez, entonces integrantes del Comité Directivo Municipal del tricolor en esta frontera. Otros que resultaron exonerados fueron Acosta Villalpando, Damián Noriega Giner y Martín Aranda Martínez, Rubén Alvarado Ayala y Salvador Delgado Terrazas.

Como ya lo señalé antes, para ninguno de ellos hubo acción restitutiva alguna, ni en el poder judicial, ni en los medios de comunicación. Por eso la necesidad de hacer este señalamiento y crítica al sistema, porque era de elemental justicia resarcir al menos en parte, algo de lo mucho que perdieron a lo largo de todo el proceso judicial respectivo.

Porque, además, está en proceso otro caso que involucra a dos funcionarios muy conocidos de los chihuahuenses. Jorge Nava López y Eduardo Guerrero, ambos señalados en una investigación federal y contra quienes, se dice, existen sendas órdenes de aprehensión.

Considero que valdría mucho la pena, como sociedad y como medios de comunicación, hacer una pausa y reflexionar sobre el enorme valor de la presunción de inocencia, para no “fabricar culpables” antes de tiempo y esperar a que un juez determine la situación jurídica de cada uno de ellos.

Nada hay más valioso para cualquier persona, eso nos incluye a cada uno de nosotros, que el derecho a la integridad, al buen nombre y a la honra, respetemos pues todo eso y no hagamos juicios sumarios ni anticipados sobre quienes tienen derecho a defenderse y a ser debidamente juzgados

Notas de Interés

close
search