OPINIÓN

La verdad es que pronto sacaron las uñas

Ávila salió con la rancia versión de que los golpes propinados a la delincuencia han perjudicado 'intereses', los cuales se habrían encargado de tomar el video y difundirlos en redes

LA COLUMNA
de El Diario
martes, 22 octubre 2019 | 06:00
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• La verdad es que pronto sacaron las uñas


• Lo dejaron morir y hasta de narco lo acusan


• Irma Villanueva y Pablo Héctor con Corral


• Plebiscito en Juárez el 1 de diciembre


Sea el operativo que haya sido, ninguna razón legal había para que mandos de la Policía municipal tomaran los billetes a puños y sigilosamente entre varios los contaran en las camionetas de la corporación.

El nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila Ibarra, no es nuevo como jefe policiaco; al contrario, arrastra el colmillo en esos menesteres ya por alrededor de 30 años.

Hubo un operativo en el que supuestamente fue decomisada un arma, algo de droga y bastante efectivo; no millones, pero arriba de 100 mil pesos y dólares. Ávila argumenta que sus mandos (los que trajo consigo de la Policía Federal) contaron ese “numerario” producto de ese operativo.

Pero quienes subieron el video en redes al que ayer hicimos alusión en La Columna exhiben que se trató de operativo distinto, donde los integrantes de una familia fueron literalmente extorsionados y después los agentes se repartieron el efectivo.

Ávila salió con la rancia versión de que los golpes propinados a la delincuencia han perjudicado “intereses”, los cuales se habrían encargado de tomar el video y difundirlos en redes.

A nadie tiene que aclarar el secretario de Seguridad sobre los “intereses” de los malos al interior de la corporación. Son conocidos. Son decenas las investigaciones que llevan a cabo las áreas de asuntos internos. También son decenas de agentes los agarrados con las manos en la masa que no están más en la Policía.

Evidentemente hubo un manejo bastante irregular de los agentes que participaron en el susodicho operativo. Ése es el gran detalle que eludió aclarar ayer Ávila tras concluir su participación en la reunión de seguridad junto con mandos militares y policiacos de otros niveles de Gobierno.

Mañana cumplirá el jefe un mes al frente del cargo tras la remoción de su antecesor, Ricardo Realivázquez; obviamente no puede estrenarse con una anomalía semejante, menos cuando los protagonistas del video son nada más y nada menos que sus operadores directos, mandos traídos de la Policía Federal a la municipal.


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Son siniestros a morir; no por otra razón han durado en sus respectivos encargos ya más de tres años a pesar de la violencia que azota Chihuahua. César Peniche Espejel como fiscal general, Óscar Aparicio Avendaño como jefe de la Policía Estatal.

Ahora han filtrado a diversos medios informativos que la desaparición y posterior muerte del activista Cruz Soto Caraveo en la Sierra de Chihuahua se debió al incumplimiento en la renta de unas tierras para la siembra de mariguana y amapola.

Ya imaginamos la tarjeta informativa llevada por ambos al gobernador Javier Corral Jurado, abundando “en detalles” sobre las “operaciones” de Soto en la región de Guazapares, municipio chihuahuense pegado a los linderos con Sonora.

A Corral le conviene escuchar y admitir la versión de Soto como narco a pesar de que desde hace dos años debió ser sujeto de medidas extraordinarias de protección por parte de la propia Fiscalía nada menos que por desplazamiento forzado.

Cruz Soto Caraveo, varios integrantes de su familia y otros pobladores de aquella región ubicada a 400 kilómetros de la ciudad de Chihuahua fueron amenazados y sacados de sus lugares de origen por gavillas del crimen organizado. 

Debieron ser protegidos con medidas cautelares por parte de la Fiscalía. En lugar de ello, Soto fue levantado y días después asesinado por sus captores.

Peniche y Aparicio no salieron a explicar por qué no fueron aplicadas las medidas de protección; filtraron en cambio que tenía tratos con cultivadores de mariguana y amapola. Una salida sencilla aunque perversa. 

Así se han vacunado con su patrón el gobernador cada vez que ocurren crímenes de esa naturaleza. Corral les cree y convalida que las cosas sigan igual.


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Sólo minutos de diferencia separaron la estancia de Irma Villanueva y Pablo Héctor González ayer en el despacho del gobernador, Javier Corral Jurado. Ambos estuvieron ahí antes de las dos de la tarde.

No había posibilidad que se toparan porque los movimientos de ella fueron hechos por el frente de Palacio de Gobierno; Pablo Héctor fue sacado por la puerta de atrás.

Doña Irma es la comisionada para la Atención de Víctimas de la Violencia, Pablo es el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

Al concluir su estancia con Corral, Irma informó abiertamente que trató con el mandatario el asesinato del activista Cruz Soto. Pablo no detalló una palabra de su encuentro. Tampoco dijo nada la semana pasada que estuvo ahí mismo. Seguramente tiene al tanto de todo a sus 30 magistrados y magistradas que forman parte del Pleno del Tribunal.

Hay la ligera sospecha que no fue mera coincidencia la estancia de Irma y Pablo con el gobernador. Corral está por anunciar su propuesta para suplir en el Consejo de la Judicatura a Luz Estela Castro, “Lucha”,  y siempre se ha dicho que la guadalupecalvense Irma es quien reúne los atributos requeridos por el gobernador para el cargo.

Ya lo veremos en estos días.


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Si prosperan las negociaciones que encabeza el diputado René Frías, presidente del Congreso, con la gente del alcalde independiente Armando Cabada, el 1 de diciembre habrá plebiscito en Juárez para someter a consulta el proyecto de alumbrado público de la frontera.

Aprobado el ejercicio en la capital del estado sobre la respectiva propuesta de la panista Maru Campos, quienes traen el timing político-electoral sugieren que en Juárez será una semana después del domingo 24 de noviembre planteado para Chihuahua.

El mecanismo ya está afinado y presupuestado por los mártires de la democracia que encabeza Arturo Meraz González. Pero en el IEE no se llevan las negociaciones, sino en el Legislativo.

El asunto no es tan complejo, pero sí implica reetiquetar recursos de los presupuestos municipales aprobados, con mucho cuidado para no cometer irregularidades.

Al Instituto Estatal Electoral deberán llegarle los recursos por parte de la tesorería del Estado, pues no puede recibir dinero de otra fuente que no sea la autoridad hacendaria.

Ya sería la Secretaría de Hacienda la que se encargaría de hacer los acuerdos financieros correspondientes con los municipios, una vez amarrados los acuerdos políticos que aquí en la frontera también están por aterrizar.

Con eso planchado la organización de la consulta no tendría mayor problema. Sería contratación de capacitadores electorales, preparación de urnas electrónicas y alrededor de 300 centros de votación para Juárez. 

En el caso de Chihuahua es cuestión de horas para que salga la convocatoria oficial publicada, ya que se aprobó en el Consejo General el pasado domingo en la noche. 

En cuanto a la frontera si el acuerdo se da en estos días, el IEE podría volver a sesionar entre el viernes y el domingo a fin de aprobar formalmente la convocatoria a su ejercicio para el primer día del último mes del año.


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La novedad en Morena es que a quien tienen en la mira los militantes químicamente puros es Elena Rojo, convertida en aspirante a la dirigencia desde la pasada elección de 90 consejeros estatales. 

Quieren impedirle el paso a la señora Rojo por culpa del marido, a quien tachan de ser empleado del PRI.

Por eso se habla de bloques que quieren organizarse, en Juárez principalmente, para que los funcionarios con poder y liderazgos morenistas no se vayan en una cargada a favor de ella, pues ya es observada como posible puntera.

El argumento para oponerse a Rojo Almaraz tiene nombre y apellido: es el priista Rafael Mata Márquez, quien por muchos años laboró en áreas de programación presupuestal, hasta pensionarse en el sexenio de José Reyes Baeza.

A la consejera de Morena la señalan por ser de izquierda y cobrar con la derecha, a través de esposo y del negocio de ambos en Creel, municipio de Bocoyna.

Pero incluso acusan de “duartista” a Mata Márquez, porque ya retirado de su carrera burocrática sirvió algunos años en la administración del exgobernador oriundo de Parral, donde también tiene sus intereses el matrimonio.

La campaña contra la mujer surgió luego de que ella figurara entre los posibles aspirantes a la dirigencia estatal, por los que se decantaría una mayoría de los liderazgos morenistas ante la falta de opciones de otras partes del estado.