La salida de Medina Mora

A todos tomó por sorpresa la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; habían pasado cerca de 70 años desde la última vez que algún ministro de la Suprema Corte había renunciado. De manera particular, los ministros de ese asiento en la Corte no habían terminado su mandato de 15 años, como lo establece la propia Constitución; Medina Mora llegó a dicha posición a raíz de la muerte del ministro Sergio Valls, quien a su vez había llegado a esa posición por la muerte del ministro Humberto Román Palacios. Esperemos que no resulte electo algún jurista supersticioso, pues esa tendencia en esa ponencia no auguraría nada bueno para su desempeño.

En el caso concreto de Medina Mora, su trayectoria dentro de la Corte siempre fue muy cuestionada. Fue cuestionado desde el momento de ser nombrado, por su cercanía con el expresidente Peña Nieto. Había sido igualmente cuestionado por su paso por el Cisen, por Seguridad Pública, y por la Procuraduría. De manera más reciente, el senador Ricardo Monreal había solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera indagar en las cuentas bancarias del ministro, por existir presuntamente depósitos cuyo origen se desconocía. Sin tratar de justificar a Medina Mora –quien deberá responder ante la justicia que él mismo encabezaba hasta hoy–, estimo que esa jugada de Monreal pudiera estimarse una injerencia del Senado en la Corte, misma que atenta contra la independencia judicial.

Quien diga que la presión ejercida por parte del senador Monreal, y de la Unidad de Inteligencia Financiera obedece a un genuino interés en combatir la corrupción, es muy ingenuo o perverso; de ser así, hubieran indagado con la misma minuciosidad las cuentas de Manuel Bartlett, los contratos de Armando Guadiana, los departamentos de Jiménez Espriú, entre otros. Sin embargo, dirigieron las baterías hacia Medina Mora, quien no soportó la presión y dimitió. Desafortunadamente, ejemplos como Medina, Bartlett, y Guadiana, nos demuestran que la corrupción no es privativa de ningún partido. Como dijo el propio Enrique Peña, quizá sí sea inherente a nuestra cultura.

Medina Mora me parece que actuó de una manera profundamente irresponsable por dos razones: por corromperse, si resultan ciertas las acusaciones, y por dejar el puesto, en una coyuntura en la cual se acusa fundadamente al presidente de querer acumular más y más poder, en este caso, nombrando al tercer ministro de su mandato que todavía no cumple un año. Los ministros, al igual que los legisladores y gobernadores, tienen fuero constitucional precisamente para enfrentar esta clase de situaciones, y acusaciones. Si las pruebas son tan contundentes en su contra, entonces quizá hubiera sido desaforado, y por eso prefirió negociar su salida.

Hay quienes han comparado esta situación con lo que sucede en las judicaturas estatales. Me parece que no hay punto de comparación. Javier Corral, César Duarte, Reyes Baeza y Patricio Martínez fueron todos acusados de haber intervenido en la conformación del Poder Judicial de Chihuahua. Quizá la intervención más grotesca ha sido la de Corral, pues ha conformado una pandilla de algunos magistrados y unos cuantos jueces, que siguiendo sus órdenes, violan los derechos humanos de las personas acusadas de delitos cometidos en la administración anterior. Esa conspiración, y esa nefasta complicidad ha sido muchas veces derrumbada en sede judicial federal, por vía de amparos, e incluso a través de más de tres controversias constitucionales.

Querer equiparar la intervención del Ejecutivo en la Suprema Corte, con la intervención de Corral en el Poder Judicial de Chihuahua, no tiene mérito, pues la Corte es un Tribunal de Control Constitucional.

El viernes pasado, a pregunta expresa del periodista Pascal Beltrán del Río, el gobernador Corral refirió que con la salida de Medina Mora de la Corte, se allanaba el camino para Chihuahua en la persecución de los delitos y de los acusados que habían sido “blindados” de toda investigación por parte de Medina Mora a su paso por la Corte. Esto es solamente una muestra más que la concepción de justicia de Corral es selectiva: hay justicia cuando se sale con la suya; hay injusticia cuando le dan un revés judicial. Aunado a ello, Corral habla de injerencia del Ejecutivo federal en la Corte como si él no tuviera injerencia en la judicatura local: ya la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se expresó en el sentido de que en Chihuahua se había violado la división de poderes (Controversia Constitucional 179/2017).