La toma de Juárez

No hay duda. Los grupos criminales están en el control de la ciudad mayor de Chihuahua

Luis Javier Valero Flores
Analista
domingo, 10 noviembre 2019 | 06:00

No hay duda. Los grupos criminales están en el control de la ciudad mayor de Chihuahua. Pueden no ejercerlo totalmente, pero tienen la suficiente fuerza como para mantener en vilo a la antigua Paso del Norte, en lo que es, tampoco a no dudarlo, un operativo terrorista, pues fue lanzado en contra de la población.

A lo largo de toda la administración de Javier Corral habían emprendido una feroz y salvaje ofensiva en contra de los aparatos policiales, especialmente en contra de las fuerzas estatales y desde el martes en acciones en contra de los ciudadanos, cosa que en muy puntuales ocasiones habían emprendido en los años precedentes.

Operación tan extendida –en tiempo y espacio– originada, de acuerdo con la versión del gobernador Corral, por la revisión de fuerzas federales, municipales y estatales al Cereso No. 3 de Juárez, pareciera no tener correlación con la realización de una revisión de la cual aún no dan a conocer sus resultados.

Y asombra que, de ser cierta esta versión, los grupos criminales reaccionen de tan enérgica manera, lo que podría llevar a inferir que, en todo caso, no se trata de una revisión más y que el operativo gubernamental tiene otras motivaciones, hasta desconocidas por la ciudadanía, víctima directa de las acciones de los grupos criminales.

De cualquier modo, lo descollante es que nos asomamos a la fuerza real de los grupos criminales, igual que ocurrió en la pasada oleada violenta, en decenas de ciudades medianas y algunas de las mayores del país.

Ante ello, la respuesta de los gobernantes, pésima.

El gobernador Corral intentó por todos los medios minimizar los hechos, cuando prácticamente toda la población, a partir de la media tarde del martes se hundió en el pánico, cosa que duraría todavía hasta bien avanzado el viernes, frente a lo cual, el mandatario soltaría frases trilladas que sólo traen mayor preocupación ciudadana pues es más que evidente la intención de minusvaluar la grave situación por la que atraviesan los chihuahuenses.

La violencia está contenida, declaró, pues “más bien son falsas amenazas. Lo que efectivamente tuvimos fue una reacción de los grupos que están o se sienten afectados por la medida de intervención que estamos en el Cereso tres de Ciudad Juárez”, y como si fuera alguien ajeno al gobierno, aseveró que “se nos ha mencionado que ya hay mayor contención y afortunadamente como lo pueden comprobar ya el número de homicidios se redujo considerablemente a lo que fueron los otros días”.

¿Quién le mencionó que ya se contuvo la ofensiva criminal? Porque mientras eso declaraba, dos personas eran asesinadas, en tanto otra se reportaba lesionada con disparo de arma de fuego. Hasta apenas iniciada la mañana del viernes, la siniestra contabilidad ascendía a 26 ejecutados y 20 vehículos quemados desde el martes.

Pero no nos preocupemos. El presidente López Obrador afirmó que “no hay violencia en todo el país; está focalizada, en la mitad del país no se registran homicidios”, y afirmó que en “cinco estados se concentra 70 por ciento de los homicidios y no es en todas las entidades. Por ejemplo, en Baja California, es Tijuana, y en Chihuahua es Juárez”.

Si ésa es la información que le hacen llegar en las reuniones diarias de seguridad, previas a las conferencias de prensa “mañaneras”, entonces es el momento de ponernos a temblar, porque al parecer ignoran la grave situación por la que atraviesa la capital del estado que, aunque no en la magnitud de Juárez, las cifras de homicidios de los últimos días deberían preocupar a los responsables de la seguridad pública en el país.

Por desgracia, no aparecen datos que nos llevaran a pensar que en el Gobierno federal están dispuestos a efectuar ejercicios autocríticos. En la “mañanera” del viernes, frívolamente, el presidente López Obrador aseveró, ante las críticas a Alfonso Durazo, que “al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo veo fortachón”.

Precisemos una cosa, con relación al presidente López Obrador: tiene un grave problema de comunicación.

El escribiente sabe que afirmar semejante cosa concitará la crítica de más de uno, pero ¿cómo es posible sostener que su estrategia de seguridad consiste en las frívolas frases de “abrazos, no balazos”, los “voy a denunciar con su mamá”, o la de que es la “hora del perdón”, o frases semejantes, si él insistió tercamente en transformar la cuarta parte de las fuerzas armadas en Guardia Nacional?

Si en el pasado reciente protestamos por la elevada militarización del combate a la violencia, ahora, el gobierno de la 4T decidió, de plano, incorporar al 25 por ciento de los elementos del Ejército, la Marina y el total del Estado Mayor Presidencial a ese mismo propósito y chicanear, al designar como responsables de la GN a puros militares.

No, no guardan relación los dichos con los hechos, el problema es que, ni la disolución de la Policía Federal –realizada torpemente–, ni la incorporación de las fuerzas militares a las labores policiales, han producido resultados positivos, de tal modo que nos encaminamos al año más violento de la historia de México

Además, como si hubiesen cosas que presumir en la materia de seguridad pública, el presidente López Obrador afirmó que “no cambiará la estrategia de seguridad por los crímenes recientes” pues lo único que produjeron, dijo, fue despertar “los afanes autoritarios de uso de la fuerza” de sus adversarios (nota de Alonso Urrutia y Fabiola Martínez, La Jornada, 8/XI/19).

Pero en las declaraciones y posturas de ambos gobernantes, Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador, no se advierten datos que nos lleven a concluir que han armado una estrategia, que por fuerza deberá ser diferenciada, no sólo en cada entidad, sino dentro de éstas, por regiones o zonas de ellas y es que no puede ser la misma la aplicada en los dos más grandes centros urbanos de Chihuahua, que en las extensas zonas del estado en las que las bandas criminales tienen el control, ante las cuales sólo se actúa reactivamente, después de los hechos criminales, y solo durante escasas horas, o días después de ocurridos los crímenes se mantiene la presencia de los cuerpos policiales y/o militares en la zona de conflicto.

Luego, las cosas vuelven a la “normalidad”: la de las zonas de Madera y aledañas, de Cuauhtémoc y los municipios vecinos, las de varios municipios de la Tarahumara, en los corredores de Jiménez-Parral y Parral-Chihuahua. Del mismo modo, en algunas áreas de la capital en las que la incidencia homicida es marcadamente superior a la del resto de la ciudad y en Juárez y el Valle de Juárez.

Si estas zonas poseen un alto grado de peligrosidad cuál es la razón por la que no se ha puesto en vigor una vasta e inteligente operación, con participación de fuerzas de los tres niveles de gobierno, y con la utilización de todos los recursos tecnológicos que permitirían la localización de los convoyes –integrados, en muchas ocasiones, por decenas de vehículos– así como de las herramientas necesarias para detectar las operaciones financieras de las bandas criminales.

¿Acaso nadie en el Gobierno se ha preguntado si la extrema bonanza existente en el “corredor comercial” de Rubio-Cuauhtémoc guarda relación con la operación productiva de la zona?

Del mismo modo, ¿cómo explicar el boom de la venta de automóviles en la capital del estado con la irrupción de varias nuevas y prósperas agencias de ventas automotrices?

Claro, con la precisión que las ventas de automóviles nuevos han sufrido una severa disminución, en la ciudad de Chihuahua, en los dos últimos años, lo que sí guarda relación con la disminución de las actividades productivas, relatadas por empresarios de todos los niveles económicos y de todas las ramas productivas que acusan el grave quebranto de la actividad económica.

Por otra parte cunde en la población un justificado desasosiego, originado por las expectativas despertadas por el gobierno de la 4T, que cifró sus esperanzas en la creación de la Guardia Nacional y que se pensaba sería uno de los factores para llevar a la baja a los índices criminales.

No ha ocurrido así y la percepción generalizada es que la GN ha servido, sobre todo, para concretar la política migratoria exigida por el presidente Trump a México.

Vistas así las cosas, de ninguna manera podríamos calificar de “fortachón” al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Al contrario.

Y de Peniche y Aparicio, ni para qué hablar, son un completo fracaso ante el cual la irresponsabilidad del gobernador Corral no tiene nombre.

Déjenlo en paz, por favor.

Mientras Juárez se sumía en la desesperación, su gobernador acudía, presuroso, a premiar a los ganadores del torneo de golf del Club Campestre local.