Opinión

La tremenda Corte

Hay gobiernos como el de Chihuahua, que bajo la apariencia de combatir la corrupción, han cometido los más grandes atropellos a derechos y garantías de imputados

Sixto Duarte
Analista

martes, 06 octubre 2020 | 06:00

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.”

Montesquieu

Esta es una de las diversas frases que se le atribuyen a Charles Louis de Secondat, el Barón de Montesquieu, filósofo francés y autor de distintas obras de teoría política. Sin requerir mayor interpretación, la frase es muy clara: la simulación de justicia es tan nociva para el Estado de Derecho, quizá como la ausencia de la misma. La motivación con que se emprenden distintos actos de autoridad para procurar e impartir justicia, es también algo que se tiene que analizar.

Hay gobiernos como el de Chihuahua, que bajo la apariencia de combatir la corrupción, han cometido los más grandes atropellos a derechos y garantías de imputados; este proceder, junto con una absurda política pública que promueve la justicia selectiva, nos demuestra que, irónicamente, la justicia es uno de los atributos perdidos en la entidad, pues los guardianes de este orden legal en Chihuahua, la Judicatura, son una oficina de ujieres y chalanes del Ejecutivo. “Rubber Stamp” le llaman a sus equivalentes norteamericanos.

Como había referido la semana pasada, en este mismo espacio, ese es un vicio de prácticamente todas las entidades federativas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en la época del partido hegemónico, en temas tan claros y evidentes, había mantenido una postura de respeto a la división de poderes, incluso durante los regímenes de Echeverría y López Portillo; igualmente, se fortaleció a partir de la reforma promovida por Ernesto Zedillo en 1995.

Lo que vimos la semana pasada, cuando el Pleno de la Suprema Corte se pronunció en una decisión de 6-5 por la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, fue simplemente la capitulación de la mayoría de los Ministros de la Corte a convertirse en guardianes del orden constitucional.

En relación con los votos particulares, por una especie de gratitud, los ministros Esquivel Mossa, Ríos Farjat, y González Alcántara Carrancá, votaron a favor de avalar un proyecto de resolución que claramente, desde una interpretación literal, teleológica e integral (jerga a la que recurrentemente acuden los juzgadores federales al conceder o no un amparo) viola la Constitución. En relación con la postura del ministro Zaldívar, presidente de la Corte, tampoco hay sorpresas. De haber sido un ejemplo de resistencia a presiones del Ejecutivo (recordemos que fue Calderón quien lo nominó a la Corte, y luego lo presionó en el tema de ABC) se ha convertido en un ejemplo de abyección a los deseos del presidente López Obrador.

La sorpresa en realidad la dan los otros dos ministros que votaron por la constitucionalidad: Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con ninguno había compromisos de carácter político, ni motivos de gratitud para el gobierno. Esperemos que no hayan sido sujetos de amenazas como lo fue Eduardo Medina Mora hace unos meses.

Respecto a los ministros que asumieron una postura digna, misma que la comunidad jurídica le reconoce, y la historia les reconocerá, cabe destacar la participación de la Ministra Piña, pero especialmente la del ministro Laynez Potisek, quien de forma clara les recordó a sus compañeros ministros que la función judicial no puede depender del ánimo social, ni tampoco de la popularidad del tema, pues precisamente la función judicial debe estar ajena a estos elementos. Es evidente lo que se dijo, la Corte debe vigilar el respeto a la Constitución, no atender a lo que el “pueblo sabio” disponga. Precisamente por eso no se les elige mediante voto popular.

Hay algunos analistas que quieren encontrar una justificación a la barbaridad de la Corte. No hay razones válidas que puedan justificar esta actuación y las razones políticas no deben ser asumidas por un órgano cuya naturaleza está precisamente desprovista del ingrediente político.

Marbury v. Madison fue el primer caso de revisión judicial en Estados Unidos, a principios del siglo XIX. Sin entrar al detalle del caso, que he expuesto en este espacio en otras entregas, el presidente de la Corte, John Marshall, tuvo que optar por una resolución política; la Corte era débil, y de esa forma, el gobierno avalaría su actuar, justo como lo hizo. Al haber recibido el aval del gobierno, y obtenido la legitimidad que requería, pues la decisión fue aplaudida por el propio gobierno, Marshall en las siguientes sentencias había sido imparcial, propinando algunos reveses al gobierno, que ya no podía desdecirse respecto a la imparcialidad de la Corte. Quizá hay algo de ingenuidad en mí, que quiere creer que eso fue lo que pasó la semana pasada en este tema. Si no es así, habremos perdido la división de poderes.

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