Opinión

La SCJN haciendo historia

Jane Roe, cuyo verdadero nombre era Norma McCorvey, se enfrentó judicialmente en los inicios de la década de los 70 a Henry Wade, fiscal de Distrito del condado de Dallas

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 11 septiembre 2021 | 06:00

Jane Roe, cuyo verdadero nombre era Norma McCorvey, se enfrentó judicialmente en los inicios de la década de los 70 a Henry Wade, fiscal de Distrito del condado de Dallas. Un caso que pese a su importancia específica nadie imaginaba que iba a marcar un antes y un después en la esfera básica de las libertades. El litigio llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos e hizo historia. Roe vs Wade (1973) se convirtió en el rótulo que anunciaba una nueva era en torno al aborto, pues la Corte determinó que el derecho de una mujer a decidir sobre la maternidad merece el mayor nivel de protección constitucional.

Cuando la Corte norteamericana emitió su fallo, la mayoría de los estados tenían legislaciones prohibitivas sobre la práctica abortiva, salvo cuando la vida de la mujer estaba en riesgo o en casos de violación o anomalías fetales. La sentencia del caso Roe vs Wade convirtió esas legislaciones en inconstitucionales, contrarias al derecho a la privacidad previsto dentro de los alcances de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.

Caso Roe hizo historia y la sigue haciendo. La sentencia sentó un precedente con una carga performativa pocas veces vista, obligando en el terreno de los hechos a que las condiciones sanitarias del aborto sean dignas, adecuadas y accesibles a todas las mujeres.

En México, casi cinco décadas después de aquel paradigmático fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, pronunciándose por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir.

El caso a resolver llegó a la Suprema Corte de Justicia a través de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, mecanismo de control constitucional mediante el cual se controvirtió el contenido de artículos del Código Penal del estado de Coahuila que establecían pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara el aborto o a quien la hiciera abortar con el consentimiento de aquella. La Corte consideró que el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo, es decir, a medida que avanza el embarazo, pero que esta protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. El Pleno de la Corte, determinó entonces que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional.

El fallo de la SCJN obliga a todos los jueces de México, quienes al resolver casos futuros deberán reputar como inconstitucionales las normas de las entidades federativas que criminalicen el aborto. Cabe señalar que el estado de la cuestión en la mayoría de las codificaciones estatales es el de un franco desfase con la resolución de la Suprema Corte. Su resolución implica un tácito llamado al parroquialismo de las legislaturas locales para que armonicen sus codificaciones represivas en esta materia con el talante del criterio obligatorio del más alto tribunal del país.

Ninguna legislatura estatal podrá atrincherarse en una errónea concepción de su “autonomía”. Los legisladores chihuahuenses tienen, dentro de su agenda legislativa pendiente, mucho por hacer al respecto. Les guste o no les guste a los legisladores locales o a los poderes ejecutivos de los estados, los tipos penales del aborto vulneran la Constitución y deben ser segmento de un pasado que, por supuesto, los grupos más conservadores de este país añorarán.

Esas normas jurídicas hace muchísimo tiempo debieron quedar en el baúl de los recuerdos. Criminalizaron a la mujer pero también criminalizaron a la pobreza. Ahora lo que viene no es asunto menor, porque a la par del cambio normativo será necesario crear las políticas públicas adecuadas que garanticen ese derecho, de una manera digna, eficiente y adecuada.

Cabe acotar, finalmente, que el fallo de la Suprema Corte mexicana hizo historia. Sí, como en su momento lo hizo la Corte norteamericana con la sentencia sobre el caso Roe vs Wade. Pero no hay que olvidar que en México la lucha de los grupos y organizaciones sociales en defensa del derecho a decidir es también histórica. Y es una lucha que no concluye hoy, con el fallo.

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