Opinión

La vinculación de Maru (I)

'Un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie', rezaba el viejo adagio en el anterior sistema penal.

Sixto Duarte
Analista

martes, 06 abril 2021 | 06:00

“Un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie”, rezaba el viejo adagio en el anterior sistema penal. La primera vez que escuché dicha frase, durante mi formación universitaria, me causó gracia, pero a la vez me generó un montón de dudas, y de preocupaciones; y es que es muy cómodo, desde la comodidad del sillón, a partir del anonimato y la distancia que brindan las redes sociales, el asumir una postura coincidente con este despropósito. Naturalmente que vivimos en una sociedad que no es lo suficientemente empática para ponerse en los zapatos de la persona acusada, y lo más sencillo es sumarse a las corrientes de linchamiento, esas que quieren impartir justicia en la plaza pública.

El “auto de formal prisión” no debía dictarse en automático, sino a partir de ciertos elementos de prueba que presumieran la comisión de un delito y la probable responsabilidad del acusado. Sin embargo, en nuestra cultura jurídica (muy escasa, especialmente en aquellos que se supone que debían promoverla) resolvíamos sobre la libertad de una persona, con un dicho de cantina. Esto implicaba que, siguiendo esa lógica, había que dejar de lado principios generales del derecho que son cimientos de cualquier sistema jurídico en el mundo, tales como “in dubio pro reo” (ante la duda, se debe resolver a favor del acusado) entre muchos otros, para llegar a la conclusión que el auto de formal prisión no debía negársele a nadie.

Nuestro Estado fue punta de lanza en la innovación al sistema penal, migrando a un sistema más garantista, al menos en la ley. Sin embargo, los encargados de aplicarla, siguen atendiendo a criterios revanchistas e interpretaciones del pasado.

La semana pasada, Maru Campos, la candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho. En este caso, la vinculación a proceso vino a suplir la vieja figura del “auto de formal prisión”. Sin embargo, la vinculación a proceso requiere igualmente, la comisión de un delito, y la probable participación del imputado. Este ha sido un enorme vicio en que han incurrido muchos de los juzgadores de control del actual sistema. Ello, porque la “barra probatoria” para librar una orden de aprehensión o para vincular a proceso, es muy baja, en contraste con la “barra probatoria” para condenar, que sigue siendo muy alta.

Bajo esta disparidad en los criterios legales, el juez de control parecería decir “vínculo, al cabo el tribunal de enjuiciamiento analizará a detalle las pruebas”; después el tribunal de enjuiciamiento podrá decir “condeno, al cabo en la apelación se podrá caer la sentencia”; y en la apelación, el tribunal de alzada podrá decir “confirmo, al cabo en el amparo pueden corregir lo que esté mal”. Y así, se va aventando la pelotita a otra instancia para no tomar decisiones complejas, aunque justas y legales.

En el caso de Maru Campos, no conozco el expediente para pronunciarme. Sin embargo, hay muchos elementos que naturalmente, evidencian la enorme carga política que se le imprime al asunto. Primero, el juez que la vinculó, ya se ha prestado a juegos perversos de Palacio de Gobierno en el pasado. Y es que de todo el universo de jueces de control que hay en el distrito judicial Morelos, sobre los casos vinculados a Duarte, siempre conocen los mismos siete u ocho.

Segundo, la Fiscalía tuvo casi cinco años para llevar a Maru ante la justicia, y se les ocurre que el mejor momento es a punto de iniciar una campaña electoral. Tercero, se le vincula sin los testimonios de dos personas que se negaron a comparecer (Jaime Herrera y Francisco Hernández) basándose en unas pruebas documentales que ya han sido tachadas de falsas por quien supuestamente certificó su autenticidad.

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