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Opinión

La Tremenda Corte y el Plan C

Esta semana fue de locura para la Suprema Corte y su relación con los demás poderes del Estado, locura que había sido inaugurada con el esbozo de propuesta presidencial y de otros miembros de su partido para que los ministros de la Corte fueran electos mediante voto popular

Edgar Omar García Cardona
Académico

martes, 23 mayo 2023 | 06:00

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Ciudad de México.- Esta semana fue de locura para la Suprema Corte y su relación con los demás poderes del Estado, locura que había sido inaugurada con el esbozo de propuesta presidencial y de otros miembros de su partido para que los ministros de la Corte fueran electos mediante voto popular. ¿Es esto una buena idea?

Es importante mencionar que este debate es antiquísimo en la mayoría de los países democráticos, ya que se considera que los tribunales de los poderes judiciales en general y de los tribunales constitucionales en particular, adolecen de legitimidad democrática al no ser electos de forma directa como los demás miembros de los poderes del Estado.

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Con base en este debate, lo planteado por quienes participan en el cómo el brillante doctor Jaime Cárdenas entre otros, es, ¿pueden los ministros de la Suprema Corte los cuales no son escogidos democráticamente, invalidar las actuaciones de los otros poderes que son electos directamente por el pueblo?

En un primer momento, la respuesta formalista es que sí, ya que esa es una de las finalidades con las que fue creado, servir de contrapeso de los demás poderes del Estado y servir como poder revisor de la Constitución, sin embargo, el no ser electos por el pueblo, y ser nombrados mediante procedimientos más de corte político les resta legitimidad ante la sociedad.

Los ministros son propuestos por el presidente y escogidos en terna por el Senado, durando quince años en su puesto, por lo que en la actualidad, quedan varios ministros que fueron escogidos por los expresidentes Calderón y Peña, quienes son los que principalmente se han opuesto a los actos del actual presidente, pareciendo más oposición política y respondiendo algunos de ellos a intereses oscuros o atendiendo a su pasado en la administración pública, por lo que precisamente para evitar este tipo de conflictos más de corte político que jurídico, considero que los ministros de la Corte deben ser electos mediante voto popular y directo mediante elecciones.

Señalar este tema y este debate resulta importante a la luz de estos últimos acontecimientos, donde la ministra presidente de la Corte amenazó y admitió haberlo hecho, al presidente del Senado, y donde la Corte en sus últimas sesiones, ha invalidado una serie de decretos y actuaciones del presidente y del Congreso de la Unión, llevando a cabo conductas más acordes a la oposición política que de un poder del Estado.

El mayor problema con nuestro país, es que tenemos una memoria muy corta y vamos olvidando fácilmente los acontecimientos políticos que han sucedido a lo largo de la historia de nuestro país, por ejemplo, cuando en los primeros años del gobierno del presidente Zedillo jubiló a más de veinte ministros, desapareció salas, y volvió a conformar a la corte con la estructura que actualmente tiene, pero como en aquellos tiempos aún quedaba algo de la gloria y disciplina priista por lo que nadie dijo nada, y ahora que el tema vuelve a estar sobre la mesa, quienes en aquellos tiempos apoyaron esa reforma, ahora se vuelven paladines de la Suprema Corte.

Pero ojo, esta propuesta de voto directo, a mi consideración solo debe aplicarse para escoger a los ministros de la Suprema Corte, ya que son los intérpretes directos de la Constitución y el contrapeso de los demás poderes, por lo que al ser su función la más relevante dentro del sistema jurídico mexicano, son quienes deben de estar legitimados ante la sociedad para poder dejar sin efecto lo realizado por el presidente o las cámaras del congreso.

Ojalá este debate se extendiera más allá de nuestras fronteras, ya que si la Suprema Corte a cuyos miembros nadie elige, combate y revisa los actos de los poderes democráticamente electos, ¿qué es lo que legitima democráticamente a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para invalidar lo hecho por los órganos de un Estado Democrático y sentenciarlo en caso de considerarlo adecuado?

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