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Opinión

La reforma político-electoral

Por décadas la izquierda cardenista en México (que con el tiempo se convirtió en la derecha obradorista, pues aunque lo nieguen son de derecha) reclamó haber ganado las elecciones de 1988

Sixto Duarte
Analista

domingo, 13 noviembre 2022 | 06:00

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Por décadas la izquierda cardenista en México (que con el tiempo se convirtió en la derecha obradorista, pues aunque lo nieguen son de derecha) reclamó haber ganado las elecciones de 1988. La famosa “caída del sistema” fue siempre señalada como obra del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Bartlett fue el enemigo público de ese sector radical del espectro político mexicano hasta que un día López Obrador decidió canonizarlo, por lo que ahora es un respetable miembro del politburó obradorista. Es decir, aquella persona a quien la entonces izquierda opositora (hoy derecha oficial) odiaba por haberles robado la elección, es hoy un distinguido miembro del gobierno. 

La forma como ese honorable prócer de la patria (según los ojos del chairo promedio) logró en su momento robarles la elección era a través de la entonces Comisión Federal Electoral, encabezada entonces “ex officio” por el secretario de Gobernación. En ese momento, al ser Bartlett el secretario de Gobernación, era entonces la máxima autoridad en materia electoral.

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A partir del resultado electoral de 1988, la quema de boletas electorales, y varios escándalos de época, se decidió crear el Instituto Federal Electoral. El espíritu de esa reforma constitucional era dotar de autonomía precisamente a una instancia que se encargara de organizar elecciones, contar los votos, administrar un registro de electores, y regular la instrumentación de procesos electorales federales en el país. Con el tiempo, por su carácter eminentemente ciudadano, el IFE fue ganando prestigio y buena fama, no únicamente en México, sino en el mundo. 

Esta ciudadanización (en contraposición a partidización) del IFE le permitió a la oposición de entonces, acceder a posiciones de poder, siempre con la certeza de la organización de elecciones imparciales. En pocas palabras, el IFE venía a abonar al proceso democrático de México.

Posteriormente, vino la reforma electoral de 2014 que concentró más poder en el IFE (ahora denominado, Instituto Nacional Electoral), dotándolos incluso de la facultad de nombrar a los organismos electorales locales. Esta reforma en lo personal, me pareció regresiva, pues parte desde un principio centralista que considera que las entidades federativas no son capaces de nombrar órganos electorales imparciales. 

Ya enfilados tomando más poder, el INE se fue convirtiendo en una especie de Supremo Poder Conservador, pues es un órgano que legisla y en los hechos, imparte justicia electoral. Tampoco es bueno darles tantas facultades, porque el INE, al igual que los partidos o los gobiernos, son organismos con muchos intereses políticos.

Permitirle al INE producir lineamientos electorales (que muchas veces van más allá de lo que la Ley o la misma Constitución establece) es también un retroceso. Determinar obligaciones para que los partidos postulen candidatos de determinado género en determinados Estados, sancionar y regular la libertad de expresión (bajo el pretexto de que todo es considerado actos anticipados de campaña o violencia política de género) vienen a reflejar que el INE se asume como un suprapoder que puede hacer lo que quiere, aunque la ley no lo establezca así.

Estos son parte de los excesos en que incurre la autoridad electoral, y que deben desarraigarse para recordarle al INE que no son un poder constitucional, sino un órgano con funciones delimitadas.

En este contexto, el oficialismo presentó una propuesta de reforma constitucional para desaparecer al INE tal como lo conocemos, junto con el Tribunal Electoral. Resulta que ahora los Consejeros Electorales y los Magistrados Electorales serían elegidos mediante el voto popular. Esto es un populismo de lo más vil. Quien aplica la ley y dirime controversias, debe hacerlo en función de su alta especialidad atendiendo precisamente la ley, no a un mandato popular que es eminentemente político. Las resoluciones de las autoridades electorales deben encontrar sustento en la ley, no en lo que las mayorías decidan. Por eso es que, prácticamente en todo el mundo, los jueces no son elegidos por el voto popular. 

Morena impulsa esta reforma apelando a un populismo barato, diciéndole a la gente que ellos deben elegir a estas autoridades. Desde una perspectiva académica, esto es un sinsentido que terminaría por entregar al órgano electoral al poder en turno, yendo así en detrimento del edificio democrático que ha costado décadas construir.

Estoy de acuerdo que al INE hay que acotarlo en su función. En la medida que se le deje suelto, podrá ir acaparando más funciones que el Constituyente Permanente nunca le dio, y que por prudencia política o por temor a incurrir en un costo electoral, los partidos han dejado pasar.

Sin embargo, desaparecer al INE como lo conocemos, sería un retroceso democrático grave. Es evidente que Morena y sus secuaces, después de 18 años de aspirar a llegar al poder, no se quieren ir en mucho tiempo.

Por otro lado, la reforma propone la eliminación de los órganos electorales locales, junto con sus respectivos tribunales electorales. De entrada, con la visión federalista que siempre he mostrado, pudiera considerarse contradictorio apelar a eliminar esos órganos. En nuestro ejemplo local en Chihuahua, vemos que el órgano y tribunal electoral son únicamente una instancia intermedia, pues todos los conflictos terminan resolviéndose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ver a funcionarios electorales que trabajan seis meses cada tres años (y que cobran los tres años) es absurdo. Aunado a ello, no garantizan imparcialidad electoral alguna, pues los magistrados actuales (con la honrosa excepción de la presidenta del Tribunal Electoral de Chihuahua) fueron siempre funcionarios del órgano electoral que se distinguieron por estar a las órdenes del gobernador en turno. ¿Qué grado de imparcialidad pueden garantizar estos personajes? Por ello, a riesgo de ser catalogado como centralista, no veo mal esta eliminación.

Ahora bien, la reforma también propone la reducción de diputados y senadores bajo la mañosa premisa de que se eliminarían los plurinominales. No hay nada más alejado de la realidad, pues la propuesta, si bien incluye la reducción de legisladores, lo cierto es que sería hacerlos a todos plurinominales. Una triquiñuela barata más del oficialismo.

En lo personal, estoy a favor de que todos los diputados y senadores sean plurinominales, mas no debe venderse la reforma con el argumento contrario. Al eliminar los distritos electorales, se estarían asignando curules y escaños a los partidos políticos directamente en relación con los porcentajes de votación obtenidos. Justamente así funciona en países como España.

De esa forma, se eliminaría la sobre y subrepresentación que trae consigo un sistema mixto como el que actualmente tenemos (uninominales y plurinominales). Al asignarse un número de legisladores a cada entidad federativa, y pedir a los partidos políticos que registren listas, el porcentaje de votación reflejado en las urnas se verá igualmente reflejado en la composición del Congreso. 

Esta propuesta me parece buena, pero yo iría más allá; sugeriría que no solo no se redujera el número de legisladores, sino que se aumentara. Países con una democracia más consolidada que la nuestra como lo son Francia, Reino Unido, España y Suiza tienen más diputados en comparación con sus poblaciones. Lo decía bien Alexander Hamilton en El Federalista al exponer que se requería tener un Ejecutivo unipersonal, fuerte y robusto con un Congreso numeroso que le hiciera contrapeso y que fuera una efectiva representación del mosaico poblacional que era Estados Unidos en ese momento.

Por otro lado, la reducción de tiempos oficiales electorales para los partidos políticos no más beneficia al gobierno, pues todas las mañanas tiene un spot de una hora y media que se utiliza para golpear adversarios políticos.

Creo que es momento de desarraigar esa idea mercantilista de que el INE y el Congreso cuestan mucho. Sí cuestan, pero para eso son los impuestos: para garantizar libertades democráticas en un régimen que siempre tiene la peligrosa tentación de volver al autoritarismo que poco a poco se va desarraigando.

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