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Opinión

La simulación de la 4T

Nuevamente nos remontamos a los 'feminicidios del campo algodonero', con todo y sus indebidas prácticas forenses

César Juárez
Analista

viernes, 29 abril 2022 | 06:00

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Es importante hacer referencia que actualmente el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la República, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres instauró un programa integral que se enfoca a la atención de las causas que generan la violencia en razón de género, con la finalidad de reducirlas y contribuir al incremento de los niveles de bienestar de las mujeres y niñas del pueblo Mexicano; misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se comunicó el 30 de diciembre del 2021, esto con el objetivo de fortalecer las acciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim); estableciendo cuatro objetivos, divididos en estrategias prioritarias y acciones puntuales bajo la responsabilidad de distintas áreas y niveles de gobierno, conforme a sus atribuciones y competencias; cierto es, que el artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la obligación de las entidades federativas para coordinarse para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres, máxime que el ordinal 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; tal y como, en el ámbito internacional, se cuenta con instrumentos que protegen los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la “Convención de Belém do Pará”, en la que se refrendó la obligación de los Estados parte para tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta  para alcanzar la eliminación de perjuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad de sexos o funciones estereotipadas.

Pero, tenemos que la realidad que permea en la República Mexicana, es totalmente contraria a lo que establece dicha normatividad; pues basta, visualizar los diversos medios impresos, en los cuales, diariamente se informa la desaparición de mujeres; uno de los casos más recientes y que han trastocado los rincones de la Nación, es el de Debanhi Escobar, quien desapareció el nueve de abril del dos mil veintidós en la ciudad de General Escobedo, en la zona metropolitana de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, luego de que la joven estudiante de dieciocho años saliera de una fiesta a la que había acudido; caso que tomó relevancia, luego que se difundió una fotografía de ésta donde aparecía sola sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, la cual se difundió en redes sociales y como este caso, tenemos muchos más, situación que, nos traslada inevitablemente a Ciudad Juárez y sus conocidas “muertas de Juárez”; entonces el reclamo de la sociedad debe ser escuchado ¿qué sucede? ¿Acaso la ola de feminicidios de los 90 (siguieron) se está presentando de nuevo en la Federación? Y debido a ello, surgen interrogantes ¿qué sucede con las autoridades? ¿Verdaderamente estamos ante una investigación objetiva, imparcial, exhaustiva? O nuevamente nos remontamos a los “feminicidios del campo algodonero”, con todo y sus indebidas prácticas forenses, en los cuales perdieron la vida, varias mujeres, las cuales fueron secuestradas, torturadas, violadas y privadas de la vida y que debido a la mala “praxis”, tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que en el año 2005, acumuló los expedientes de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monrreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, emitiéndose una sentencia en contra del Estado Mexicano, en el año 2009; luego entonces, refrendo dicha interrogante: ¿qué hace falta para que los padres de estas mujeres tengan una respuesta? ¿Por qué no se conduce debidamente el proceso penal, acorde a los principios del sistema penal?

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Entonces, como ciudadanos, estaremos en esperando una respuesta a dichos cuestionamientos.

 

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