La regularización de los autos ‘chuecos’

El 13 de junio de 2017 en este mismo espacio se publicó mi artículo 'Contrabando y traición'...

Sixto Duarte
Analista
martes, 05 noviembre 2019 | 06:00

El 13 de junio de 2017 en este mismo espacio se publicó mi artículo “Contrabando y traición”, donde analizamos un poco el fenómeno de los autos ‘chuecos’. Es obvio que a la fecha nada ha cambiado desde entonces. ¿En qué consiste este problema? Tiene causas muy diversas y complejas, sin embargo, creo que se puede resumir así: 1. El ciudadano trae a México un vehículo usado, procedente de Estados Unidos. 2. Por la regulación aplicable en ese momento, le es imposible importarlo legalmente (sea porque no hay cupo, sea porque los impuestos de importación son muy elevados, o ambas). 3. En ocasiones, tiene que corromper al agente de la autoridad aduanal para poder pasarlo a México. 4. Posteriormente, el vehículo permanece en México, no es regresado al extranjero, y no puede regularizarse. 5. El Gobierno no tiene un control de estos vehículos, y amenaza con decomisarlos. 6. Llega la época electoral, y deja de amenazar con decomisarlos, promoviendo incluso padrones de “seguridad de los mismos”. 7. Se anuncia el decreto de regularización por parte del Gobierno federal, y le pide a los ciudadanos que sean buenos y ya no traigan vehículos de contrabando. 8. La historia se repite.

Si cualquiera de mis estimados lectores consulta las hemerotecas, buscando artículos de hace cinco, 10, 15, y 20 años, se dará cuenta que esta historia se repite, en promedio, cada lustro.

El origen de este problema tiene muy diversas causas: los precios de los autos nuevos son elevados; los costos de importación (cuando la ley lo permite) son igualmente elevados comparados con el valor del vehículo; el transporte público, al menos en nuestro estado, es deficiente, quizá de los peores que hay en el país. De igual manera, el profundo desprecio por el imperio de la ley, y la impunidad rampante que padecemos (y al parecer, gozamos) en México, traen como consecuencia que este problema sea un problema cíclico, aparentemente sin solución.

La culpa de este fenómeno es compartida entre el Gobierno y el ciudadano. El Gobierno no establece mejores controles aduaneros en la entrada al país; tampoco propone tarifas de importación accesibles, para congraciarse con la industria automotriz; tampoco decide aplicar la ley y decomisar dichos vehículos; tampoco presta un servicio de transporte público eficiente, y de calidad. Por su parte, el ciudadano no tiene interés en traer un vehículo en regla (pues la autoridad no le hará nada); tampoco quiere pagar sus impuestos adecuadamente; no exige un transporte público digno, y aunado a ello, no tiene interés en hacer uso de la infraestructura de transporte que actualmente tenemos. Evidentemente, al ciudadano tampoco le interesa cumplir con la ley, pues su incumplimiento, tarde que temprano, traerá como consecuencia una recompensa: la regularización de su vehículo.

Por disposición constitucional, es en esta época del año que el Congreso discute la aprobación del paquete económico, mismo que incluye la Ley de Ingresos, y el Presupuesto de Egresos (en este caso, como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados); es también en esta época, aunque cada cuatro o cinco años, que distintas voces empiezan a manifestarse en el sentido de regularizar los vehículos “chuecos”. Recientemente, el diputado por Cuauhtémoc, Eraclio Rodríguez “El Yako”, presentó una iniciativa para incluir una disposición que permitiera regularizar todos los vehículos chuecos del país. Dicha propuesta fue rechazada en el Senado, por lo que no habrá regularización de los mismos. “El Yako” llamó serviles a los colegisladores que rechazaron su propuesta.

El proceder del Senado, en el rechazo de esta iniciativa, puede catalogarse de dos formas distintas: como un Senado que, ante todo, promueve el imperio de la ley y no tolerará premiar la ilegalidad, o como un Senado que no es empático con las causas ciudadanas.

Sin ser un experto en el tema, estimo que el problema puede resolverse de forma más sencilla: crear un régimen que permita al ciudadano importar legalmente su vehículo (sin atender el ‘lobbying’ de las empresas armadoras), mientras decomisa los vehículos que no se ciñen a lo anterior. Para no desproteger tampoco a la industria automotriz, quizá dar más incentivos para la adquisición de vehículos (permitir mayores montos de deducción, por ejemplo). Facilitar transporte público eficiente. Esto evitaría el circo al que nos enfrentamos cada cinco años donde se simula legalidad.