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Opinión

OPINIÓN

La sangre jesuita por la paz en sus pueblos

Paradójicamente, en los narcocorridos que hacen alusión a su nombre mencionan el nombre de Dios, pero no lo tomó en cuenta al momento de privar de la vida a dos de sus representantes en la tierra

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 26 junio 2022 | 06:00

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Entre 1987, 2008 y 2022 sumamos muchos años. Es un período superior a los 30 que supondrían avance, no retroceso, para la región de la que todo mundo habla en Chihuahua y en muchas partes de México cuando de pasear y dar gusto a la vista se trata con paisajes admirables tanto de bosques como de milenarios formaciones montañosas y gigantescas figuras de piedra ad hoc a los nombres colocados por los lugareños: valle de los monjes, de los hongos, de las ranas... ¡pito real!

Esa región comprende desde San Juanito, pasa por Bocoyna, después Creel... Sube todavía más hacia el insólito Divisadero Barrancas del Cobre, y de ahí inicia el descenso hacia Cerocahui, Urique y un montón de otras pequeñas comunidades que van y se abrazan con los fértiles pueblos de Sinaloa por una rama y por otra van y topan hasta el árido Navojoa, Sonora.

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Ahora la zona ha llegado a la boca del Papa Francisco. No es por la belleza nórdica de las cumbres y barrancos curativos, es por la muerte irracional, monstruosa, de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrida justamente hace una semana. De los mismos hechos siguen desaparecidas todavía otras dos personas.

“¡Cuántos asesinatos en México!”, se dolió el máximo jerarca de la Iglesia Católica en la tierra al ser enterado del hecho.

Montones de militares tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional y de la policía estatal fueron concentrados en el lugar específico del asesinato, Cerocahui, en búsqueda del asesino, identificado como Noriel Portillo, alias “El Chueco”; aunque apenas de 30 años de edad, temible jefe de una facción de un cártel delictivo.

Paradójicamente, en los narcocorridos que hacen alusión a su nombre mencionan el nombre de Dios, pero no lo tomó en cuenta al momento de privar de la vida a dos de sus representantes en la tierra. Es un caso inédito en la historia reciente de la violencia que sigue desangrando al país.

“Es un proceso, se va avanzando mucho pero falta...”, ha dicho al hablar sobre la inseguridad y responder sobre este tema el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En 1987 no había el descaro actual desplegado por el crimen organizado en todos los rincones del país, de las 32 entidades de la República, de los 67 municipios del estado, pero ocurrió otro hecho sangriento, igual de enfermizo, que debió generar medidas institucionales extraordinarias de protección en Creel.

Varios jóvenes estudiantes universitarios de la ciudad de Chihuahua que acampaban al estilo estadunidense en las márgenes del Lago de Arareco, otro superatractivo turístico ubicado a solo cinco minutos de Creel, fueron también asesinados de forma maniática por cuatro hombres que solo buscaban despojarlos de sus pertenencias. Usaron machetes para matarlos.

Era gobernador en aquel tiempo el priista Fernando Baeza Meléndez, y presidente de la República, Miguel de la Madrid. Hubo retórica grandilocuente y promesas inacabables de seguridad para la zona.

Ni una sola medida de protección arrojó toda la palabrería ni para los habitantes de Creel ni para los miles, y miles, y miles de turistas que siguieron visitando el lago, los valles, el Divisadero... Ni siquiera una piedra en memoria de los inocentes estudiantes violentamente asesinados. Fueron olvidados apenas quedaron disipados los gritos mediáticos entre fuerzas políticas opositoras.

Dos décadas después, el crimen organizado arrebató de plano la autoridad institucional en la región, la “democráticamente electa”, y se hizo del control de gran parte de los gobiernos locales.

Así llegó, en agosto del 2008, otra estremecedora masacre que acabó con la vida de una docena de jóvenes y de un bebé en pleno centro del poblado de Creel. La fama del célebre sitio turístico pasó nuevamente del encanto a las notas rojas nacionales e internaciones y el llamado de varios países, en primer orden Estados Unidos, a no visitar la región.

Una vez pasado el duelo, transcurrido el luto; pasado el impacto “emocional” en Chihuahua y la República, las cosas volvieron a la “normalidad” en todo Creel y sus alrededores, solo que con menos gobierno y control más férreo de la delincuencia.

Los paisajes tentadores mantienen embelesado al turismo. Su lealtad a la región es tanta que no han importado los llamados hechos delictivos de alto impacto para pasar allá un fin de semana o semanas completas.

La temporada de Semana Santa y en diciembre es prácticamente imposible conseguir una habitación de hotel si no hubo reservación con suficiente anticipación. El par de angostas calles quedan literalmente intransitables por los tumultos de paseantes.

Cada quien se rasca con sus propias uñas. No hay un solo policía preventivo en ninguna de todas esas localidades.

El control de la “seguridad” lo mantiene la delincuencia organizada, que extorsiona, trafica drogas, se posiciona de cargos públicos en las alcaldías con manejos de recursos públicos, talan ilegalmente los bosques y no hay un bote de cerveza que sea vendido en cualquier centro comercial sin su visto bueno. Frecuentemente, escalan esa violencia hacia los asesinatos... y hasta las masacres. No hay ningún freno.

Hoy por hoy, al frente de toda esa actividad criminal en aquella área sigue estando “El Chueco”.

Otro hecho que, para muy mal, alcanzó los grandes titulares noticiosos en el país y Estados Unidos ocurrió en octubre del 2018.

“El Chueco” secuestró, mató y enterró con la frialdad de siempre al turista norteamericano, Patrick Braxton allá por las barrancas cerca de Cerocahui. Presumiblemente, creyó el delincuente que el profesor universitario trabajaba para la DEA.

Era gobernador del estado Javier Corral Jurado. “Pagará caro lo que ha hecho El Chueco”, amenazó el pésimo, pero obstinado aprendiz de golf.

No pasó de las palabras como en todo, no se volvió acordar de su dicho ni siquiera para repetirlo entre el 2018 que ocurrió el crimen y el 2021, cuando concluyó su administración. Portillo continuó como amo y señor de Creel, del Divisadero, de Cerocahui, de Urique, de toda la región, sin un solo policía o soldado que se lo impidiera.

Corral anduvo luego en las Barrancas solo para pasear en el famoso helicóptero rojo, el Bell 429 y tomarse selfies al filo de los majestuosos acantilados (algunas de las imágenes en versión digital).

En las mismas condiciones de 1987 transcurrieron los siguientes años y hemos llegado al 2022. Irónicamente días antes de la muerte de los jesuitas, llamados valientes por una autoridad eclesiástica de El Paso, el Gobierno federal preparaba una visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al municipio de Urique y otras localidades de la zona. Ufano subió a redes fotos al respecto el representante del presidente en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

Más allá que la gira sea concretada, la retrospectiva hacia 30 años, hacia 15 años y la realidad presente, dejan meridianamente claro que no puede haber más aplazamiento para la protección integral de aquella zona.

Es inaceptable que la autoridad institucional siga siendo cedida al autogobierno criminal y al “háganle como puedan” de la población civil, regularmente maltratada, terriblemente denigrada, expulsada de sus comunidades, por los gavilleros.

El extremo de privar de la vida a sacerdotes entregados sin condición por centurias al servicio de los más pobres, de los más vulnerables, no solamente significa una tontería suicida de “El Chueco” y su pandilla, significa también que entre la delincuencia acabaron los códigos de respeto hacia quienes no compiten en ese inframundo y que no habrá límite para seguir manteniendo bajo su puño vidas y haciendas.

Esperemos que, como honra a la memoria de los religiosos, de su vida, de su sangre derramada, el gobierno civil adquiera la templanza indispensable y cumpla con su responsabilidad básica de regresar la tranquilidad a las comunidades en general, en particular a los atribulados pobladores serranos.

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